Honduras

Human Rights in República de Honduras

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Honduras is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Manuel Zelaya Rosales
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 7,2 millones
Esperanza de vida 69,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 46/36 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 80 por ciento

Durante todo el año se registraron amenazas y agresiones contra sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. En la mayoría de los casos, los responsables no rindieron cuenta de sus actos. Al menos 27 reclusos murieron en distintos episodios de violencia ocurridos en las cárceles.

Información general

En abril y mayo, varios fiscales, entre otras personas, realizaron una huelga de hambre para pedir la dimisión del fiscal general, a quien acusaban de corrupción y de obstaculizar varias causas importantes relacionadas con ella. En septiembre, Luis Santos –uno de los fiscales que había participado en la huelga y a quien el Estado facilitaba protección– resultó gravemente herido como consecuencia de los disparos efectuados por un hombre sin identificar. Se reforzaron las medidas de protección a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El fiscal general continuaba desempeñando sus funciones al finalizar el año.

"Se amenazó y agredió a sindicalistas, y al menos tres fueron víctima de homicidio."

Según el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el VIH afectaba a un 0,7 por ciento de la población. En un informe presentado en febrero ante la Asamblea General de la ONU, el gobierno dio a conocer una reducción de la incidencia del VIH entre las comunidades garífunas. A pesar de algunos indicios recientes según los cuales había disminuido la incidencia del VIH entre las trabajadoras sexuales, el ONUSIDA indicó que se mantenía en el 10 por ciento.

En diciembre, el presidente dictó un decreto por el que se ponía en marcha un programa de indemnizaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1980 y 1993.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Al menos tres personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos murieron de forma violenta, y muchas otras fueron víctima de agresiones y amenazas.

En septiembre, empleados de una universidad retuvieron a dos agentes de policía vestidos de civil al apercibirse de que estaban tomando fotografías. Los agentes llevaban encima una lista en la que, bajo el epígrafe «grupos de presión», figuraban los datos de unas 135 personas, entre ellas defensores de los derechos humanos, sindicalistas, dirigentes religiosos y algunos funcionarios públicos. Se detuvo a los dos agentes y se suspendió de sus funciones al subdirector de la Unidad de Información y Análisis de la policía. En octubre, los agentes quedaron en libertad y se retiraron los cargos presentados contra ellos, y al finalizar el año el subdirector seguía suspendido de sus funciones.

  • En junio mataron a tiros a Irene Ramírez, dirigente de una organización de trabajadores rurales, en Trujillo, ciudad del departamento de Colón. El señor Ramírez encabezaba las protestas en un conflicto sobre tierras. El día antes de su muerte había pedido en una entrevista radiofónica que las autoridades aplicaran la reforma agraria recientemente aprobada. Al finalizar el año se estaba juzgando a dos hombres por el homicidio.

Derechos de los trabajadores: sindicalistas

Se amenazó y agredió a sindicalistas, y al menos tres fueron víctima de homicidio.

  • En abril mataron a tiros a Altagracia Fuentes, Virginia García de Sánchez y Juan Bautista –secretaria general, dirigente sindical y chófer, respectivamente, de la Confederación de Trabajadores de Honduras– cuando se dirigían en automóvil a El Progreso, localidad del departamento de Yoro. Según algunos testigos, los autores del homicidio, con la cara tapada con unos pasamontañas, colocaron su vehículo junto al de las víctimas y las ametrallaron. En junio, las autoridades dictaron órdenes de detención contra 11 personas, pero no se había detenido a nadie al finalizar el año. Miembros del Ministerio Público afirmaron que el móvil de los homicidios había sido el robo, pero otras personas creían que el motivo había sido el intento de las víctimas de formar sindicatos en varias plantas de ensamblaje.
  • En septiembre, en El Progreso, unos individuos sin identificar que iban a bordo de una motocicleta dispararon e hirieron a Lorna Redell Jackson y Juana Maldonado Gutiérrez, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Alcoa Fujukura Limitada (SITRAFL). En octubre, Lorna Redell Jackson recibió amenazas de muerte por teléfono. El sindicato había denunciado violaciones de los derechos laborales con motivo del cierre de una fábrica.

Violencia contra mujeres y niñas

Según el Ministerio de Seguridad, 312 mujeres murieron de forma violenta en 2008. En noviembre, varias organizaciones de este tipo iniciaron una campaña para pedir a las autoridades que actuaran con mayor contundencia a fin de atajar el aumento de los homicidios de mujeres. Solicitaban que se dedicaran más recursos a la investigación y al enjuiciamiento de estos casos, se introdujeran cambios legislativos y se publicara más información sobre el asunto. Pedían también que el gobierno emprendiera más acciones para combatir el elevado nivel de violencia intrafamiliar que se estaba registrando.

Impunidad

La principal recomendación formulada al gobierno por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias –es decir, iniciar una investigación exhaustiva para aclarar los casos de desaparición forzada ocurridos durante las décadas de 1980 y 1990– no se había aplicado todavía al finalizar el año. El Grupo de Trabajo indicó en 2007 que quedaban por aclarar 125 casos.

En julio se declaró culpables a cuatro policías del homicidio de Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena, miembros del Movimiento Ambientalista de Olancho, acaecido en 2006. Dos de los policías se fugaron tres semanas después de ser condenados, y el otro lo hizo unos días más tarde. Al finalizar el año, los tres seguían huidos.

No se registraron avances en la investigación sobre la paliza y violación sufrida por Donny Reyes, responsable de la tesorería de la Fundación Arcoiris, organización de defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. En 2007, después de que unos policías lo detuvieran de forma arbitraria y lo condujeran a comisaría, un agente dijo a los otros detenidos: «Miren, aquí les traigo a una princesita, ya saben lo que tienen que hacer». Algunos de los detenidos golpearon y violaron repetidamente a Donny. Un agente de policía fue sancionado con un mes de suspensión de empleo y sueldo.

Condiciones de reclusión

En abril murieron nueve reclusos en un incidente ocurrido en la prisión de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y en mayo murieron otros 18 en la prisión de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Las muertes se atribuyeron a conflictos entre bandas rivales.

En junio, 21 funcionarios de prisiones de diferentes categorías fueron declarados culpables de causar la muerte de 68 reclusos en un incendio registrado en 2003 en la prisión modelo de El Porvenir, en el departamento de Atlántida. Las penas oscilaron entre tres años de cárcel y cadena perpetua.

Informes de Amnistía Internacional

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