Miles de personas continuaban bajo la amenaza de desalojo forzoso. El sistema de justicia
penal seguía funcionando con lentitud y en las cárceles seguían dándose condiciones
de hacinamiento y escasez de recursos. Cuatro personas fueron condenadas a muerte;
no hubo ejecuciones. Se recibieron informes de niveles elevados de violencia contra
mujeres y niñas.
La Comisión de Revisión de la Constitución, inaugurada en enero de 2010 por el presidente
Mills con el mandato de llevar a cabo consultas públicas sobre la Constitución de
1992, publicó su informe en diciembre. Entre otras cosas recomendaba abolir la pena
de muerte hacer cumplir directamente las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos
y Justicia Administrativa (CHRAJ) y aumentar los poderes de la CHRAJ para emprender
investigaciones en el ámbito de su mandato sin necesidad de una queja formal.
Se recibió información sobre actos de violencia y homicidios ilegítimos cometidos
por la policía y las fuerzas de seguridad. En junio, el Comité de la ONU contra la
Tortura manifestó su preocupación por la impunidad en casos de brutalidad policial
y uso excesivo de la fuerza, así como por el reconocimiento por parte de las autoridades
de que la probabilidad de que se dieran casos de tortura en los centros de detención
era alta.
En febrero se acusó a la policía de disparar de manera indiscriminada en un intento
de restablecer el orden en el campo de refugiados de Buduburam. Una persona resultó
muerta, según los informes.
Continuaron las largas demoras en los procedimientos policiales y judiciales. El acceso
a asistencia letrada gratuita era insuficiente y muchos reclusos pasaban años en
espera de juicio. Las cárceles estaban abarrotadas y carecían de recursos. El gobierno
acordó aumentar el presupuesto para alimentos en las cárceles, pero al terminar el
año esta medida no se había aplicado.
Cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron condenadas a morir en la horca por
asesinato. Al terminar el año, 138 personas se hallaban en espera de ejecución, entre
ellas 4 mujeres. No se llevó a cabo ninguna ejecución, y en diciembre la Comisión
de Revisión de la Constitución recomendó la abolición de la pena de muerte.
En enero, la Asamblea Metropolitana de Accra anunció un plan para demoler construcciones
erigidas en las proximidades de las vías férreas en desuso de Accra, en el marco de
un proyecto de renovación de los ferrocarriles que amenazaba con causar el desalojo
forzoso de miles de personas. Al terminar el año no se había llevado a cabo ningún
desalojo forzoso.
En Old Fadama, el mayor asentamiento informal de Ghana, situado en Accra, entre 55.000
y 79.000 personas seguían viviendo sin seguridad de tenencia. En años anteriores,
la Asamblea Metropolitana de Accra anunció repetidamente planes para demoler el asentamiento,
pero al terminar el año el proceso no había comenzado. En septiembre, el presidente
Mills se comprometió públicamente a no desalojar por la fuerza a las personas que
vivían en Old Fadama, y afirmó que se estaban manteniendo conversaciones para reasentar
a la gente.
Continuaron los informes de elevados niveles de violencia contra las mujeres y niñas
en todo el país. En diciembre, un parlamentario fue detenido como sospechoso de haber
violado a una niña de 12 años.
Continuaron los abusos contra los derechos humanos de personas sospechosas de haber
mantenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo. El 20 de julio, Paul Evans
Aidoo, ministro para la Región Occidental, ordenó a las fuerzas de seguridad detener
a todos los gays y lesbianas que hubiera en el oeste del país, y exhortó a los propietarios
e inquilinos de viviendas a denunciar a toda persona a la que considerasen sospechosa
de ser gay o lesbiana.
