Gambia
Jefe del Estado y del gobierno
Yahya Jammeh

Por primera vez en casi 30 años se llevó a efecto la pena de muerte: nueve condenados a la pena capital fueron ejecutados sin notificación previa. Los reclusos no habían agotado todos los recursos. Las autoridades también reprimieron la disidencia recurriendo al hostigamiento y la intimidación. Las fuerzas de seguridad practicaron con asiduidad la detención y la reclusión arbitrarias. Las condiciones de reclusión eran atroces.

Pena de muerte

En agosto, nueve condenados a muerte –siete hombres gambianos, un hombre senegalés y una mujer senegalesa– fueron fusilados, una semana después de que el presidente Jammeh anunciase su intención de ejecutar todas las condenas a muerte impuestas. Las ejecuciones no se notificaron con antelación a los presos, ni a sus familiares y abogados ni a las autoridades senegalesas. Las autoridades no confirmaron las ejecuciones –que causaron protestas internacionales– hasta varios días después. Tres de los ejecutados, Malang Sonko, Tabara Samba y Buba Yarboe, murieron sin haber agotado sus recursos judiciales, lo cual vulneró las normas internacionales relativas a juicios con garantías. Otro de los ejecutados, Dawda Bojang, había sido condenado a cadena perpetua en 2007 por asesinato. Cuando recurrió su sentencia condenatoria ante el Tribunal Superior en 2010, se cambió la cadena perpetua por la pena de muerte. Cuando fue ejecutado no había agotado su recurso ante el Tribunal Supremo. La Constitución establecía que a todas las personas condenadas a muerte se les debía garantizar el derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo.

En septiembre, el presidente anunció la suspensión de las ejecuciones supeditada al índice de delincuencia, por lo que las vidas de las personas condenadas a muerte pasaban a depender de factores externos.

En octubre, el Tribunal Supremo confirmó las sentencias condenatorias por traición de siete hombres condenados a muerte en junio de 2010 por conspirar para derrocar al gobierno. No se permitió la presencia en el tribunal de observadores internacionales.

Al terminar el año seguía habiendo al menos 36 presos condenados a muerte.

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Detención y reclusión arbitrarias

El Servicio Nacional de Inteligencia y la policía practicaron de manera habitual detenciones arbitrarias. En muchos casos, y en contra de lo establecido por la Constitución, las personas detenidas fueron recluidas sin cargos y durante periodos que excedieron el máximo de 72 horas dentro del cual los detenidos debían comparecer ante un tribunal.

  • En abril, durante una redada en un club nocturno, se detuvo a 18 hombres y 2 mujeres, que eran o a quienes se consideraba lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. Se los acusó formalmente de tentativa de cometer “actos antinaturales” y de “conspiración para cometer delitos graves”. En agosto se retiraron los cargos por falta de pruebas.
  • En octubre, los medios de comunicación y miembros de su familia informaron de que el ex ministro del gobierno Mambury Njie había sido detenido y estaba recluido bajo custodia del Servicio Nacional de Inteligencia. La reclusión superó el máximo de 72 horas y no se informó a su familia del motivo de la detención. Quedó en libertad bajo fianza unos días después, pero volvió a ser detenido en diciembre, tras presentarse ante la policía en cumplimiento de las condiciones de su libertad condicional. Lo llevaron ante el tribunal y le imputaron delitos económicos y abuso de poder, sin dar más detalles, antes de someterlo a reclusión preventiva en la prisión de Mile II. Ante el tribunal, Mambury Nkie no contó con representación letrada ni se le informó de su derecho a un abogado. Al terminar el año seguía recluido. Los medios de comunicación publicaron que, cuando era ministro de Asuntos Exteriores, Mambury Njie se había opuesto a las órdenes de ejecución de los presos condenados a muerte.
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Represión de la disidencia

  • En enero, Amadou Scattred Janneh, ex ministro de Información y Comunicación, fue condenado a cadena perpetua con trabajos forzados tras ser declarado culpable de traición. Modou Keita, Ebrima Jallow y Michael Uche Thomas fueron condenados a tres años de prisión con trabajos forzados por sedición. Los cuatro habían sido detenidos en junio de 2011 por estar en posesión de camisetas en las que aparecía la consigna “Fin de la dictadura ya”. Michael Uche Thomas murió en julio en la cárcel debido a una enfermedad y, según la información recibida, a falta de atención médica. En septiembre, Amadou Janneh recibió un indulto presidencial y fue expulsado del país. Modou Keita fue excarcelado un mes más tarde. Ebrima Jallow continuó en la cárcel.
  • En septiembre, dos periodistas, Baboucarr Ceesay y Abubacarr Saidykhan, fueron detenidos arbitrariamente tras solicitar permiso a la policía para manifestarse pacíficamente contra la ejecución en agosto de nueve presos condenados a muerte. Los dos estuvieron recluidos arbitrariamente, fueron acusados de sedición y quedaron en libertad bajo fianza. En octubre se retiraron los cargos por orden del presidente. Unos días después, los periodistas recibieron amenazas de muerte, que la policía afirmó que investigaría, pero al terminar el año no se había avanzado en la investigación.
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Libertad de expresión

En enero se cerró sin explicaciones la emisora de radio independiente Teranga FM. En agosto, unos meses después de su reapertura, agentes del Servicio Nacional de Inteligencia ordenaron de nuevo su cierre. La emisora ya había estado cerrada durante un breve periodo en 2011.

En septiembre, unos hombres vestidos de civil, presuntamente agentes del Servicio Nacional de Inteligencia, entraron en las oficinas de los periódicos The Standard y Daily News y les ordenaron suspender sus actividades. No se presentó orden judicial ni documento alguno ni se ofrecieron explicaciones a los editores. Al terminar el año los periódicos continuaban cerrados.

El mismo mes, un periodista de la BBC, ciudadano francés, estuvo retenido durante más de cinco horas en el aeropuerto de Banjul. Se le ordenó salir del país en el plazo de 48 horas sin ofrecérsele explicación alguna y a pesar de que había obtenido autorización previa para informar desde Gambia. Había llegado al país para informar sobre las ejecuciones de agosto.

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Desapariciones forzadas

En mayo, el inspector general de la policía afirmó que, de acuerdo con información recibida por Interpol, Ebrima Manneh, periodista desaparecido cuando estaba bajo custodia policial en 2006, había sido visto en Estados Unidos. Interpol no confirmó esta información y el nombre de Ebrima Manneh continuó en la lista de personas desaparecidas en el sitio web de la organización. La familia desmintió categóricamente la noticia de que se lo hubiera visto.

  • El 3 de diciembre, dos agentes del Servicio Nacional de Inteligencia detuvieron al imán Baba Leigh, destacado clérigo musulmán y activista de derechos humanos. Baba Leigh había condenado públicamente la ejecución en agosto de nueve reclusos en la prisión de Mile II, había calificado de “antiislámicas” las ejecuciones y había instado al gobierno a devolver los cadáveres a las familias para que pudiesen darles la debida sepultura. Tras ser detenido, Baba Leigh no fue llevado ante un tribunal; el Servicio Nacional de Inteligencia no reconoció su detención y su familia y abogado desconocían su suerte y paradero. Por tanto, había sido sometido a desaparición forzada y corría peligro de sufrir tortura u otros malos tratos. Al terminar el año Amnistía Internacional creía que Baba Leigh permanecía bajo custodia de agentes del Estado y lo consideraba preso de conciencia.
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Condiciones de reclusión

Las deficientes condiciones de salubridad, las enfermedades, la falta de atención médica, el hacinamiento, el calor extremo y la malnutrición asolaban las prisiones de Gambia. No se permitía el acceso de observadores externos. La falta de equipamientos como extintores de incendios ponía en riesgo la seguridad de los presos.

A los presos condenados a muerte no se les permitía recibir visitas de familiares o amigos. La alimentación en las prisiones era de mala calidad pero sólo se permitía recibir alimentos del exterior a los presos preventivos. Los programas de rehabilitación eran inexistentes.

En octubre se supo que cuatro reclusos habían muerto debido a enfermedades, entre ellos dos condenados a muerte, Abba Hydara y el ciudadano de Guinea-Bissau Sulayman Ceesay; no se disponía de más información. Según algunas fuentes, el recluso Amadou Faal, conocido como Njagga, fue brutalmente golpeado en octubre por un guardia de prisiones. Sufrió la pérdida de un ojo pero se le negó atención médica durante varios días. No se tomaron medidas disciplinarias ni se presentaron cargos contra el guardia.

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