Guinea Bissau - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Guinea-Bissau

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Guinea-Bissau is now live »

Jefe del Estado : João Bernardo «Nino» Vieira
Jefe del gobierno : Martinho Ndafa Cabi (sustituyó a Aristides Gomes en abril)
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 1,7 millones
Esperanza de vida : 45,8 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 206/183 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 44,8 por ciento

Las pésimas condiciones económicas y el tráfico de drogas amenazaban la frágil estabilidad política del país. Se restringió la libertad de expresión, y se persiguió a periodistas y a defensores de los derechos humanos. Los menores eran objeto de trata, para emplearlos en el extranjero como mano de obra o ejerciendo la mendicidad.

Información general

Agresores no identificados dieron muerte en enero al ex comodoro Mohamed Laminé Sanha, que había sido detenido y recluido sin cargos ni juicio varias veces desde el año 2000. En agosto de 2006 había sido detenido por última vez y acusado de conspiración para matar al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Tres días después quedó en libertad sin cargos. Según informes, se inició una investigación sobre su muerte, pero al concluir el año aún no se habían dado a conocer sus conclusiones. Un ex primer ministro que había acusado al presidente Vieira y a altos cargos del ejército de participación en el homicidio se refugió durante tres semanas en la Oficina de la ONU de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNOGBIS), tras haberse dictado una orden de detención en su contra. Cuando se retiró la orden de detención, abandonó el edificio.

En marzo, el gobierno dimitió, al haber perdido una moción de confianza. Más de un millar de personas se manifestaron contra el gobierno en Bissau, la capital, supervisadas por policías y militares fuertemente armados. En abril se designaron un nuevo primer ministro y un nuevo gobierno.

En marzo se calculaba que el país necesitaba 700 millones de dólares estadounidenses para cubrir sus necesidades básicas, pero los donantes eran reacios a conceder ayudas a causa de la inestabilidad política, que se vio agravada por la situación económica.

El país se había convertido en lugar de tránsito clave para el tráfico de drogas procedentes de Latinoamérica con destino a Europa, lo que suponía una amenaza adicional para su estabilidad y seguridad. Se afirmaba que había miembros de las fuerzas armadas implicados en el narcotráfico, sobre todo después de que la policía detuviera en abril a cuatro soldados y dos civiles con 600 kg de cocaína en su automóvil. En octubre se prohibió abandonar el país a un ex ministro de Seguridad Nacional mientras se investigaba su implicación en el tráfico de drogas.

Libertad de expresión

Se detuvo y amenazó con actos de violencia a periodistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos por afirmar que las autoridades militares estaban implicadas en el tráfico de drogas. Algunos se refugiaron en el edificio de la UNOGBIS, mientras que otros abandonaron el país.

  • En julio, cuatro periodistas recibieron amenazas. Alberto Dabo, corresponsal de Rádio Bombolomy Reuters, se ocultó durante una semana, tras haber recibido amenazas telefónicas. Había publicado información que implicaba a funcionarios y soldados en el comercio de drogas. En septiembre fue acusado de difamación contra el jefe del Estado Mayor de la Marina, violación de secretos de Estado y abuso de la libertad de prensa. Al concluir 2007 aún no había empezado su juicio.
  • En julio, el defensor de los derechos humanos Mário Sá Gomes se ocultó y, posteriormente, se refugió en el edificio de la UNOGBIS, después de que se dictara una orden de detención en su contra. Había pedido públicamente la destitución del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para solucionar el problema del tráfico de drogas. Tres semanas después abandonó el edificio de la UNOGBIS, cuando el ministro del Interior garantizó su seguridad y puso guardaespaldas a su disposición. En octubre, la fiscalía lo interrogó, pero no se presentaron cargos.

Trata de menores

Continuaba la trata de menores con destino al sur de Senegal, para trabajar en campos de algodón, o a la capital senegalesa, para emplearlos como mendigos. En octubre y noviembre la policía interceptó varios vehículos que transportaban a unos 200 menores de entre 5 y 12 años, a los que se había prometido acceso a la educación en Senegal, y detuvo al menos a siete personas.

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