Guatemala

Human Rights in República de Guatemala

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Guatemala is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Álvaro Colom Caballeros
(sustituyó a Óscar Berger Perdomo en enero)

Pena de muerte retencionista
Población 13,7 millones
Esperanza de vida 69,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 44/33 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 69,1 por ciento

Continuaron las amenazas, las agresiones y los actos de hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos. El gobierno no cumplió su compromiso de desclasificar documentos militares confidenciales que habrían podido contribuir a procesar a responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1960-1996). Se registraron pocos avances en materia de seguridad pública.

Información general

En septiembre se encontraron ocultos varios dispositivos de escucha tanto en las dependencias oficiales del presidente como en su residencia particular. El jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia y el jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico presentaron su dimisión. Posteriormente se dictaron órdenes de detención contra ellos. Al concluir el año, uno de ellos estaba bajo arresto domiciliario; el otro seguía en busca y captura por la policía.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, patrocinada por la ONU, cumplió su primer año de funcionamiento, y señaló que estaba cooperando en el enjuiciamiento de dos casos e investigando otros 15.

"...687 mujeres fueron víctima de homicidios en 2008; sus cadáveres solían mostrar signos de violación y otros tipos de tortura."

Conflictos de tierras: desalojos forzosos

En febrero, la policía detuvo al activista rural Ramiro Choc en el contexto de los conflictos sobre tierras registrados en la zona de Izabal, en la costa atlántica. Indignadas por la detención, algunas comunidades reaccionaron reteniendo a cuatro turistas belgas. Sin embargo, las acciones policiales emprendidas en relación con el incidente se saldaron con la muerte del campesino Mario Caal. En una investigación efectuada por la Procuraduría de los Derechos Humanos guatemalteca se llegó a la conclusión de que Mario Caal había sido ejecutado extrajudicialmente.

Según datos de la policía, durante 2008 tuvieron lugar 22 desalojos forzosos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Según informes de organizaciones locales de derechos humanos, se registraron decenas de agresiones contra defensores de los derechos humanos, en algún caso con resultados mortales.

  • En julio mataron a tiros a Antonio Morales. Su cadáver se encontró en una calle de Tixel, localidad del departamento de Huehuetenango en la que residía. Era miembro del comité de desarrollo de una comunidad local que había intentado recuperar tierras para la comunidad, y participaba en campañas en favor de los derechos de los trabajadores rurales y de los pueblos indígenas. Una semana antes del homicidio denunció que había recibido amenazas.

Sindicalistas

Varios sindicalistas murieron de forma violenta durante el año.

  • En marzo, dos hombres armados dispararon contra Miguel Ángel Ramírez Enríquez, uno de los fundadores del Sindicato de Trabajadores Bananeros del Sur (SITRABANSUR), cuando regresaba a su casa. Murió más tarde en el hospital. Sus familiares afirmaron que había recibido amenazas de muerte y que lo habían presionado para que abandonara sus actividades sindicales.

Policía y fuerzas de seguridad

El nuevo gobierno anunció varias iniciativas al respecto, pero al finalizar el año no se advertían resultados visibles en relación con la reducción de la delincuencia violenta, incluidos los homicidios. Al parecer, en muchos homicidios participaron miembros de las fuerzas de seguridad, tanto de servicio como fuera de él.

  • En enero, en el borde de una carretera al sur de la ciudad de Guatemala, se encontraron los cadáveres de dos hombres de 17 y 23 años. Tras estrangularlos con unas cuerdas, les habían disparado en la cabeza desde corta distancia. Según los informes, había algunos indicios de que los habían matado miembros de las fuerzas de seguridad, pero al finalizar el año no se había llevado a cabo ninguna investigación significativa.

Violencia contra mujeres y niñas

Según datos de la policía, 687 mujeres fueron víctima de homicidios en 2008; sus cadáveres solían mostrar signos de violación y otros tipos de tortura. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó en enero que persistían las prácticas discriminatorias por parte de las autoridades, lo que comportaba que no se investigaran los homicidios de mujeres y que se tendiera a culpar a la víctima. En abril, el Congreso aprobó una nueva Ley contra el Femicidio que suscitó reacciones diversas entre las organizaciones de la sociedad civil.

Impunidad

En febrero, el presidente anunció que se harían públicos todos los documentos de las fuerzas armadas relacionados con las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno, pero el ejército se negó. En marzo, la Corte de Constitucionalidad resolvió que se hicieran públicos los documentos de las fuerzas armadas clasificados en relación con una causa abierta contra varios ex oficiales de alto rango por presuntos crímenes de lesa humanidad. Al final del año aún no se habían desclasificado.

  • Seis miembros de las antiguas Patrullas de Autodefensa Civil –grupos paramilitares creados para apoyar al ejército en operaciones de contrainsurgencia durante el conflicto armado interno– fueron declarados culpables del homicidio de 26 personas en una masacre perpetrada en Río Negro, departamento de Baja Verapaz, en marzo de 1982. En dicha masacre murieron 177 personas: 70 mujeres y 107 niños y niñas.
  • En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de una masacre cometida en Dos Erres, departamento de Petén, en diciembre de 1982, alegando que el gobierno no había cumplido la primera resolución de la Corte. En esta masacre murieron al menos 251 personas.

El Congreso no había aprobado todavía un anteproyecto de ley para crear una comisión encargada de investigar las 45.000 desapariciones forzadas que –según los cálculos– se produjeron durante el conflicto armado interno.

Pena de muerte

Durante el año no se condenó a muerte a ninguna persona y se conmutó la pena capital a cuatro. Quince personas seguían condenadas a muerte al finalizar el año. No hubo ejecuciones.

En febrero, el Congreso aprobó un decreto que podría haber comportado la reanudación de las ejecuciones, pero el presidente lo vetó en marzo.

En diciembre, Guatemala se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Informes de Amnistía Internacional

Guatemala: Submission to the UN Universal Periodic Review: Second session of the UPR Working Group, 5-16 May 2008 (en inglés, 25 enero 2008)
Guatemala: La denegación de las extradiciones solicitadas por España por crímenes de derecho internacional (16 mayo 2008)

Cómo puedes ayudar