Eritrea - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Eritrea

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Eritrea is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Isaias Afewerki
Pena de muerte : abolicionista en la práctica
PoblaciÓn : 4,6 millones
Esperanza de vida : 56,6 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 84/78 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 60,5 por ciento

Dos terceras partes de la población seguían dependiendo de la ayuda alimentaria de emergencia de la comunidad internacional. El gobierno no permitía el funcionamiento de partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil independientes ni grupos religiosos no registrados oficialmente, y no toleraba tampoco ninguna disidencia. Se encontraban recluidas millares de personas consideradas presos de conciencia por Amnistía Internacional. No había Estado de derecho ni sistema de justicia civil ni militar reconocibles. Las personas detenidas no tenían medios jurídicos de reparación, y los jueces no podían declarar inadmisibles ni cuestionar las detenciones arbitrarias ni las acciones militares o del gobierno que violaran derechos humanos. No se respetaban ni hacían cumplir las garantías constitucionales y jurídicas de protección de los derechos humanos.

Información general

No se hizo la demarcación de fronteras resultante de la guerra entre Eritrea y Etiopía de 1998-2000, por lo que la Comisión Internacional de Fronteras terminó su trabajo en noviembre con la disputa sin resolver. Eritrea impuso severas restricciones a la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea (MINUEE), que administraba una zona temporal de seguridad en el lado eritreo de la frontera. Las tropas del gobierno de Eritrea avanzaron sobre la zona y detuvieron o reclutaron a varios miembros del personal eritreo de la MINUEE. Se temía que se produjera un nuevo estallido de los combates entre las tropas etíopes y eritreas concentradas a lo largo de la frontera, debido en parte a la participación de ambos países en el conflicto de Somalia. El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó en diciembre el mandato de la MINUEE.

Eritrea continuó prestando apoyo a grupos armados de oposición etíopes. Apoyó a la oposición a las tropas etíopes en Somalia, incluida la Alianza para la Reliberación de Somalia, formada en Eritrea a mediados de 2007. Etiopía prestó apoyo a grupos eritreos de oposición que anteriormente tenían sus bases en Sudán.

Libertad de expresión

Personas detenidas por sus creencias religiosas

En 2007 se detuvo y recluyó indefinidamente sin cargos ni juicio a centenares de miembros de minorías cuyas religiones el gobierno había prohibido en 2002. Muchos fueron detenidos cuando celebraban clandestinamente sus oficios religiosos en domicilios particulares o en bodas y funerales. El gobierno cerró sus iglesias, confiscó las propiedades de éstas y paralizó sus proyectos de asistencia social. Asimismo, se encarceló por su actitud crítica a personas adeptas a religiones permitidas, como la Iglesia ortodoxa eritrea, la católica, la luterana y el islam.

  • El patriarca (Abune) Antonios, jefe de la Iglesia ortodoxa eritrea, fue trasladado en mayo a un centro secreto de detención de seguridad, tras el nombramiento, en contra del reglamento eclesiástico, de un nuevo patriarca partidario del gobierno. Estaba bajo arresto domiciliario desde enero de 2006 por haber criticado la injerencia del gobierno en los asuntos eclesiásticos y la detención de tres sacerdotes ortodoxos. Aunque tenía 79 años de edad y estaba mal de salud, se le negaba la medicación que necesitaba para su diabetes.

Al terminar 2007 había al menos 2.000 presos de conciencia que habían sido detenidos por sus creencias religiosas, en su mayoría evangélicas. Entre ellos había mujeres y menores, así como algunas personas que llevaban más de tres años recluidas en régimen de incomunicación, incluidos 27 testigos de Jehová, tres de los cuales estaban presos en una base militar de Sawa desde 1994.

Personas encarceladas por motivos políticos

Las fuerzas de seguridad detuvieron a menudo a personas sospechosas de criticar al gobierno, y no se toleró ninguna disidencia. No se permitía ningún foro para la expresión independiente de opiniones políticas ni ninguna asociación política. Según informes, las autoridades interceptaban las comunicaciones telefónicas y por Internet.

Era difícil conseguir información sobre las personas desaparecidas durante su detención en secreto. Las fuerzas de seguridad tomaban represalias contra los familiares de los detenidos si preguntaban por su detención o se ponían en contacto con organizaciones internacionales de derechos humanos.

  • Continuaron recluidos en secreto 11 ex ministros y veteranos del movimiento de liberación eritreo que habían pedido reformas democráticas. Sus familias no los veían desde su detención en 2001. El gobierno los había acusado de traición, pero jamás se presentaron cargos contra ellos ni se los llevó ante un tribunal. Según informes, algunos, como el general Ogbe Abraha, habían muerto bajo custodia debido a las malas condiciones y a la falta de atención médica.

También siguieron recluidas en secreto centenares de personas más detenidas en 2001 y posteriormente. A las pocas que habían sido puestas en libertad les habían ordenado no contar nada de su experiencia.

  • Aster Yohannes, esposa del ex ministro detenido Petros Solomon, continuó recluida en régimen de incomunicación. Había sido detenida en 2003, a su regreso de Estados Unidos, donde había ido a ver a sus hijos.
  • Varios solicitantes de asilo devueltos por Malta y Libia en 2002 y 2003, respectivamente, continuaron detenidos en secreto.

Periodistas

No se permitió el funcionamiento de ningún medio de comunicación independiente ni privado. La prensa privada había sido cerrada en 2001.

  • Diez periodistas detenidos en 2001 por su presunto apoyo a ministros disidentes acusados de traición continuaron recluidos en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. Amnistía Internacional los consideraba presos de conciencia. Según informes no confirmados, Fessayahe Yohannes (conocido como «Joshua») había muerto ya bajo custodia.

Los periodistas que trabajaban, sometidos a un estricto control, en los medios de comunicación estatales eran detenidos si parecía que criticaban al gobierno. En 2007 se detuvo a ocho, algunos de los cuales continuaban recluidos, según informes, al final del año o habían sido reclutados por el ejército.

Reclutamiento militar

El servicio militar nacional, que podía cumplirse en el ejército o en puestos civiles con condiciones militares, era de duración indefinida, lo cual estaba justificado, según el gobierno, por la amenaza militar de Etiopía. Era obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 40 años, con muy pocas excepciones. Las personas de entre 40 y 50 años o desmovilizadas desempeñaban funciones en la reserva. Las mujeres de más de 27 años estaban exentas extraoficialmente. No había excepciones por objeción de conciencia, ni siquiera en el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que se negaban a cumplir el servicio militar, pero no el servicio en tareas de desarrollo.

Los reclutas desempeñaban funciones militares o trabajos de construcción o trabajaban en el servicio civil con el sueldo reducido a pequeñas pagas de «dinero para gastos». Algunos eran enviados a destinos militares fuera del país. Dos periodistas reclutas capturados en Somalia en enero fueron entregados ilegalmente a Etiopía y encarcelados.

La policía detenía a los familiares de los jóvenes que se ocultaban o huían al extranjero para no ser reclutados y, si éstos no regresaban, les hacía pagar cuantiosas multas. Si se negaban a pagar la multa o no podían hacerlo, quedaban recluidos indefinidamente. Este sistema no tenía ninguna base legal ni podía impugnarse en los tribunales.

Los menores cursaban el último año de escolarización en un centro de instrucción militar de Sawa, de donde pasaban luego al servicio militar o a centros de formación en oficios, en cuyo caso se aplazaba el reclutamiento hasta su graduación. No había ya educación universitaria en Eritrea. Millares de jóvenes que iban a ser reclutados o lo habían sido ya huyeron del país para solicitar asilo fuera de él.

Tortura y otros malos tratos

La tortura consistente en atar a la víctima en posturas dolorosas, conocida como «el helicóptero», siguió siendo práctica habitual como castigo y como técnica de interrogatorio de personas detenidas por motivos religiosos o políticos. Se torturó a miembros de iglesias evangélicas para hacerlos abandonar su fe. Asimismo, se torturó a personas que habían cometido delitos militares. Muchas de ellas eran jóvenes que habían intentado huir para eludir su reclutamiento o que se habían quejado de las malas condiciones y la duración indefinida del servicio nacional.

Las condiciones de reclusión eran extremadamente duras y constituían trato cruel, inhumano y degradante. Muchos presos estaban recluidos en contenedores para el transporte de mercancías, donde vivían hacinados, sin higiene, por falta de retrete o de agua para lavarse, y soportando calor y frío extremos. Raras veces se prestaba a los reclusos atención médica.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

A pesar de una directriz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) según la cual los solicitantes de asilo eritreos rechazados no debían ser devueltos a su país debido a la grave situación de los derechos humanos allí imperante, a finales de 2007 Sudán devolvió a varios, que fueron detenidos. Entre ellos había algunos que habían sido reconocidos como refugiados. Un solicitante de asilo fue devuelto desde Reino Unido y quedó detenido. Centenares de solicitantes de asilo detenidos en Libia estaban expuestos a ser devueltos a Eritrea. La mayoría de los solicitantes de asilo eritreos habían huido para eludir su reclutamiento.

Informes de Amnistía Internacional

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