Georgia
Jefe del Estado
Mijail Saakashvili
Jefe del gobierno
Nikoloz Gilauri
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
4,3 millones
Esperanza de vida
73,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
29,1 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,7 por ciento

La policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones. Se llevaron a cabo desalojos que no cumplieron las normas internacionales. Persistía la preocupación en torno a la independencia del poder judicial.

Secuelas del conflicto armado

Las regiones escindidas de Abjasia y Osetia del Sur celebraron elecciones presidenciales el 26 de agosto y el 13 de noviembre, respectivamente. Las autoridades georgianas y la comunidad internacional declararon ilegítimos los comicios, que, en el caso de Osetia del Sur, estuvieron acompañados de protestas, noticias de creciente violencia y hostigamiento de candidatos de la oposición.

La seguridad y libertad de circulación de la población civil de las zonas afectadas por el conflicto continuaban suscitando preocupación. Se registraron algunos avances para lograr una mayor seguridad y hubo intercambio de detenidos gracias al Mecanismo de Prevención de Incidentes y Respuesta, que acercaba posturas entre Georgia y Osetia del Sur y contaba con mediación internacional. Sin embargo, según información recibida a lo largo del año, se disparó, hirió y detuvo a civiles que presuntamente habían cruzado de forma ilegal la línea fronteriza administrativa entre Osetia del Sur y Georgia.

Las autoridades de facto de Abjasia y Osetia del Sur seguían negando a las personas desplazadas internamente el derecho a regresar a sus lugares originales de residencia en esas regiones.

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Personas internamente desplazadas

El gobierno dio prioridad a la necesidad de proporcionar una vivienda adecuada a las aproximadamente 247.000 personas desplazadas tras los conflictos armados de la década de 1990 y 2008. Sin embargo, un programa gubernamental destinado a proporcionarles un alojamiento de carácter más permanente provocó varios desalojos forzosos que infringieron las normas nacionales e internacionales.

Cientos de familias internamente desplazadas se vieron afectadas en Tiflis por varios desalojos forzosos. En la mayoría de los casos, los desalojos se llevaron a cabo sin que mediase una consulta adecuada, notificación previa ni acceso a recursos jurídicos. A las personas desalojadas se les ofrecía alojamiento alternativo fuera de la capital, fundamentalmente en zonas rurales. No siempre se respetaban cuestiones relativas al derecho a una vivienda adecuada como el acceso a empleo y a medios de subsistencia sostenibles.

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Libertad de reunión

Varias protestas celebradas a lo largo del año fueron dispersadas violentamente.

  • El 3 de enero, la policía disolvió de forma violenta una manifestación pacífica autorizada de decenas de veteranos de los conflictos armados de Georgia. Agentes de policía y personas vestidas de civil golpearon a manifestantes y los introdujeron a rastras en vehículos policiales. Unas imágenes de vídeo también mostraban a un policía sin uniforme golpeando en la cara a una manifestante que intentaba alejarse. La policía detuvo a 11 personas por cargos de vandalismo menor y desacato. El tribunal las condenó basándose en declaraciones de policías y, según informes, sin haber visto las pruebas en vídeo disponibles. Impuso una multa de 400 laris (240 dólares estadounidenses) a cada una de ellas. El agente de policía al que se veía en el vídeo golpear a la mujer fue despedido. Se inició una investigación, que al concluir el año no había arrojado ningún resultado.
  • El 26 de mayo, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar una manifestación antigubernamental de unas 1.000 personas que pedían la dimisión del presidente Saakashvili. La policía antidisturbios intervino a medianoche, justo después de vencer el permiso para la concentración. Las imágenes de vídeo disponibles mostraban a la policía golpeando a manifestantes desarmados y que no ofrecían resistencia. Los agentes de policía insultaron y agredieron físicamente a no menos de 10 periodistas; a otros los detuvieron para interrogarlos y les destrozaron o confiscaron material. Cuatro hombres murieron, incluido un policía, y decenas de personas resultaron heridas. El policía y un civil murieron tras ser atropellados por un vehículo en el que una líder de la oposición se alejaba a toda velocidad del lugar.

Más de 105 manifestantes fueron detenidos y posteriormente condenados a hasta dos meses de cárcel por resistencia a la policía. Las familias de las personas detenidas no se enteraron de su arresto hasta dos días después, tras las investigaciones llevadas a cabo por el defensor del Pueblo.

La investigación sobre la muerte de dos manifestantes que fueron hallados en el tejado de un comercio cercano a la protesta concluyó que habían muerto tras sufrir una electrocución accidental. Un presunto testigo refutó esta versión afirmando que había visto a la policía llevarse detenido a uno de ellos.

El Ministerio del Interior emprendió una investigación interna sobre los acontecimientos del 26 de mayo que dio lugar a varias sanciones administrativas y a la destitución de cuatro agentes de policía por uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, no se realizó ninguna investigación pública e independiente ni se investigaron las acusaciones de malos tratos policiales.

Las autoridades seguían sin llevar a cabo investigaciones efectivas sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley durante manifestaciones celebradas en 2009 y 2007.

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Sistema de justicia

Tras visitar Georgia en junio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria mostró su preocupación en relación con algunos aspectos del sistema de justicia, como la función de los fiscales, el índice extremadamente bajo de absoluciones y el uso excesivo de la prisión preventiva.

  • El 26 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Georgia no había llevado a cabo una investigación efectiva sobre un destacado caso de asesinato en el que estaban implicados funcionarios del Estado. El Tribunal concluyó que la investigación sobre la muerte de Sandro Girgvliani en 2006 carecía de “independencia, imparcialidad, objetividad y rigor”. Consideró especialmente preocupantes los intentos del Ministerio del Interior, la fiscalía, los tribunales nacionales y el presidente de “impedir que se hiciese justicia”. El Tribunal ordenó que el Estado pagase 50.000 euros (74.000 dólares estadounidenses) a los padres de la víctima. Sandro Girgvliani, de 28 años, había sido secuestrado y golpeado hasta la muerte por funcionarios del Ministerio del Interior en enero de 2006, tras discutir con un grupo de altos funcionarios ministeriales en un café de Tiflis. No se abrió una nueva investigación sobre el caso.
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Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Georgia en marzo.