Aumentaron las amenazas a la libertad de expresión. Miles de personas fueron desalojadas
por la fuerza y miles continuaban bajo la amenaza de desalojo forzoso. El sistema
de justicia penal funcionaba con lentitud, y en las cárceles se daban condiciones
de hacinamiento y escasez de recursos. La violencia contra las mujeres seguía siendo
un fenómeno generalizado.
En enero, el presidente Mills inauguró la Comisión de Revisión de la Constitución,
encargada de realizar consultas públicas sobre la Constitución de 1992. La Comisión
recibió más de 60.000 propuestas durante el año.
En febrero, marzo y abril, la violencia entre comunidades en el distrito de Bunkpurugu/Yunyoo,
Región Norte, se saldó con la muerte de al menos cinco personas y el incendio de más
de 300 casas. Miles de personas huyeron de sus hogares, y algunas pasaron a Togo.
Al menos cinco personas murieron y varias casas fueron quemadas en mayo al reanudarse
la violencia entre comunidades en Bawku, Región Oriental Superior. La violencia permanente
impedía a los residentes de la zona llevar a cabo sus actividades agrícolas y comerciales
habituales, lo que causó escasez de alimentos; unas 2.000 familias necesitaron ayuda
alimentaria.
Aumentaron las amenazas a la libertad de expresión. Al menos seis personas fueron
detenidas, recluidas o enjuiciadas por “causar temor y pánico”.
En octubre, Amina Mohammad fue detenida tras declarar en una emisora de radio local
de la ciudad de Tema que se había cometido un robo a mano armada y una violación
en un autobús. Fue acusada formalmente de “causar temor y pánico”, y el Tribunal de
Distrito de Accra le denegó la libertad bajo fianza y decretó su reclusión bajo custodia
policial. El Tribunal de Derechos Humanos de Accra le concedió finalmente la libertad
bajo fianza en noviembre, y la vista de su causa se aplazó hasta 2011.
La detención bajo custodia policial se prolongaba con frecuencia durante periodos
de duración superior a la permitida por la ley. Los calabozos policiales adolecían
de condiciones de hacinamiento e insalubridad, y a menudo los detenidos dependían
de sus familiares para recibir agua y alimentos.
En febrero, dos personas murieron en un calabozo policial de Ashiamang, suburbio de
Tema. Había 52 personas recluidas en un calabozo construido para 20.
En septiembre, al menos 2 personas murieron y 15 resultaron heridas de gravedad en
Tema cuando tropas combinadas del ejército y la policía usaron fuego real, balas de
goma y gas lacrimógeno contra personas que protestaban por la demolición de sus negocios.
No se llevó a cabo investigación alguna.
En octubre, efectivos militares y policiales quemaron aproximadamente 19 viviendas
y negocios de la población de Nankpanduri, Región Norte, y varias personas resultaron
heridas al recibir disparos o golpes de las fuerzas de seguridad, que buscaban a un
preso fugado que había matado a dos agentes de policía.
El acceso a asistencia letrada gratuita era inadecuado, y algunos presos pasaban más
de 10 años en espera de juicio, aunque la proporción de presos preventivos comenzó
a descender. Las cárceles estaban abarrotadas y carecían de recursos.
Diecisiete personas fueron condenadas a muerte por ahorcamiento, todas ellas por asesinato.
Al terminar el año, 123 personas estaban condenadas a la pena capital, entre ellas
3 mujeres. No se llevó a cabo ninguna ejecución.
Miles de personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares. Los desalojos se
llevaron a cabo sin consulta previa adecuada, sin aviso ni indemnización apropiados
y sin alojamiento alternativo. Miles de personas seguían bajo la amenaza de desalojo
forzoso.
En mayo, unas 2.000 personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares en el
asentamiento marginal de Abinkyi, en Kumasi. A los residentes se les avisó con sólo
dos semanas de antelación y no se les ofreció ningún tipo de alojamiento alternativo
ni indemnización.
En julio, decenas de personas fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares en el
asentamiento marginal de Abuja, en Accra. A los residentes se les informó de la demolición
sólo dos días antes, y no se les ofreció ningún tipo de indemnización ni alojamiento
alternativo.
