Gambia
Jefe del Estado y del gobierno
Yahya Jammeh
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
1,8 millones
Esperanza de vida
58,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
102,8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
46,5 por ciento

Gambia continuaba restringiendo la libertad de expresión. Se detuvo arbitrariamente y recluyó a opositores del gobierno, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Las fuerzas de seguridad cometieron actos de tortura y otros malos tratos, y había casos sin resolver de desaparición forzada.

Información general

El 24 de noviembre se celebraron elecciones presidenciales. El presidente en ejercicio, Yahya Jammeh, fue declarado vencedor, por lo que continuó en el poder, que ocupaba desde hacía ya 17 años. Los partidos políticos dispusieron de 11 días para hacer campaña.

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Detención y reclusión arbitrarias

El Servicio Nacional de Inteligencia, la policía y el ejército fueron responsables de detenciones y reclusiones ilegales. Las personas detenidas casi nunca recibían información acerca de sus derechos o de la razón de su detención o privación de libertad, y en muchos casos permanecían recluidas sin cargos durante periodos superiores a 72 horas, lo que vulneraba lo dispuesto en la Constitución. La tortura seguía utilizándose de manera habitual para obtener confesiones y como castigo.

  • En abril, Mouctar Diallo, estudiante de posgrado, fue detenido por el Servicio Nacional de Inteligencia, acusado de terrorismo y de propagar la revolución de Egipto a Gambia. Tras pasar varios meses bajo arresto domiciliario y luego unos días detenido, quedó en libertad sin cargos en julio.
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Represión de la disidencia

Numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos abogados y periodistas, fueron objeto de detención y reclusión ilegítimas.

  • En marzo, dos familiares del líder opositor exiliado Mai Fatty fueron detenidos y recluidos por exhibir materiales de campaña de carácter político.
  • El 7 de junio, Amadou Scattred Janneh, ex ministro de Información y Comunicación, fue detenido y recluido en la Prisión Central del Estado (Mile 2) junto con Michael C. Ucheh Thomas, Modou Keita y Ebrima Jallow. A los cuatro se les acusó formalmente de traición, cargo que llevaba aparejada la pena de muerte, por imprimir y distribuir camisetas con la consigna “Fin de la dictadura ya”. Al terminar el año su juicio estaba en curso. También se presentaron cargos contra Ndey Tapha Sosseh, defensora de los derechos humanos, pero en esas fechas estaba fuera del país.
  • El 19 de septiembre, Moses Richards, abogado y ex juez del Tribunal Superior, fue declarado culpable de “dar información falsa a un funcionario público” y de “sedición” y condenado a dos años y medio de reclusión con trabajos forzados. En octubre quedó en libertad en aplicación de un indulto presidencial.
  • Edwin Nebolisa Nwakaeme, defensor de los derechos humanos de nacionalidad nigeriana condenado a seis meses de cárcel por dar información falsa a un funcionario público, fue excarcelado el 14 de enero y expulsado del país tras cumplir su condena.
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Libertad de expresión

Los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación sufrían de manera habitual acoso, detenciones y amenazas de cierre, por lo que les resultaba extremadamente difícil llevar a cabo su trabajo.

  • En enero, Teranga FM, una de las últimas emisoras de radio independientes que emitía en Gambia, fue cerrada temporalmente por agentes de la seguridad del Estado. Más tarde se le permitió abrir de nuevo con la condición, al parecer, de que dejara de hacer un repaso de las noticias publicadas en la prensa.
  • En julio, Nanama Keita fue detenido y acusado formalmente de dar “información falsa” tras dirigir una petición al presidente Jammeh en relación con su presunto despido injusto del periódico Daily Observer, del que era redactor jefe de Deportes. Huyó del país luego de recibir amenazas de muerte que consideró procedentes del gobierno. El periodista Seikou Ceesay fue detenido en octubre por actuar como garante de Nanama Keita. La esposa de Seikou Ceesay también fue detenida y estuvo recluida durante un breve periodo.
  • El gobierno no efectuó ningún pago en el caso de Musa Saidykhan, a quien el tribunal de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) concedió 200.000 dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios en diciembre de 2010. Musa Saidykhan, ex redactor jefe de The Independent, fue torturado tras asaltar agentes de la seguridad del Estado las oficinas del periódico en 2006, cerrarlo y encarcelar a su personal.
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Desapariciones forzadas

En octubre, el ministro de Justicia, Edward Gomez, afirmó en una entrevista con el periódico Daily News que el periodista desaparecido Ebrima Manneh estaba vivo “en algún lugar”. Ebrima Manneh, redactor del Daily Observer, propiedad del gobierno, fue detenido por miembros del Servicio Nacional de Inteligencia en las oficinas del periódico el 11 de julio de 2006. Se lo vio por última vez en un hospital bajo custodia policial en julio de 2007. El gobierno no había cumplido todavía una sentencia del tribunal de la CEDEAO de julio de 2008 que ordenaba la liberación inmediata de Ebrima Manneh de la reclusión ilegítima y el pago de 100.000 dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios a su familia. El gobierno seguía negando toda intervención en su detención y desaparición.

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Pena de muerte

En 2011 se dictaron 13 condenas a muerte, lo que elevaba a 44 el número de personas en espera de ejecución.

En abril, el gobierno aprobó la Ley de Control de Drogas (enmienda) de 2011, que sustituía la pena de muerte por la de cadena perpetua para la posesión de más de 250 gramos de cocaína o heroína. La pena de muerte estaba en vigor desde octubre de 2010 para este delito, pero fue revocada para adecuar la imposición de condenas a la Constitución de 1997. También se introdujeron enmiendas, según los informes, para eliminar la pena de muerte en la Ley del Código Penal y en la Ley sobre Tráfico de Personas de 2007, con el fin de hacerlas compatibles con la Constitución de 1997.

También en abril, el Tribunal de Apelación desestimó el recurso presentado por 7 de las 8 personas condenadas a muerte en junio de 2010 tras un juicio manifiestamente injusto por conspirar presuntamente para derrocar el gobierno.

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Condiciones de reclusión

Las condiciones en las prisiones de Gambia eran atroces. Las duras condiciones de reclusión en la Prisión Central del Estado (Mile 2) –hacinamiento, deficientes condiciones de salubridad y alimentación inadecuada– constituían trato cruel, inhumano y degradante.

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