Ghana
Jefe del Estado y del gobierno
John Evans Atta Mills
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
25 millones
Esperanza de vida
64,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
68,5 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
66,6 por ciento

Miles de personas continuaban bajo la amenaza de desalojo forzoso. El sistema de justicia penal seguía funcionando con lentitud y en las cárceles seguían dándose condiciones de hacinamiento y escasez de recursos. Cuatro personas fueron condenadas a muerte; no hubo ejecuciones. Se recibieron informes de niveles elevados de violencia contra mujeres y niñas.

Información general

La Comisión de Revisión de la Constitución, inaugurada en enero de 2010 por el presidente Mills con el mandato de llevar a cabo consultas públicas sobre la Constitución de 1992, publicó su informe en diciembre. Entre otras cosas recomendaba abolir la pena de muerte hacer cumplir directamente las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ) y aumentar los poderes de la CHRAJ para emprender investigaciones en el ámbito de su mandato sin necesidad de una queja formal.

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Policía y fuerzas de seguridad

Se recibió información sobre actos de violencia y homicidios ilegítimos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad. En junio, el Comité de la ONU contra la Tortura manifestó su preocupación por la impunidad en casos de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, así como por el reconocimiento por parte de las autoridades de que la probabilidad de que se dieran casos de tortura en los centros de detención era alta.

En febrero se acusó a la policía de disparar de manera indiscriminada en un intento de restablecer el orden en el campo de refugiados de Buduburam. Una persona resultó muerta, según los informes.

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Sistema de justicia

Continuaron las largas demoras en los procedimientos policiales y judiciales. El acceso a asistencia letrada gratuita era insuficiente y muchos reclusos pasaban años en espera de juicio. Las cárceles estaban abarrotadas y carecían de recursos. El gobierno acordó aumentar el presupuesto para alimentos en las cárceles, pero al terminar el año esta medida no se había aplicado.

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Pena de muerte

Cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron condenadas a morir en la horca por asesinato. Al terminar el año, 138 personas se hallaban en espera de ejecución, entre ellas 4 mujeres. No se llevó a cabo ninguna ejecución, y en diciembre la Comisión de Revisión de la Constitución recomendó la abolición de la pena de muerte.

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Derecho a la vivienda

En enero, la Asamblea Metropolitana de Accra anunció un plan para demoler construcciones erigidas en las proximidades de las vías férreas en desuso de Accra, en el marco de un proyecto de renovación de los ferrocarriles que amenazaba con causar el desalojo forzoso de miles de personas. Al terminar el año no se había llevado a cabo ningún desalojo forzoso.

En Old Fadama, el mayor asentamiento informal de Ghana, situado en Accra, entre 55.000 y 79.000 personas seguían viviendo sin seguridad de tenencia. En años anteriores, la Asamblea Metropolitana de Accra anunció repetidamente planes para demoler el asentamiento, pero al terminar el año el proceso no había comenzado. En septiembre, el presidente Mills se comprometió públicamente a no desalojar por la fuerza a las personas que vivían en Old Fadama, y afirmó que se estaban manteniendo conversaciones para reasentar a la gente.

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Violencia contra mujeres y niñas

Continuaron los informes de elevados niveles de violencia contra las mujeres y niñas en todo el país. En diciembre, un parlamentario fue detenido como sospechoso de haber violado a una niña de 12 años.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Continuaron los abusos contra los derechos humanos de personas sospechosas de haber mantenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo. El 20 de julio, Paul Evans Aidoo, ministro para la Región Occidental, ordenó a las fuerzas de seguridad detener a todos los gays y lesbianas que hubiera en el oeste del país, y exhortó a los propietarios e inquilinos de viviendas a denunciar a toda persona a la que considerasen sospechosa de ser gay o lesbiana.

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