Ghana

El gobierno empezó a pagar indemnizaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas bajo gobiernos anteriores. Se siguió imponiendo la pena de muerte en casos de asesinato y traición. La violencia y la discriminación contra las mujeres continuaron siendo generalizadas.

Violencia contra las mujeres

Las mujeres siguieron siendo víctimas de mutilación genital femenina y de actos de violencia en el ámbito familiar.

El proyecto de Ley sobre Violencia Intrafamiliar se sometió a debate parlamentario, durante el cual se eliminó una cláusula que penalizaba la violación conyugal. Al concluir el año, el proyecto aún no se había convertido en ley.

Desalojos forzosos

Siguieron produciéndose desalojos forzosos y desplazamientos internos, que afectaban sobre todo a las comunidades marginadas.

Cientos de residentes de la isla de Dudzorme, en el Parque Nacional de Digya, fueron desalojados por la fuerza a finales de marzo y principios de abril. No se les facilitó alojamiento alternativo ni se los indemnizó. Según informes, el 8 de abril se forzó a algunas de las personas desalojadas a subir a bordo de un transbordador que iba sobrecargado y que posteriormente naufragó, causando, según fuentes oficiales, la muerte de unas 30 personas. Se desconocía la suerte que habían corrido muchas otras.

Pena de muerte

A pesar de que algunos altos funcionarios del Estado declararon que debía abolirse la pena capital, no se tomaron medidas concretas en ese sentido y se siguieron dictando condenas de muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.

La Comisión de Reconciliación Nacional

En octubre, el gobierno empezó a pagar indemnizaciones a unos 2.000 ghaneses que habían sido víctimas de abusos contra los derechos humanos bajo otros gobiernos. Los pagos, en concepto de reparación, habían sido recomendados por la Comisión Nacional de Reconciliación, constituida en 2002 para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas bajo diversos gobiernos desde la independencia de Ghana en 1957.