Eritrea - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Estado de Eritrea

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Eritrea is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Isaias Afewerki
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
5,1 millones
Esperanza de vida
59,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
78/71 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
64,2 por ciento

La libertad de expresión era objeto de severas restricciones y se reprimían las críticas legítimas al gobierno. El periodismo independiente, la oposición política, los grupos religiosos no registrados y la sociedad civil sufrían grandes restricciones. Supuestos detractores del gobierno continuaban detenidos. Las personas que desertaban de las fuerzas armadas y las que eludían el reclutamiento militar obligatorio y sus familias sufrían hostigamiento, prisión y malos tratos. Familiares de personas detenidas denunciaron que el gobierno vigilaba las comunicaciones internacionales y que éstas eran motivo de represalias.

Información general

Aunque el gobierno proclamaba que el país era autosuficiente, la población seguía dependiendo en gran medida de la ayuda alimentaria internacional. Los países donantes y las instituciones intergubernamentales aportaron millones de dólares estadounidenses en concepto de ayuda; la Unión Europea donó 122 millones de euros en 2009. La escasez de alimentos se agravó en algunas zonas debido a la sequía y la desertificación. El gobierno dependía cada vez más de una tasa del 2 por ciento que gravaba a la mayoría de los integrantes de la diáspora eritrea.

Numerosos eritreos, en su mayoría jóvenes, huyeron a Etiopía, Kenia, Uganda y Sudán para eludir el reclutamiento para el servicio militar.

Los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Africana y Estados Unidos acusaron a Eritrea de apoyar a grupos armados de oposición somalíes. En diciembre, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1907, que imponía a Eritrea sanciones como el embargo de armas, la congelación de fondos y la prohibición de viajar a personas y organizaciones por determinar. Eritrea mantuvo la presencia de tropas en las zonas en litigio de Ras Doumeira y la isla Doumeira de Yibuti, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía la retirada de Eritrea.

No se hizo efectivo el dictamen de la Comisión de Fronteras Eritrea-Etiopía de octubre de 2008. Sin embargo, Eritrea afirmó que respetaría la decisión de la Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía que exigía al gobierno el pago a Etiopía de 12,6 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios en relación con la guerra fronteriza de 1998 a 2000.

Libertad de religión

Los miembros de grupos religiosos proscritos continuaban en peligro de sufrir hostigamiento, detención y reclusión en régimen de incomunicación. Sólo cuatro instituciones religiosas estaban reconocidas oficialmente en Eritrea desde 2002: la Iglesia ortodoxa etíope, la Iglesia católica, la Iglesia luterana y el islam.

  • Unos 3.000 cristianos de religiones no aprobadas por el Estado continuaban recluidos.
  • El 15 de octubre, personal de seguridad eritreo allanó el domicilio del pastor Tewelde Hailom, autoridad de la Iglesia del Evangelio Completo. El pastor Hailom no fue puesto bajo custodia debido a su precaria salud, pero otras tres personas que se hallaban con él fueron detenidas. Dos días después, otros siete miembros de su congregación fueron detenidos.

Las autoridades detuvieron al menos a 22 testigos de Jehová, según informes, por lo que el número de personas bajo custodia a causa de la objeción de conciencia y de actividades religiosas ascendía a un mínimo de 61.

Presos de conciencia y otras personas detenidas por motivos políticos

El gobierno reaccionó con hostilidad ante cualquier forma de crítica e impuso severas restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación.

Personas detenidas por motivos políticos que estaban encarceladas desde la represión gubernamental de 2001 continuaban recluidas en régimen de incomunicación. En la mayoría de los casos, seguía sin conocerse su paradero y su estado de salud.

Entre los presos de conciencia había personas que habían eludido el reclutamiento militar y desertores del ejército. Algunos presos de conciencia eran también solicitantes de asilo fallidos que habían sido devueltos a Eritrea.

A principios de 2009 se recibieron informaciones sin confirmar de que 9 de los 11 ex altos cargos del gobierno conocidos como G-15 habían muerto bajo custodia desde 2002. El grupo había reclamado reformas en el gobierno en 2001.

Libertad de expresión: periodistas

El gobierno ejercía un control férreo sobre todos los medios de comunicación y reaccionaba con hostilidad cuando percibía cualquier crítica en los medios del Estado. Toda actividad periodística independiente estaba prohibida de hecho desde 2001.

  • Diez periodistas que protestaron contra el cierre de los medios en 2001 continuaban recluidos en régimen de incomunicación. Cuatro podrían haber muerto bajo custodia desde 2002.
  • El 22 de febrero, al menos 50 empleados de Radio Bana fueron detenidos por fuerzas de seguridad eritreas. Aunque algunos quedaron en libertad más tarde, un número desconocido continuaban recluidos. No se los acusó formalmente de ningún delito.
  • En enero, el preso de conciencia Dawit Isaak fue trasladado, según los informes, a un hospital de la Fuerza Aérea en Asmara. Al parecer estaba gravemente enfermo, aunque seguían sin conocerse con certeza el alcance y la causa de su enfermedad. Dawit Isaak, periodista del semanario Setit, fue encarcelado en 2001 en el marco de la represión gubernamental. Quedó en libertad el 19 de noviembre de 2005, pero dos días después lo detuvieron de nuevo cuando se dirigía a un hospital.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Cientos de personas huían del país cada mes con destino a Sudán y Etiopía, según los informes, entre ellas las que eludían el reclutamiento para el servicio militar.

En abril, el ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) publicó nuevas directrices en las que pedía la “evaluación completa” de todas las solicitudes de asilo eritreas, debido al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. El ACNUR recomendaba que los Estados se abstuvieran de llevar a cabo devolución alguna a Eritrea de solicitantes de asilo rechazados, basándose en una evaluación de la situación de los derechos humanos y el trato que se había dispensado a personas devueltas en el pasado. Pese a estas recomendaciones, Egipto y Suecia devolvieron a personas refugiadas y solicitantes de asilo eritreas.

  • En enero, Egipto devolvió al menos a 64 eritreos que intentaban llegar a Israel.

Al menos ocho personas fueron devueltas a Eritrea desde Suecia, en contra de las directrices del ACNUR (véase el apartado sobre Suecia).

Según testimonios de personas detenidas que lograron huir, los agentes de las fuerzas de seguridad eritreas mostraban un interés especial en conocer qué habían dicho los solicitantes de asilo fallidos acerca de Eritrea durante su proceso de solicitud de asilo. Todas las declaraciones relativas a persecución en Eritrea se consideraban actos de traición contra el Estado.

Reclutamiento militar

El servicio nacional era obligatorio para los hombres y las mujeres a partir de los 18 años. Tenía una duración inicial de 18 meses, incluía 6 meses de servicio militar y frecuentes trabajos forzados, podía prorrogarse indefinidamente y en muchos casos debían cumplirse obligaciones en la reserva una vez concluido. Gran parte de la población adulta cumplía el servicio obligatorio. No existían exenciones del servicio militar para los objetores de conciencia. Los castigos por eludir el servicio nacional o desertar de él eran severos, e incluían la tortura y la reclusión sin juicio. Algunos familiares de personas que habían eludido el servicio nacional o habían desertado eran también objeto de hostigamiento, encarcelamiento y tortura.

Los testigos de Jehová corrían un riesgo especial debido a su objeción de conciencia al servicio militar.

Tortura y otros malos tratos

Las autoridades interrogaban, torturaban e infligían otros malos tratos a personas contrarias al gobierno en un intento de disuadir de la manifestación de opiniones disidentes. En muchos casos, los presos eran azotados, pateados o amarrados con cuerdas en posturas dolorosas durante periodos prolongados.

Las condiciones de reclusión eran atroces. Muchos presos eran recluidos en celdas subterráneas o en contenedores de mercancías y se les impedía ver la luz del día. Las condiciones eran de hacinamiento, humedad y falta de higiene. A las personas encarceladas se las exponía con frecuencia al sol durante periodos prolongados, o se las encerraba en contenedores metálicos, lo que aumentaba los extremos de calor y frío.

Personas encarceladas por motivos religiosos murieron bajo custodia, según los informes, como consecuencia de las condiciones severas y los malos tratos, o por falta de atención médica para enfermedades susceptibles de tratamiento.

  • Dos cristianos, Mogos Hagos Kiflom y Mehari Gebreneguse Asegedom, murieron bajo custodia en enero, según los informes.
  • Yemane Kahasay Andom, de 43 años de edad, de la Iglesia Kale Hiwot, murió el 29 de julio a causa de la tortura, según los informes. Lo habían recluido en una celda subterránea en régimen de aislamiento y al parecer se negó a firmar un documento en el que renunciaba a su religión.

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