Haití
Jefe del Estado
Michel Joseph Martelly
Jefe del gobierno
Laurent Lamothe (sustituyó a Garry Conille en mayo)

Más de 320.000 personas que se habían quedado sin hogar tras el terremoto de enero de 2010 continuaron desplazadas en 2012. Autoridades locales y propietarios particulares desalojaron por la fuerza a miles de personas internamente desplazadas. Las mujeres que denunciaban violencia de género apenas recibían reparación. No se tomaron medidas para abordar la impunidad por abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado.

Información general

En febrero, el aumento de las tensiones políticas entre el Parlamento y la presidencia provocó la dimisión del primer ministro Garry Conille, que llevaba cuatro meses en el cargo. Fue sustituido por Laurent Lamothe, que asumió el poder en mayo tras ser designado por el presidente. En el último trimestre del año se celebraron en varias partes del país manifestaciones contra la aparente falta de respuesta del gobierno a los problemas socioeconómicos. Los manifestantes exigieron la dimisión del presidente Martelly.

En agosto, el presidente Martelly creó el Consejo Electoral Permanente. Sólo se designaron 6 de sus 9 integrantes, ya que el Parlamento no llegó a un consenso sobre sus 3 representantes. El Consejo Superior del Poder Judicial acordó 3 nombramientos que fueron impugnados por no respetar el procedimiento de selección; en octubre designó a 3 nuevos representantes. La creación de un Consejo Electoral Permanente, una institución clave para la organización de elecciones generales y locales, estaba pendiente desde la aprobación de la Constitución en 1987.

En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) por noveno año y recomendó la reducción gradual de su personal militar y policial. El descontento de la opinión pública con la MINUSTAH iba en aumento, debido especialmente a que el batallón nepalés de la ONU era el presunto responsable del brote de cólera en Haití y a la presunta implicación de soldados de la MINUSTAH en una serie de casos de violencia sexual.

Las tormentas tropicales Isaac y Sandy, que azotaron Haití a finales de agosto y finales de octubre, respectivamente, agravaron el brote de cólera, intensificaron la inseguridad alimentaria y ocasionaron un aumento del número de familias sin hogar. Las tormentas afectaron a más de 15.000 familias que vivían en campos provisionales para desplazados internos.

La situación humanitaria posterior al terremoto en Haití continuaba siendo causa de preocupación en diversas zonas, en lo concerniente a protección, refugio, atención a la salud, agua y saneamiento. La situación se vio agravada por el brote de cólera, que acabó con la vida de cerca de 900 personas durante el año, mientras que la falta de financiación dificultaba la respuesta humanitaria. Las actividades de recuperación posteriores al terremoto continuaron a un ritmo lento, en parte debido a la inestabilidad política, la falta de solidez de las instituciones públicas y los retrasos en el desembolso de los fondos prometidos por la comunidad internacional. De los 5.530 millones de dólares estadounidenses prometidos, hasta septiembre sólo se habían entregado 2.790 millones.

En mayo se aprobó la ley de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; sin embargo, al concluir el año el presidente aún no la había promulgado.

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Personas internamente desplazadas

Más de 320.000 personas que se habían quedado sin hogar tras el terremoto de enero de 2010 seguían viviendo en campos provisionales a finales de 2012. El gobierno, con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones y de sus asociados, continuó ejecutando programas de retorno y reasentamiento para los desplazados internos que vivían en los campos en los que existía mayor riesgo de desastres naturales. A lo largo de 2012 se ayudó a abandonar los campos a cerca de 134.000 familias, mediante subsidios para alquiler u ofrecimientos de alojamientos temporales.

Las condiciones de vida en los campos seguían siendo terribles. Los servicios de saneamiento mejoraron en algunos, pero preocupaba la calidad del agua y su relación con el aumento de los casos de cólera registrados durante la temporada de lluvias y huracanes (de abril a noviembre).

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Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

Continuaron los desalojos forzosos de desplazados internos en Puerto Príncipe y otras zonas afectadas por el terremoto. Miles de personas se quedaron nuevamente sin hogar cuando sus refugios provisionales fueron destruidos durante los desalojos forzosos, que se llevaron a cabo sin el debido proceso ni una consulta o notificación adecuada. A las personas que se quedaron sin hogar no se les ofreció alojamiento alternativo. En los desalojos forzosos se recurrió a la coacción, el acoso y la violencia.

Los desalojos contribuyeron a la disminución general del número de personas que vivían en campos provisionales y al cierre de numerosos campos. Desde enero hasta junio se cerraron más de 30 campos tras desalojos forzosos, una situación que afectó a más de 2.140 personas. Había más de 75.000 personas viviendo bajo la amenaza constante de desalojo forzoso.

  • En mayo, funcionarios municipales, acompañados de policías nacionales y de miembros armados de la Brigada de Control Callejero municipal, procedieron al desalojo forzoso de 131 familias que vivían en el campo Mozayik, en Puerto Príncipe. Según algunos ex residentes del campo, los funcionarios destruyeron sus casas y pertenencias. Ninguno de los afectados recibió alojamiento alternativo ni notificación adecuada.
  • En julio, las autoridades intentaron desalojar por la fuerza a 142 familias de una comunidad creada en la década de 1980 en Parc La Visite, una reserva natural en el departamento Sudeste. Según testigos presenciales, para llevar a cabo el desalojo acudieron 30 agentes de policía y 20 civiles armados. Los miembros de la comunidad arrojaron piedras contra la policía cuando se empezaron a demoler las casas. Los agentes abrieron fuego y mataron a cuatro hombres. Las autoridades negaron tener relación con los hechos, y al finalizar el año no se había iniciado ninguna investigación sobre los disparos.

En abril, el gobierno presentó el borrador de Política Nacional sobre Vivienda, el primero que se elaboraba hasta la fecha. Entre otras cosas, preocupaba que no se incluyese una perspectiva de derechos humanos ni se abordase la cuestión de los desalojos forzosos.

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Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo violencia de género. Según informes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, las mujeres que vivían en campos para desplazados internos seguían corriendo un especial peligro de sufrir violencia de género y explotación sexual. Empujadas por la pobreza, las mujeres y las niñas continuaban participando en el comercio sexual como modo de ganarse el sustento. La policía y el sistema de justicia de Haití lograron algunos progresos en la respuesta a la violencia de género, pero ofrecieron a las mujeres pocas oportunidades de justicia y reparación.

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Impunidad

Los responsables de las graves violaciones de derechos humanos –como desapariciones forzadas, tortura, violación y ejecuciones extrajudiciales– cometidas durante los últimos 40 años continuaban eludiendo la justicia.

En enero, un juez de instrucción desestimó las denuncias por crímenes de lesa humanidad presentadas por 22 víctimas contra el ex presidente Jean-Claude Duvalier. El juez concluyó que Jean-Claude Duvalier sólo debía ser juzgado por corrupción y malversación de fondos públicos. En su decisión, contraviniendo las obligaciones contraídas por Haití con arreglo al derecho internacional, el juez afirmó que los tribunales haitianos no eran competentes para investigar y procesar crímenes de lesa humanidad. Al finalizar el año estaba pendiente el recurso presentado por las víctimas y sus familiares.

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Sistema de justicia

En julio se creó por fin el Consejo Superior del Poder Judicial. Sin embargo, su funcionamiento se vio dificultado por divisiones internas que desembocaron en la retirada temporal de dos de sus miembros, uno de ellos el representante del sector de los derechos humanos. El Consejo es una institución clave para la reforma e independencia del sistema de justicia. Una de sus principales funciones es confirmar el nombramiento de nuevos jueces. Sin embargo, según organizaciones locales de derechos humanos, se seguía nombrando a jueces sin el acuerdo del Consejo.

El 28 de septiembre fue destituido el comisario de Gobierno de Puerto Príncipe, Jean Renel Sénatus. Cuando lo entrevistaron en una emisora de radio local, afirmó que su destitución se había debido a su negativa a ejecutar una orden ministerial para detener a 36 opositores políticos, como el abogado de derechos humanos Mario Joseph y los abogados anticorrupción Newton St-Juste y André Michel. En octubre, Lucman Delille se convirtió en el octavo comisario de Gobierno de Puerto Príncipe desde la llegada al poder del presidente Martelly.

Las autoridades no adoptaron medidas efectivas para abordar el problema de la detención prolongada en espera de juicio.

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Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Haití en mayo y julio de 2012.