Guyana
Jefe del Estado y del gobierno
Donald Ramotar (sustituyó a Bharrat Jagdeo en diciembre)
Pena de muerte
retencionista
Población
0,8 millones
Esperanza de vida
69,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
35,3 por cada 1.000

La respuesta del Estado a la violencia contra las mujeres siguió siendo inadecuada. Al menos tres personas fueron condenadas a muerte; no hubo ejecuciones.

Información general

El Partido Progresista Popular ganó sus quintas elecciones consecutivas en diciembre, aunque perdió la mayoría en el Parlamento. Una coalición de partidos de la oposición denunció que se habían producido irregularidades durante los comicios. Al finalizar el año había una investigación en curso sobre los disparos realizados por la policía el 6 de diciembre contra una manifestación de la oposición, que se saldaron con varias personas heridas.

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Policía y fuerzas de seguridad

Se tuvo noticia de malos tratos a detenidos en comisarías y denuncias de que la práctica de retener a personas sin cargos transcurrido el plazo establecido de 72 horas era generalizada.

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Tortura y otros malos tratos

En junio, el Tribunal Superior de Guyana condenó al pago de una indemnización a dos policías acusados de torturar a un muchacho de 14 años en la comisaría de policía de Leonora en octubre de 2009, y condenó también al director general de la policía y al fiscal general. El Tribunal concluyó que el joven había sufrido “tortura y trato cruel e inhumano”. Al terminar el año estaba pendiente la apelación presentada por la fiscalía, y los acusados seguían en servicio activo.

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Violencia contra mujeres y niñas

Siguió siendo lenta la aplicación de la Ley sobre Delitos Sexuales aprobada en abril de 2010. La Ley creó un Grupo Nacional Especial para la Prevención de la Violencia Sexual que debía reunirse al menos cada tres meses, pero al concluir 2011 sólo se había reunido una vez. El Grupo estaba encargado de elaborar y aplicar un Plan Nacional para la Prevención de Delitos Sexuales. Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres consideraban insatisfactoria la respuesta general de la policía y los tribunales a las denuncias de violencia en el ámbito familiar y violencia sexual.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Se tuvo noticia de casos de hostigamiento policial, incluido el uso de la detención arbitraria, contra personas transgénero que ejercían el sexo como profesión. Al concluir el año estaba pendiente ante el Tribunal Superior una moción constitucional de revocación del artículo de la Ley de Jurisdicción Sumaria (Delitos) que penalizaba el travestismo y que la policía utilizaba con frecuencia para hostigar a trabajadores y trabajadoras sexuales. La petición, presentada por cuatro personas que fueron enjuiciadas y multadas en aplicación de dicha ley en febrero de 2009, alegaba que el artículo era discriminatorio e inconstitucional.

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Derecho a la salud: VIH/sida

El estigma y la discriminación en torno al VIH/sida y la penalización de las relaciones sexuales entre varones siguieron siendo un obstáculo para acceder a información, pruebas y tratamiento relacionados con el VIH. Tras una consulta con la sociedad civil, un comité parlamentario rechazó en septiembre una moción para penalizar la transmisión deliberada del VIH, alegando que podría disuadir a las personas de someterse a pruebas y podría aumentar el estigma y la discriminación de las personas que vivían con el VIH/sida.

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Pena de muerte

Al menos 3 personas fueron condenadas a muerte y al finalizar el año había 34 personas en espera de ejecución. La última ejecución realizada en Guyana tuvo lugar en 1997. Al concluir el año estaban pendientes ante el Tribunal Superior sendas peticiones constitucionales de anular las condenas a la pena capital impuestas a dos hombres. Las peticiones se basaban en que el tiempo que estos presos habían pasado en el “corredor de la muerte” –23 y 16 años– constituía trato cruel, inhumano y degradante. Ambos hombres seguían en espera de ejecución al finalizar el año.

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