Honduras - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Honduras

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Honduras is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
José Manuel Zelaya Rosales, depuesto en junio por Roberto Micheletti
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
7,5 millones
Esperanza de vida
72 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
44/35 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
83,6 por ciento

El golpe de Estado dado en junio con el respaldo del ejército socavó la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho. En la crisis política subsiguiente, las fuerzas de seguridad hicieron con frecuencia uso excesivo de la fuerza contra personas que habían salido a la calle a manifestarse. Los ataques y los actos de intimidación contra miembros del movimiento opositor fueron un fenómeno generalizado. Las investigaciones de las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas durante los disturbios fueron escasas o nulas.

Información general

El 28 de junio, un grupo de políticos de la oposición respaldado por el ejército y encabezado por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional y miembro del Partido Liberal, derrocó al presidente José Manuel Zelaya Rosales y lo expulsó del país. Al finalizar el año seguía ejerciendo el poder un gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti. En septiembre, el presidente Zelaya volvió al país y se alojó en la embajada brasileña.

El golpe fue condenado por una buena parte de la comunidad internacional. Con el fin de restaurar en el poder al gobierno anterior democráticamente elegido, se entablaron negociaciones políticas con la mediación de la Organización de los Estados Americanos, pero sin ningún resultado. En noviembre, el gobierno de facto organizó unas elecciones en las que Porfirio (“Pepe”) Lobo, del Partido Nacional, obtuvo la mayoría de los votos, aunque con un alto nivel de abstención. Estaba previsto que asumiera el cargo de presidente en enero de 2010.

Detenciones arbitrarias y malos tratos

Centenares de manifestantes, en su mayoría simpatizantes de Zelaya, y personas que no participaban en las protestas fueron víctimas de palizas, malos tratos y detenciones arbitrarias a manos de miembros de la policía y el ejército. Muchas de las personas detenidas denunciaron que habían estado recluidas en centros de detención no autorizados, como estadios y cuarteles.

  • Unos agentes de policía detuvieron de manera arbitraria en Tegucigalpa a una chica de 16 años que les había preguntado adónde llevaban a su padre. La joven permaneció detenida durante varias horas en una celda junto con nueve mujeres más. En un momento dado, un agente de policía tomó un trozo de papel higiénico, lo empapó en un producto químico, le prendió fuego y dejó que el humo tóxico se propagara por la celda. La chica y las otras mujeres dijeron que habían sufrido –en algunos casos durante varios días– dificultades respiratorias e irritación de garganta y ojos.
  • En agosto, Alex Matamoros, defensor de los derechos humanos que trabajaba para el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, fue detenido de manera arbitraria en Tegucigalpa al tratar de evitar que la policía golpeara a tres chicos tras una manifestación. Permaneció detenido en la jefatura de policía de Manchén durante casi 12 horas antes de quedar en libertad sin cargos.

Homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza

Al menos 10 personas murieron como consecuencia de la utilización de munición real, balas de goma y botes de gas lacrimógeno por parte de la policía y el ejército. El uso arbitrario e indiscriminado de gas lacrimógeno, sin las debidas advertencias y precauciones, ocasionó daños físicos a decenas de manifestantes, incluidos menores de edad. Al no proporcionárseles información sobre las sustancias químicas utilizadas, los hospitales no pudieron administrar a los afectados el tratamiento óptimo.

  • El 5 de julio, en Tegucigalpa, un chico de 19 años, Isis Obed Murillo, murió de un disparo en la cabeza al utilizar miembros del ejército munición real en una manifestación celebrada en el aeropuerto de Toncontín. Según los informes, el ejército se negó a colaborar en la investigación de la muerte.
  • En agosto, un profesor de 38 años, Roger Abraham Vallejo, murió en un hospital como consecuencia de las lesiones que le produjo en la cabeza una bala disparada al parecer por la policía al tratar de disolver una manifestación celebrada en julio en Tegucigalpa.
  • En septiembre, la policía hirió de gravedad a Gerson Ariel Cruz, de 16 años, al disolver una manifestación en Tegucigalpa. Según un testigo, la policía persiguió a los manifestantes hasta un barrio residencial y una vez allí abrió fuego e hirió a Gerson Ariel Cruz, que no había participado en la protesta. Al finalizar el año seguía en marcha una investigación abierta por el fiscal especial de Derechos Humanos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se amenazó y hostigó a representantes de organizaciones de derechos humanos.

  • En septiembre, unos 15 agentes de policía lanzaron botes de gas lacrimógeno dentro de las oficinas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), donde se habían refugiado decenas de manifestantes partidarios de Zelaya. En ese momento se encontraban en las oficinas un centenar de personas, entre ellas menores de edad.
  • En diciembre asesinaron en Tegucigalpa a Walter Tróchez, activista de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero. Nueve días antes, Walter Tróchez había conseguido escapar después de ser secuestrado por unos hombres enmascarados que le habían pedido los nombres y las direcciones de miembros del movimiento opositor. Según los informes, los secuestradores le dijeron que tenían orden de matarlo.

Libertad de expresión y asociación

Varios periodistas fueron agredidos. A partir del 28 de junio, las autoridades de facto cerraron de manera intermitente Radio Globo y la cadena de televisión Canal 36, pero ambas emisoras funcionaban de nuevo al finalizar 2009. Sus oficinas fueron ocupadas en varias ocasiones por personal militar.

El 26 de septiembre, el presidente de facto promulgó un decreto que autorizaba entre otras cosas el cierre de periódicos y emisoras que “ofendan [...] a los funcionarios públicos”. A pesar de que el Congreso no sancionó el decreto, la policía y el ejército lo emplearon para autorizar el registro y cierre de medios de comunicación. El decreto estipulaba también que todas las reuniones o concentraciones públicas, de cualquier tipo, tenían que ser autorizadas previamente por el ejército o la policía. El decreto se revocó el 19 de octubre.

  • En septiembre, cuatro hombres con pasamontañas obligaron a subir a un camión a Delmer Membreño, fotógrafo del periódico El Libertador, cuando se dirigía a cubrir los sucesos ocurridos en Radio Globo y Canal 36. Tras ponerle una capucha, se lo llevaron en el vehículo. Una hora y media después, tras detener el camión, lo sacaron a rastras y le pusieron una pistola en la cabeza. A continuación, uno de los hombres le dijo que si lo dejaban con vida era sólo porque querían que comunicara al director de El Libertador que estaba amenazado de muerte. Luego lo golpearon y le quemaron la cara y el torso con unos cigarrillos antes de dejarlo en libertad. Al finalizar el año no había concluido todavía la investigación del incidente.

Violencia contra las mujeres

Mujeres manifestantes y mujeres bajo custodia denunciaron actos de hostigamiento y abusos sexuales por parte de agentes de policía. Numerosas mujeres denunciaron que la policía las había golpeado en las nalgas y la parte posterior de las piernas durante las manifestaciones. No se llevó a cabo ninguna investigación sobre los actos de violencia de género perpetrados durante los disturbios.

  • N. fue separada de su familia durante una manifestación celebrada en Choloma el 14 de agosto. Unos agentes de policía la detuvieron de manera arbitraria y, después de dejar en una comisaría a otras personas detenidas, la llevaron a un lugar apartado y la violaron de manera sucesiva.
  • Una mujer de 34 años contó a Amnistía Internacional que, durante una manifestación, la policía las había golpeado a ella y a su madre, de 59 años, en las nalgas y en la parte posterior de los muslos con unas porras.
  • ”Eva”, una mujer de 26 años, declaró que un militar había intentado detenerla y, blandiendo la porra con un gesto lascivo, la había amenazado diciéndole: “Perra, hija de puta, párate, te voy a enseñar a ser mujer”.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Aparecieron indicios de que tras el golpe de junio había aumentado de manera vertiginosa el número de homicidios de mujeres transgénero. Las organizaciones de derechos humanos tenían constancia de que, entre 2004 y marzo de 2009, se habían producido 17 casos. Sin embargo, según organizaciones locales de derechos humanos, sólo entre finales de junio y diciembre de 2009 se registraron nada menos que 12. No existía información sobre la investigación de estos homicidios.

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