Guinea-Bissau
Jefe del Estado
Malam Bacai Sanhá
Jefe del gobierno
Carlos Gomes Júnior
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
1,6 millones
Esperanza de vida
48,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
207/186 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
51 por ciento

La situación política seguía siendo frágil debido a la continuidad del conflicto entre las autoridades políticas y militares. Las divisiones entre las propias autoridades civiles y las luchas internas en el seno de las fuerzas armadas agudizaron la inestabilidad. La tensión aumentó en abril tras una rebelión militar. Las fuerzas armadas fueron responsables de violaciones de derechos humanos, como tortura y detención y reclusión arbitrarias. No se puso a disposición de la justicia a ninguna persona por los homicidios políticos y los actos de tortura que tuvieron lugar en 2009.

Información general

En enero, el gobierno firmó un acuerdo con Estados Unidos por el que se permitía que un fiscal estadounidense trabajase junto con el fiscal general de Guinea-Bissau para combatir el narcotráfico y otros delitos. Sin embargo, no se había asignado a ningún fiscal estadounidense al término de 2010.

En febrero, un ex ministro de Pesca y tres funcionarios del Ministerio fueron acusados formalmente de desvío de fondos. Al terminar el año no se había juzgado su caso. Al parecer, la Asamblea Nacional se mostraba reacia a levantar la inmunidad parlamentaria de uno de los acusados.

En abril, el subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, general António Indjai, depuso y arrestó al jefe del Estado Mayor, almirante Zamora Induta. El general António Indjai mantuvo detenido durante un breve periodo al primer ministro, Carlos Gomes Júnior, y amenazó con matarlo si los manifestantes, que salieron a la calle en su apoyo, persistían en su protesta. Al mismo tiempo, soldados que actuaban a las órdenes del general asaltaron las dependencias de la ONU en la capital, Bissau, y “liberaron” al ex jefe del Estado Mayor de la Armada, contraalmirante Bubo Na Tchuto, que se había refugiado en el edificio de la ONU al regresar voluntariamente a Bissau en diciembre de 2009 desde Gambia, país al que había huido en 2008 tras ser acusado de organizar un golpe de Estado. En octubre, Bubo Na Tchuto fue restituido en el cargo de jefe del Estado Mayor de la Armada. En junio, el presidente Sanhá destituyó al almirante Zamora Induta como jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y nombró al general António Indjai para ocupar su puesto. Su nombramiento y la rehabilitación en el cargo del contraalmirante Bubo Na Tchuto como jefe de la Armada en octubre fueron muy criticados dentro y fuera del país.

En mayo se examinó el historial de derechos humanos de Guinea-Bissau en virtud del examen periódico universal de la ONU. En septiembre se adoptó el informe final del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno rechazó cinco recomendaciones, incluidas las relativas a acabar con la impunidad de las fuerzas armadas en violaciones de derechos humanos. Entre las recomendaciones que apoyó figuraba el compromiso de penalizar finalmente la mutilación genital femenina, aunque sólo después de una campaña de educación pública.

La Asamblea Nacional aprobó en mayo un conjunto de leyes, incluidas enmiendas a la ley orgánica de las fuerzas armadas y leyes relativas a la Guardia Nacional, la Policía de Orden Público y los Servicios de Información del Estado.

En septiembre, la Unión Europea puso fin a su misión de apoyo a la reforma del sector de la seguridad en el país, que se había iniciado en 2008, debido a la inestabilidad política y a la falta de respeto del Estado de derecho.

En noviembre, Guinea-Bissau ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos instrumentos debían entrar en vigor el 1 de diciembre de 2010 y el 1 de febrero de 2011, respectivamente.

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Impunidad

Las investigaciones sobre los homicidios políticos cometidos en marzo y junio de 2009 estaban estancadas, al parecer por falta de recursos para interrogar a algunos testigos fuera del país. Las fuerzas armadas seguían cometiendo violaciones de derechos humanos con impunidad.

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Detención y reclusión arbitrarias

Seis oficiales militares, entre ellos una mujer, detenidos en relación con el homicidio en marzo de 2009 del ex jefe del Estado Mayor, general Tagme na Waie, permanecieron recluidos en régimen de incomunicación sin cargos durante 20 meses. Quedaron en libertad en diciembre, en espera de que se presentasen cargos y se iniciase un juicio contra ellos y, según informes, no se les permitía salir del país.

En abril, el general António Indjai arrestó al almirante Zamora Induta, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, y lo acusó de estar implicado en la desaparición de drogas incautadas en una redada. Sin embargo, otros informes indicaban que la detención estaba relacionada con una investigación abierta en marzo por el almirante Zamora Induta sobre la implicación de militares de alta graduación en actividades de narcotráfico. El general António Indjai detuvo también al coronel Samba Djaló, jefe del servicio de información militar, y lo acusó de interferir en las actividades de los partidos políticos. Según los informes, los dos detenidos fueron torturados bajo custodia en el cuartel militar de Mansôa. En septiembre, el Tribunal Supremo Militar ordenó su puesta en libertad condicional, pero los detenidos permanecieron recluidos hasta mediados de diciembre, cuando quedaron en libertad sin cargos, en espera de más investigaciones. Al parecer, la única restricción que se les impuso fue la prohibición de abandonar el país.

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Tortura y otros malos tratos

Fernando Té murió en un hospital en julio, unos días después de ser detenido y golpeado en Bissau por agentes de la Quinta Comisaría de policía. Según los informes, lo detuvieron tras una disputa con un tendero y lo llevaron a la comisaría, donde lo golpearon y horas más tarde lo dejaron en libertad sin cargos. Dos días después de su muerte, los agentes de policía implicados fueron detenidos. Sin embargo, al parecer no habían sido acusados formalmente ni juzgados al terminar el año.

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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres y niñas, incluidos matrimonios forzados y matrimonios a edad temprana, estaba muy extendida.

  • Una niña de 15 años murió a golpes en abril por negarse a contraer matrimonio con un hombre de mucha más edad. Las mujeres de una localidad de la región de Tombali, en el sur del país, golpearon a la niña –que previamente había huido para evitar el casamiento– durante la ceremonia nupcial. Aunque el caso se remitió a la Fiscalía General, no se practicaron detenciones.
  • En marzo, miembros de la Iglesia evangélica de la región de Tombali fueron golpeados por residentes de la zona por dar refugio a unas 20 niñas de entre 14 y 16 años de edad que habían huido para evitar que las obligaran a casarse con hombres mayores.
  • En agosto, una niña y dos mujeres de su familia fueron golpeadas por hombres de su misma familia en otra localidad de la región de Tombali. La niña había sido entregada en matrimonio a un hombre mayor, pero las mujeres de su familia pusieron objeciones a la boda por considerar que la niña era menor de edad. Aunque se presentó una denuncia ante la policía, no se emprendió acción alguna.
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Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Guinea-Bissau en marzo y octubre para llevar a cabo labores de investigación.