Guatemala
Jefe del Estado y del gobierno
Otto Pérez Molina (sustituyó a Álvaro Colom en enero)

Se siguieron imponiendo proyectos hidroeléctricos y mineros a gran escala en comunidades rurales sin que mediase una consulta previa ni se tuviesen en cuenta los riesgos para los derechos humanos. Hubo avances en algunos casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1960-1996), pero el ejército se negó a colaborar de modo significativo con estas iniciativas. Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de ataques y amenazas a causa de su labor.

Información general

La situación de la seguridad pública seguía siendo motivo de preocupación. Organizaciones de narcotraficantes rivales y pandillas callejeras contribuyeron al elevado índice de delincuencia violenta; 4.614 hombres y 560 mujeres fueron asesinados a lo largo del año.

En abril, Guatemala se convirtió en Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ese mismo mes, tras unas declaraciones del presidente Molina en las que negaba que durante el conflicto se hubiera cometido genocidio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó al gobierno a no socavar las iniciativas para el procesamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno que se desarrolló entre 1960 y 1996.

En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a Guatemala a abolir la pena de muerte, aumentar la promoción de los derechos de las mujeres, mejorar las condiciones penitenciarias, proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, y garantizar una consulta efectiva a los pueblos indígenas en relación con las propuestas de desarrollo en su territorio.

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Rendición de cuentas de las empresas

La ausencia de consultas previas a la implantación de proyectos mineros, hidroeléctricos o de otro tipo en zonas rurales provocó un aumento de la tensión. A pesar de los reiterados llamamientos para que Guatemala respetase sus obligaciones internacionales, las autoridades no garantizaron una consulta efectiva con las comunidades afectadas; por su parte, las empresas internacionales no respetaron las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos.

  • En mayo, un hombre murió y otro resultó herido en Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango, al parecer a manos de guardias de seguridad que trabajaban para la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, filial de la empresa española Hidralia Energía. Este homicidio provocó protestas y nuevos enfrentamientos, entre ellos la ocupación de una base militar local y la imposición de la ley marcial. La comunidad alegó que no había sido consultada antes de la implantación del proyecto hidroeléctrico.
  • En el departamento de Santa Rosa se presentaron querellas falsas contra activistas locales que se oponían a las actividades de la empresa de extracción de plata Minera San Rafael, filial de la compañía canadiense Tahoe Resources Inc.; al parecer, con las querellas se pretendía limitar su activismo. En octubre, el ayuntamiento de San Rafael las Flores anunció que, debido a una serie de recursos judiciales e irregularidades procedimentales, no celebraría una Consulta Municipal de Vecinos en relación con las actividades de la mina.
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Impunidad

Algunos ex suboficiales y soldados fueron condenados por su participación en las masacres perpetradas en 1982 en Plan de Sánchez y Dos Erres, en las que murieron en total más de 500 personas. Sin embargo, el ejército no aportó información significativa a las investigaciones en curso ni a las iniciativas destinadas a localizar a víctimas de desaparición forzada. En mayo, el gobierno cerró los Archivos de la Paz, donde se habían depositado previamente algunos documentos relativos al conflicto.

En enero, el ex jefe del Estado y general retirado Efraín Ríos Montt compareció ante un tribunal por los cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Estaba acusado de ser el responsable jerárquico de los centenares de matanzas y la política de “tierra arrasada” que sufrieron los pueblos indígenas mientras fue jefe de Estado de facto (marzo de 1982-agosto de 1983). Al finalizar el año, el proceso aún continuaba.

En octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Estado era responsable de una serie de matanzas cometidas en Río Negro, departamento de Baja Verapaz, entre marzo de 1980 y mayo de 1982.

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Derechos de los pueblos indígenas

Debido a la discriminación que sufrían, los pueblos indígenas constituían una parte desproporcionada de la población que vivía en la pobreza.

Algunas organizaciones indígenas realizaron protestas para exigir consultas antes de la implantación de proyectos mineros e hidroeléctricos en comunidades rurales.

En octubre, ocho manifestantes de la comunidad indígena maya quiché murieron en la localidad de Totonicapán, departamento de Totonicapán, durante una protesta contra el aumento del coste de la electricidad y la propuesta de reformas constitucionales. Se acusó a un oficial del ejército y ocho soldados en relación con las muertes.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Durante 2012 se tuvo noticia de al menos 305 ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos. En marzo, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos pidió al gobierno que adoptase e implementase medidas de protección efectivas para las personas que defendían los derechos humanos.

  • En junio, Yolanda Oquelí, activista contra las explotaciones mineras, resultó herida de gravedad cuando regresaba a su casa después de participar en una protesta contra la presencia de la mina de oro El Tambor en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
  • Luis Ovidio Ortiz Cajas, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala y activista contra la corrupción en los servicios de salud, murió por disparos en marzo. Al final del año no se había procesado a nadie por su homicidio.
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Pena de muerte

Había un preso en espera de ejecución, y a lo largo del año no se dictó ninguna nueva condena de muerte. No hubo ejecuciones.

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