La gran mayoría de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1960-1996) siguió sin responder de sus actos. La violencia contra las mujeres y la falta de acceso de las mujeres a la justicia continuaron siendo motivo de honda preocupación. Se agredió y amenazó a personas que defendían los derechos humanos.
Información general
En mayo fue asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg. Éste había grabado un vídeo en el que responsabilizaba de su posible muerte al presidente Álvaro Colom y otros miembros del gobierno. El vídeo se difundió tras el asesinato. El asesinato y el vídeo desencadenaron manifestaciones en contra y a favor del gobierno en todo el país. La investigación del caso efectuada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por la ONU, condujo en septiembre a la detención de nueve personas, incluidos ex agentes y miembros en activo de la policía, por su presunta implicación en el asesinato. En diciembre se detuvo a dos personas más.
En octubre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que se apoyaba a la CICIG y se pedía a la ONU y al gobierno guatemalteco que siguieran ayudándola en sus iniciativas encaminadas a mejorar las investigaciones penales, las acciones procesales y la aplicación de la legislación en materia de seguridad pública.
Impunidad
Diez años después de la publicación del informe Memoria del silencio por parte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que investigó bajo el patrocinio de la ONU las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, se había procesado a muy pocos responsables de estas violaciones.
En febrero, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Defensa que entregara los expedientes relacionados con la causa seguida contra varios ex altos oficiales del ejército acusados de perpetrar actos de genocidio contra pueblos indígenas, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto armado interno. Entre estos crímenes figuraba la matanza de alrededor de 250 hombres, mujeres, niños y niñas en Plan de Sánchez, departamento de Baja Verapaz, en 1982. El Ministerio de Defensa se negó a entregar la totalidad de los documentos, aduciendo que algunos se habían perdido. Durante los procedimientos judiciales entablados a lo largo de más de dos años para que se hicieran públicos los documentos, el Ministerio no había mencionado esta circunstancia en ningún momento. Al finalizar el año seguían sin hacerse públicos los documentos, y varios recursos contra la decisión de la Corte continuaban pendientes de resolución.
En agosto se condenó a un ex miembro de las Patrullas de Autodefensa Civil –unidades civiles que colaboraron con el ejército durante el conflicto armado interno– a 125 años de cárcel por la desaparición forzada de seis personas ocurrida entre 1982 y 1984 en el municipio de Choatalum (departamento de Chimaltenango). En diciembre, un coronel retirado y tres ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil fueron condenados a sendas penas de 50 años de cárcel por la desaparición forzada de ocho personas en El Jute, localidad del departamento de Chimaltenango, en 1981.
Policía y fuerzas de seguridad
En un informe publicado en mayo, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señalaba que continuaba ejecutándose a miembros de bandas y a presuntos delincuentes. El relator indicaba que las organizaciones locales habían encontrado pruebas según las cuales seguía habiendo agentes de policía implicados, directa o indirectamente, en estos homicidios. Subrayaba también que persistía la tendencia a perpetrar linchamientos, sobre todo de presuntos ladrones, y que las autoridades no habían adoptado medidas para poner fin a estos homicidios.
Violencia contra mujeres y niñas
En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó al gobierno a que intensificara sus esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres, disminuir los elevados niveles de pobreza y exclusión social y abordar las desventajas de las mujeres en el mercado laboral.
En marzo, el Congreso aprobó una ley para combatir la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. Según datos oficiales, 717 mujeres murieron de forma violenta en 2009, un número mayor que el año anterior. Muchas de las víctimas habían sido violadas, y sus cuerpos, mutilados.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Las organizaciones locales de derechos humanos denunciaron agresiones y amenazas contra personas que defendían los derechos humanos. Casi ninguno de los responsables fue puesto a disposición judicial.
- En septiembre mataron en El Estor, localidad del departamento de Izabal, al profesor y dirigente comunitario Adolfo Ich Chamán en el contexto de un conflicto de tierras con una empresa minera del sector del níquel. Algunos testigos afirmaban que unos guardias de seguridad de la compañía lo atacaron y mataron durante una manifestación contra el presunto intento de desalojar a la comunidad por la fuerza. La empresa afirmó que no se había llevado a cabo ningún desalojo ni se había amenazado con hacerlo y que sus guardias de seguridad no estaban implicados en el homicidio.
- En abril amenazaron a Edgar Neftaly Aldana Valencia y dispararon contra su domicilio en San Benito, localidad del departamento de Petén. Las amenazas especificaban que Edgar Neftaly Aldana Valencia corría peligro por las actividades sindicales que desarrollaba en un hospital cercano, donde había contribuido a sacar a la luz casos de corrupción y negligencia médica.
Al finalizar el año no se había abierto todavía ninguna investigación sobre el incidente.
Pena de muerte
En 2009 no se impusieron condenas de muerte ni se practicó ninguna ejecución. Al finalizar el año, 15 personas seguían condenadas a muerte.