Gambia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Gambia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Gambia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Yahya Jammeh
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
1,7 millones
Esperanza de vida
55,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
123/109 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
42,5 por ciento

El gobierno continuó reprimiendo la disidencia política y social. Miembros del Servicio Nacional de Inteligencia, el ejército y la policía detuvieron arbitrariamente y recluyeron a opositores al gobierno, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y ex miembros de los servicios de seguridad. Según informes, el presidente Yahya Jammeh amenazó públicamente al colectivo de defensores y defensoras de los derechos humanos y a quienes colaboraban con ellos. Después de más de 20 años sin ejecuciones, las autoridades amenazaron con reanudar la aplicación de la pena de muerte.

Detención y reclusión arbitrarias

La policía, el ejército y el Servicio Nacional de Inteligencia detuvieron y recluyeron a personas, incumpliendo las salvaguardas establecidas en la legislación nacional. A las personas detenidas se las recluía en lugares de detención oficiales, como la Prisión Central del Estado (Mile 2), las oficinas centrales del Servicio Nacional de Inteligencia y centros de detención policiales, pero también en centros secretos de detención, como almacenes, cuarteles militares, comisarías de zonas remotas y dependencias secretas de comisarías.

  • En marzo, más de 1.000 habitantes del distrito de Foni Kansala fueron llevados a centros secretos de detención por “cazadores de brujas” procedentes de Guinea y Burkina Faso que llevaban atuendos con capuchas rojas y que, al parecer, habían sido invitados por el presidente y estaban acompañados por policías gambianos, soldados, agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y la guardia personal del presidente. Según informes, obligaron a las personas a beber líquidos alucinógenos y a confesar ser culpables de “brujería”. Al parecer, las bebidas provocaban problemas renales y, según informes, causaron al menos seis muertes. El dirigente de la oposición Halifa Sallah, que escribió sobre la “campaña contra la brujería” en el diario de la oposición Foroyaa, fue detenido, acusado de traición y recluido en la prisión de Mile 2 hasta que su caso fue desestimado a finales de marzo. La “campaña contra la brujería” finalizó cuando salió a la luz pública, pero ninguna de las personas que participaron en los abusos fue procesada.

Varias personas llevaban largo tiempo encarceladas sin juicio. Entre ellas había al menos 19 personas, incluidos algunos ciudadanos de Senegal y Nigeria, que estaban recluidas sin cargos en celdas de máxima de seguridad de la prisión de Mile 2; una de ellas llevaba allí 13 años como mínimo.

  • Continuaban encarceladas al menos dos personas detenidas en relación con una conspiración para dar un golpe de Estado en marzo de 2006. Alieu Lowe estaba recluido sin cargos ni juicio, y Hamadi Sowe, acusado de ocultación de traición, permanecía recluido sin juicio.

Libertad de expresión: periodistas

La libertad de expresión continuaba siendo objeto de graves limitaciones. Los periodistas sufrían amenazas e intimidación si se sospechaba que escribían historias desfavorables para las autoridades o que ofrecían información a los medios de comunicación.

  • El 15 de junio, siete periodistas fueron detenidos tras criticar al presidente por sus comentarios sobre el asesinato no resuelto, cometido en 2004, de Deyda Hydara, ex director del diario The Point. Los siete fueron acusados de difamación y sedición. Uno de ellos quedó en libertad bajo fianza y posteriormente se retiraron los cargos en su contra. El 6 de agosto, los otros seis fueron declarados culpables y condenados a dos años de cárcel y a una multa. Emil Touray, secretario general del Sindicato de Prensa de Gambia, Sarata Jabbi Dibba, vicepresidenta del mismo sindicato, Pa Modou Faal, su tesorero, Pap Saine y Ebrima Sawaneh, editor y director respectivamente del diario The Point, y Sam Sarr, director del diario Foroyaa, fueron considerados presos de conciencia. El 3 de septiembre quedaron en libertad gracias a un indulto presidencial.

Desapariciones forzadas

Continuaba sin conocerse el paradero ni la suerte que habían corrido al menos ocho personas detenidas en años anteriores, entre las que había periodistas y partidarios de la oposición.

  • Chief Ebrima Manneh, periodista del Daily Observer detenido en 2006, continuaba desaparecido, a pesar del fallo dictado en 2008 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) que ordenaba su puesta en libertad y el pago de una indemnización a su familia. En octubre, el gobierno negó que tuviera conocimiento de su paradero.
  • El gobierno siguió negando que tuviera conocimiento del paradero de Kanyiba Kanyie, partidario de la oposición detenido en septiembre de 2006.

Homicidios ilegítimos

En abril, un equipo creado por la CEDEAO y la ONU informó del homicidio en julio de 2005 de más de 50 personas extranjeras, la mayoría procedentes de Ghana, que habían sido interceptadas por fuerzas de seguridad gambianas en aguas territoriales de Gambia. El informe establecía que las fuerzas de seguridad gambianas habían participado en los hechos, pero no por orden del gobierno. Éste colaboró con los gastos de los funerales de seis ghaneses cuyos cadáveres fueron hallados, pero no tomó medidas para que los responsables de los homicidios fuesen procesados.

Pena de muerte

En septiembre, el presidente anunció que se reanudarían las ejecuciones para luchar contra el aumento de la delincuencia; la última ejecución conocida se había llevado a cabo en la década de 1980. En octubre, según informes, el director de la Fiscalía afirmó que todas las personas encarceladas condenadas a muerte serían ejecutadas mediante ahorcamiento lo antes posible.

Una persona fue condenada a muerte, y a finales de año se creía que había al menos 12 en espera de ejecución. No se recibieron informes de ejecuciones.

  • En agosto, el Tribunal de Primera Instancia de Banjul condenó a muerte a Kalilou Conteh por asesinato.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Según informes, el 21 de septiembre el presidente amenazó con matar a toda persona que pretendiese desestabilizar el país y, en concreto, amenazó a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a quienes trabajaban con ellos. Como consecuencia, organizaciones internacionales y miembros de la sociedad civil gambiana boicotearon el periodo de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos celebrado en Banjul en noviembre. Dos relatores especiales de la ONU y un relator que trabajaba para la Comisión Africana condenaron los comentarios del presidente afirmando que eran inaceptables e infringían todos los instrumentos de derechos humanos ratificados por Gambia.

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