Austria

Cuatro agentes de policía fueron declarados culpables de delitos que de hecho equivalían a tortura, delito no tipificado en las leyes austríacas. Entraron en vigor nuevas disposiciones legales que permitían la alimentación forzada de personas en determinadas circunstancias.

Tortura y malos tratos

En agosto, cuatro agentes de policía fueron declarados culpables de golpear y amenazar a Bakary J., ciudadano gambiano, sometiéndolo a un simulacro de ejecución. En abril, los policías llevaron a Bakary J., cuya expulsión había sido suspendida, a un almacén vacío de Viena, donde lo esposaron, le propinaron patadas, lo golpearon y lo amenazaron con un simulacro de ejecución. Los agentes lo llevaron después a un hospital y dijeron al personal que había resultado herido cuando intentaba escapar. Finalmente, Bakary J. fue devuelto a un centro de detención. Ni los agentes de policía ni el personal médico del hospital informaron de los hechos, y las investigaciones criminales no se iniciaron hasta que la esposa de Bakary J. presentó una denuncia. Según la documentación médica, Bakary J. presentaba varias fracturas de cráneo y hematomas en el cuerpo.

A finales de agosto, el Tribunal Superior de lo Penal de Viena falló que los agentes de policía habían infligido las lesiones a Bakary J. o habían permitido que se le infligieran. Se impusieron a tres de los agentes sendas penas condicionales de ocho meses de prisión por torturar a Bakary J. y al cuarto una pena condicional de seis meses por negligencia. El juez definió el incidente como un «descuido», y a modo de atenuante aludió a las condiciones de tensión en las que tenían lugar las expulsiones. En diciembre, la comisión disciplinaria de la Policía de Viena condenó a los agentes a multas de cantidades equivalentes a entre uno y cinco meses de salario.

Ley de Policía de Inmigración

A finales de agosto, Geoffrey A., ciudadano nigeriano, comenzó una huelga de hambre mientras estaba detenido en espera de ser expulsado. En aplicación de lo dispuesto en la Ley de Policía de Inmigración, que había entrado en vigor en enero, lo trasladaron a la cárcel, donde no se le dispensó atención médica alguna. Lo excarcelaron después de 41 días en huelga de hambre, en un estado de gran debilidad. Ninguna persona recibió notificación de su liberación, y cuando se dirigía a su domicilio se desplomó y hubo de ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Viena.

Geoffrey A. estuvo recluido en aplicación de la Ley de Policía de Inmigración. Debido a contradicciones intrínsecas de la ley, en lugar de quedar en libertad debido a sus problemas de salud, como era la práctica antes de la entrada en vigor de la nueva ley, las personas que estaban en espera de ser expulsadas y llevaban a cabo una huelga de hambre podían continuar privadas de libertad para ser alimentadas por la fuerza, en tanto que, en reconocimiento de la ética médica, el personal médico no estaba legalmente obligado a alimentar por la fuerza a las personas detenidas. El resultado en la práctica era que las personas que llevaban a cabo una huelga de hambre podían estar recluidas hasta que murieran o, como en el caso de Geoffrey A., tras sufrir un grave deterioro de su salud, quedaban en libertad sin supervisión médica efectiva.