Fiyi - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de las Islas Fiyi

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Fiyi is now live »

Jefe del Estado
Ratu Epeli Nailatikau (sustituyó a Ratu Josefa Iloilovatu Uluivuda en agosto)
Jefe del gobierno
Josaia Voreqe Bainimarama
Pena de muerte
abolicionista sólo para delitos comunes
Población
0,8 millones
Esperanza de vida
68,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
25/24 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
94,4 por ciento

La suspensión de la Constitución, la destitución de la judicatura y la imposición de la normativa de excepción socavaron aún más la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho. El gobierno, encabezado por las fuerzas armadas, continuó violando el derecho a la libertad de expresión e intimidando a periodistas y miembros de la población. La Comisión de Derechos Humanos de Fiyi carecía de independencia, y un decreto gubernamental limitó sus competencias. La violencia contra las mujeres fue práctica habitual, y por norma sus responsables gozaban de impunidad.

Información general

El 10 de abril, el presidente Ratu Iloilovatu derogó la Constitución, destituyó a la judicatura y declaró el estado de excepción mediante el Reglamento de Emergencia Pública. Estas medidas se tomaron al día siguiente del fallo del Tribunal de Apelación que declaró ilegales el golpe de Estado militar de diciembre de 2006 y la actuación posterior de su dirigente, el comodoro Bainimarama, y del presidente Ratu Iloilovatu. A partir de abril, la libertad de los medios de comunicación sufrió graves restricciones; la independencia del poder judicial y de los abogados fue objeto de injerencias por parte del poder ejecutivo; y decenas de defensores de los derechos humanos, periodistas y personas críticas con el gobierno fueron detenidos, permanecieron recluidos durante breves periodos y sufrieron amenazas u otros tipos de intimidación.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

El Decreto de Revocación de los Cargos Judiciales, dictado en abril, anuló todos los nombramientos de jueces realizados en virtud de la Constitución de Fiyi. Seis semanas después se designó a los jueces del Tribunal Superior. Algunos jueces destituidos en abril aceptaron un nuevo nombramiento, pero otros no.

Dos decretos dictados en abril y mayo prohibieron que los tribunales y la Comisión de Derechos Humanos tratasen cuestiones relativas a la derogación de la Constitución y a otras medidas adoptadas por el gobierno. El decreto de mayo también limitó las competencias de la Comisión a la educación en derechos humanos. En mayo, el Decreto sobre Profesionales del Derecho revocó al Colegio de Abogados de Fiyi la facultad de expedir a los abogados licencias para el ejercicio de la profesión y se la concedió al secretario del Tribunal Superior, nombrado por el gobierno. El decreto también eliminó la participación del Colegio de Abogados en la Comisión de Servicios Judiciales, con competencias para nombrar a los jueces del Tribunal Superior.

  • En mayo, la secretaria del Tribunal Superior dirigió un registro en las oficinas del Colegio de Abogados y retiró archivos del local sin que mediase una orden judicial.
  • El magistrado jefe Ajmal Khan y el magistrado Maika Nakora, ambos nombrados en mayo, fueron destituidos en julio y agosto, respectivamente, sin una explicación oficial.

Libertad de expresión

El Reglamento de Emergencia Pública otorgó a la Secretaría Permanente de Información competencias para revocar la licencia de todo medio de comunicación que imprimiese, publicase o transmitiese cualquier tipo de información en la que se diese una imagen negativa del gobierno, lo que desembocó en una censura generalizada de los medios de comunicación. A partir de abril, el gobierno utilizó el Reglamento de Emergencia Pública para intimidar a personas críticas y a defensores y defensoras de los derechos humanos, y arrestó o detuvo sin cargos a no menos de 20 periodistas.

  • En abril, la policía, en aplicación del Reglamento de Emergencia Pública, detuvo a varios periodistas, uno de los cuales fue interrogado por facilitar imágenes de televisión a un periodista australiano. A los profesionales de la información se les advirtió de que practicasen el “periodismo de la esperanza”, lo que significaba que tenían que abstenerse de informar negativamente sobre el gobierno, so pena de recibir duras sanciones de las autoridades.
  • En mayo, dos periodistas fueron detenidos e interrogados por publicar un informe sobre la excarcelación de varios soldados y un agente de policía que habían sido declarados culpables de asesinato por la muerte de un joven en junio de 2007. El gobierno admitió posteriormente que la historia era cierta.
  • En noviembre, miembros de las fuerzas armadas detuvieron al profesor universitario australiano Brij Lal, natural de Fiyi, en relación con una entrevista que había concedido a medios de comunicación extranjeros. Los militares amenazaron con matarlo si no abandonaba el país de inmediato. Salió de Fiyi al día siguiente.

Libertad de religión

En julio, el gobierno prohibió que la Iglesia metodista celebrase su congreso eclesiástico anual. La policía detuvo brevemente e interrogó a altos cargos de la Iglesia y a una dirigente que posteriormente también fueron interrogados por militares. Se les acusó de delitos tipificados en el Reglamento de Emergencia Pública por organizar los preparativos para la celebración del congreso. A otras iglesias y organizaciones religiosas se les permitió celebrar sus congresos anuales.

El director general de la policía Esala Teleni inició una “cruzada cristiana”, un programa divulgativo sobre el cristianismo para policías que pretendía frenar la delincuencia, mediante el cual los agentes tenían que transmitir los valores del cristianismo a la población a través de oficios religiosos en centros de las ciudades. Esta “cruzada” era obligatoria para todos los agentes de policía, al margen de su religión. Los policías que no siguieron el programa porque profesaban otra fe fueron despedidos.

Violencia contra mujeres y niñas

El índice de violencia contra las mujeres continuó siendo elevado. La policía no abordaba el problema de forma efectiva ni detenía o presentaba cargos contra los sospechosos, sino que obligaba a las supervivientes a reconciliarse con sus parejas violentas como parte de su “cruzada cristiana”. Desde junio hasta octubre se denunciaron numerosos casos de violaciones de mujeres y muchachas.

  • En julio, una mujer fue violada y arrojada al mar. Ese mismo mes, un hombre fue acusado de violar a sus hijas y a su nuera en varias ocasiones.

Las estadísticas del Centro de Crisis para Mujeres de Fiyi mostraron que el número de casos de violencia intrafamiliar tratados a lo largo del año había ido en constante aumento.

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