Hungría - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Hungría

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Hungría is now live »

Jefe del Estado: László Sólyom
Jefe del gobierno: Ferenc Gyurcsány
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Los informes recibidos indicaban que la policía había utilizado fuerza excesiva contra manifestantes y había sometido a malos tratos a personas detenidas. La discriminación continuaba privando a las personas pertenecientes a la comunidad romaní de una serie de derechos, entre ellos el pleno acceso a la educación. Las medidas legales adoptadas para combatir la violencia contra las mujeres permitían dictar órdenes de alejamiento contra los maltratadores sólo cuando se hubieran iniciado actuaciones penales.

Información general

Las elecciones parlamentarias celebradas en abril mantuvieron en el poder al Partido Socialista de Hungría, en coalición con la Alianza de los Demócratas Libres. Entre el 17 y el 20 de septiembre se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes, cuando se supo que el primer ministro había reconocido en mayo que había mentido durante la campaña electoral. El 23 de octubre volvieron a producirse disturbios violentos durante la conmemoración del inicio del levantamiento de 1956.

Uso excesivo de la fuerza y malos tratos

Según los informes, la policía utilizó fuerza excesiva en manifestaciones inicialmente pacíficas que degeneraron en violencia en la capital, Budapest, durante la noche del 20 al 21 de septiembre y de nuevo el 23 de octubre. Al parecer se utilizaron balas de goma, cañones de agua a presión y gas lacrimógeno indiscriminadamente y sin previo aviso contra manifestantes pacíficos y violentos sin distinción. De acuerdo con los informes, los agentes de policía ocultaban sus rostros con máscaras y no portaban insignias de identificación personal, como números de identidad. También se afirmó que la policía había golpeado a manifestantes detenidos, recluido a personas menores de 18 años junto con adultos e inventado algunos de los cargos. A algunos detenidos se les negó el acceso inmediato a representación letrada, incluso durante el interrogatorio.

El 24 de octubre, según informes, el jefe de policía de Budapest, Péter Gergényi, declaró que la actuación de la policía había sido «legítima, profesional y proporcionada». El 27 de octubre, la Comisión Europea solicitó una explicación a las autoridades húngaras sobre el presunto uso de fuerza excesiva. En noviembre, el primer ministro creó un comité «para analizar las causas sociales, económicas y políticas de los disturbios y la respuesta dada a ellos». El comité no investigaría denuncias individuales.

En junio, en un informe sobre la visita que había realizado en 2004, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura expresó preocupación en relación con el derecho de los detenidos a acceder a representación letrada desde el primer momento de la detención. El Comité pidió que se estableciera un sistema de asistencia letrada gratuita completo y dotado de fondos adecuados para las personas que se hallaban bajo custodia policial sin recursos económicos suficientes para costear los servicios de un abogado, y que se garantizara que todas las personas detenidas pudiesen ser examinadas, si así lo deseaban, por un médico ajeno al servicio de policía.

Discriminación contra la comunidad romaní

La comunidad romaní seguía sufriendo discriminación en las esferas de la educación, la vivienda y el empleo.

En marzo, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió que se adoptasen medidas destinadas a ayudar a las personas pertenecientes a la comunidad romaní a obtener una vivienda digna, así como medidas para castigar con firmeza el comportamiento discriminatorio o antirromaní y evitar que el número de menores que eran escolarizados en clases especiales o que estudiaban en sus propios domicilios siguiera siendo desproporcionadamente elevado.

En marzo, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, publicó su observación final tras someter a examen el segundo informe periódico de Hungría en virtud de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. El Comité expresó su preocupación por el predominio de las actitudes discriminatorias y xenófobas, en especial hacia la comunidad romaní. El Comité señaló que, debido a su origen étnico, los niños y niñas de etnia romaní sufrían especial estigmatización, exclusión y pobreza en comparación con el resto de la población. Las esferas en las que esa discriminación era más evidente eran las de la vivienda, el trabajo y el acceso a los servicios de salud, educativos y de adopción. El Comité manifestó preocupación ante la segregación arbitraria de los menores de etnia romaní en instituciones o clases especiales. Según los informes, en las regiones con un elevado índice de pobreza y donde la población de etnia romaní era mayoritaria, la participación de niños y niñas romaníes en la enseñanza preescolar era muy reducida.

En junio, el Tribunal de Apelación de Debrecen resolvió que el municipio de Miskolc, al unir administrativamente siete escuelas sin integrar al mismo tiempo sus zonas de captación, había perpetuado la segregación de niños y niñas de etnia romaní, violando su derecho a la igualdad de trato. El tribunal resolvía así un recurso presentado por la ONG húngara Fundación Oportunidad para la Infancia contra la decisión, tomada por un tribunal local en noviembre de 2005, de desestimar una demanda en la que se alegaba que el municipio de Miskolc segregaba a todos los escolares de etnia romaní de la ciudad.

Violencia contra las mujeres

En junio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo público el sexto informe periódico de Hungría sobre las medidas adoptadas para poner en práctica la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Entre ellas se encontraban la Ley sobre Igualdad de Trato y Fomento de la Igualdad de Oportunidades, en vigor desde 2003, y los nuevos poderes otorgados a partir de julio en virtud del Código de Procedimiento Penal para emitir órdenes de alejamiento contra los responsables de actos de violencia doméstica. Sin embargo, organizaciones de mujeres y de derechos humanos continuaron criticando las disposiciones restrictivas que sólo permitían dictar órdenes de alejamiento una vez iniciado el proceso judicial.

Esterilización forzada

En agosto, el Comité resolvió que Hungría había violado la Convención al no proteger los derechos reproductivos de una mujer romaní esterilizada sin su consentimiento en 2001. El Comité recomendó que se revisara la legislación nacional de modo que respetase el principio del consentimiento con conocimiento de causa en los casos de esterilización y las normas internacionales médicas y de derechos humanos. Asimismo, debían eliminarse las disposiciones que permitían a los médicos practicar esterilizaciones sin el procedimiento informativo generalmente establecido «cuando se [considerase] oportuno dadas las circunstancias».

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

  Hungría: Informes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía (Índice AI: EUR 27/001/2006)

  Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)

Visitas

  Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Hungría en abril y septiembre.

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