Eritrea - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Eritrea

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Eritrea is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Issayas Afewerki
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Varios miles de presos de conciencia estaban recluidos en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. Algunos ex altos cargos del gobierno permanecían recluidos en un lugar de detención secreto. Se desconocía el paradero de muchas personas encarceladas por motivos religiosos o políticos, entre ellas periodistas. Muchas eran de hecho víctimas de desapariciones forzadas. Un general del ejército permanecía recluido desde hacía 14 años y tres personas encarceladas por motivos religiosos seguían privadas de libertad desde hacía 12. Muchas personas detenidas fueron torturadas. Las condiciones de reclusión, como el encierro en celdas subterráneas o en contenedores de metal, equivalían a tratos crueles, inhumanos y degradantes. En las prisiones no se facilitaba prácticamente ningún tratamiento médico.

Información general

Dos tercios de la población dependían de la ayuda internacional de emergencia para alimentarse. El gobierno expulsó a varias ONG internacionales que prestaban ayuda humanitaria. Los donantes siguieron proporcionando ayuda humanitaria de emergencia, pero la mayoría había suspendido desde hacía tiempo las ayudas al desarrollo porque el gobierno no había puesto en marcha el proceso constitucional de democratización ni aplicado los tratados de derechos humanos que había ratificado.

Como en años anteriores, no se permitió actuar al colectivo de defensores de los derechos humanos, y se prohibieron organizaciones sociales independientes y grupos religiosos no inscritos oficialmente. El único partido político permitido era el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, partido gobernante conocido anteriormente como Frente Popular de Liberación de Eritrea. No se toleraba la disidencia.

El Consejo de Seguridad de la ONU amplió hasta enero de 2007 la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea (MINUEE), pero criticó el estancamiento de las negociaciones sobre los límites fronterizos. Eritrea siguió exigiendo a Etiopía que aplicara la resolución adoptada por la Comisión Internacional de Fronteras tras el conflicto armado registrado entre 1998 y 2000 y se negó a entablar negociaciones sobre la delimitación de fronteras. El Consejo de Seguridad de la ONU criticó las crecientes restricciones impuestas por Eritrea a la libre circulación de la MINUEE en la zona temporal de seguridad que administra en el lado eritreo de la frontera, así como la detención de varios miembros de la MINUEE en 2006. Criticó también la reclusión en régimen de incomunicación, sin cargos ni juicio, de un miembro del personal internacional de la MINUEE que estuvo detenido durante unas semanas, según los informes, por cargos falsos de tráfico ilegal.

El gobierno continuó dando cobijo a grupos armados de oposición etíopes y sudaneses. Según un grupo de la ONU que vigilaba las violaciones del embargo de armas impuesto a Somalia, envió armas y ayuda militar a la Unión de Tribunales Islámicos de Somalia. Por otra parte, se enfrentaba a la amenaza de la oposición armada de la Alianza Democrática de Eritrea, grupo radicado en Sudán al que Etiopía apoyaba también.

Persecución religiosa

Los grupos religiosos minoritarios, como los Testigos de Jehová y más de 35 iglesias cristianas evangélicas, siguieron proscritos, sus lugares de culto cerrados y sus reuniones religiosas prohibidas. Sólo se permitieron las actividades de las cuatro principales confesiones de Eritrea: la iglesia ortodoxa de Eritrea, la iglesia católica, la iglesia luterana de Mekane Jesús y el islam. Se reprimió también a grupos disidentes de estas confesiones, así como a los que se oponían a la autoridad del gobierno sobre ellos. El patriarca Antonios, máxima autoridad de la iglesia ortodoxa de Eritrea, fue despojado de sus atribuciones a mediados de 2005 y se encontraba desde entonces bajo arresto domiciliario por protestar contra la detención en 2004 de tres sacerdotes ortodoxos y contra las penas de prisión secreta que se les habían impuesto.

A lo largo del año, decenas de miembros de las iglesias prohibidas fueron detenidos por celebrar oficios religiosos en sus casas, en bodas o cuando proclamaban su fe a otras personas. Se los condujo a comisarías de policía, prisiones de seguridad o campamentos del ejército, y a muchos de ellos los torturaron o amenazaron con el fin de obligarlos a firmar una declaración por la que se comprometían a dejar de practicar su religión como condición para quedar en libertad. Estuvieron recluidos de forma ilegal y en régimen de incomunicación, sin ser sometidos a juicio ni acusados de ningún delito. También los reclutas del servicio nacional eran castigados si practicaban su religión.

Se calculaba que 2.000 miembros de las iglesias evangélicas minoritarias, incluidos unos 20 pastores, permanecían recluidos en condiciones muy duras. Entre ellos había mujeres y menores. Durante 2006 se detuvo al menos a 237 personas, un número menor que en 2005, debido posiblemente a las fuertes críticas internacionales contra la persecución religiosa. La mayoría de los presos se encontraban recluidos en campamentos del ejército situados en lugares remotos, y permanecían encerrados en celdas subterráneas o en contenedores de metal. A ninguno se le había permitido el acceso a sus familiares desde su detención. La mayoría de los pastores estaban recluidos juntos en la prisión de seguridad de Karchele, en Asmara.

Helen Berhane, famosa cantante de gospel de la iglesia evangélica Rema, quedó en libertad en noviembre después de haber estado detenida en el campamento militar de Mai Serwa desde mayo de 2004. El mes anterior la habían llevado a un hospital de Asmara en estado muy grave después de haber sido torturada de nuevo.

En el campamento militar de Sawa, cerca de la frontera sudanesa, tres testigos de Jehová permanecían recluidos en régimen de incomunicación desde 1994, cuando el gobierno privó de sus derechos ciudadanos básicos a todos los miembros de esta confesión religiosa por negarse a portar armas o realizar el servicio militar. Durante el año se detuvo a miembros de los Testigos de Jehová, con lo que se elevó a 27 el número de personas de este grupo religioso recluidas sin cargos ni juicio.

Presos de conciencia y personas encarceladas por motivos políticos

Tras la campaña de represión de la disidencia lanzada en septiembre de 2001, 11 ex ministros del gobierno y ex dirigentes del Frente Popular de Liberación de Eritrea permanecían recluidos en detención secreta indefinida, sin cargos ni juicio, como presos de conciencia. El gobierno no había revelado nunca el lugar donde estaban recluidos ni otras fuentes lo habían confirmado tampoco. Se temía por su seguridad después de que en 2006 se afirmara de nuevo que el general Ogba Abraha y quizá otras personas que se encontraban recluidas con ellos en secreto habían muerto bajo custodia, en los años transcurridos desde su detención, a causa de enfermedades y de la negación de tratamiento médico adecuado. El gobierno no contestó a los llamamientos para que aclarara su suerte o paradero y permitiera el acceso independiente a los reclusos. Se habían convertido de hecho en víctimas de desaparición forzada. Entre ellos se encontraban el ex vicepresidente Mahmoud Ahmed Sheriffo y su ex esposa Aster Fissehatsion, así como los ex ministros de Asuntos Exteriores Haile Woldetensae y Petros Solomon.

Centenares de presos de conciencia detenidos por la misma época o posteriormente, de quienes se afirmaba que se habían opuesto al gobierno, permanecían recluidos en régimen de incomunicación y sin cargos ni juicio. Se desconocía el paradero de muchos de ellos. Seguían detenidos varios solicitantes de asilo que habían sido devueltos de Malta en 2002 y de Libia en 2003.

Aster Yohannes, esposa de Petros Solomon y ex miembro del comité central del Frente Popular para la Democracia y la Justicia, continuaba recluida en régimen de incomunicación desde 2003, cuando regresó de Estados Unidos para estar con sus hijos, a quienes no se le permitió ver.

Periodistas

En noviembre se detuvo a nueve periodistas que trabajaban para los medios públicos de comunicación. Uno quedó libre, pero al finalizar 2006 los ocho restantes seguían privados de libertad sin cargos ni juicio en la capital, Asmara.

Continuaban recluidos en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio 10 periodistas que trabajaban en los medios de comunicación privados y que habían sido detenidos durante la campaña de represión de la disidencia lanzada en 2001, así como otro que trabajaba en los medios de comunicación públicos y que había sido detenido en 2002. Algunos se encontraban en la prisión de seguridad de Karchele, en Asmara, pero se desconocía el paradero de los demás. Todos los medios de comunicación privados seguían prohibidos desde 2001.

Reclutamiento militar

El servicio nacional, que abarcaba el servicio militar y el servicio de desarrollo (como construcción de carreteras y obras en general), seguía siendo obligatorio y se extendía indefinidamente a todos los varones con edades comprendidas entre 18 y 40 años; según los informes, se permitía a las mujeres quedar exentas a los 27. Los reclutas permanecían en la reserva hasta cumplir los 50 años, y se podía llamar también a filas a ex combatientes del Frente Popular de Liberación de Eritrea. A algunos reclutas se les permitía cumplir el servicio en empleos estatales para civiles, pero bajo condiciones militares.

Se negaba el derecho a la objeción de conciencia, reconocido internacionalmente. Esta medida era aplicable en especial a los Testigos de Jehová, que se negaban hacer el servicio militar (aunque no el servicio de desarrollo) por motivos religiosos.

Las autoridades establecieron medidas muy severas para atajar la elusión generalizada del servicio militar y la deserción de miles de reclutas. Se llevaron a cabo registros y redadas policiales, y centenares de progenitores implicados presuntamente en la elusión o deserción de sus hijos fueron detenidos, algunos posiblemente de manera indefinida. Sólo eran liberados a cambio del pago de una cuantiosa fianza, que no se les restituía hasta que el recluta desaparecido se entregaba.

Estado de derecho

Los pocos tribunales que funcionaban no protegían el derecho constitucional a no sufrir tortura ni detención arbitraria. Los tribunales especiales imponían penas de cárcel en juicios sumarios y secretos por delitos políticos y de corrupción, en los que los acusados no tenían derecho a disponer de defensa jurídica letrada ni a presentar recursos de apelación. Según los informes, los comités administrativos secretos de seguridad imponían penas de cárcel sin asomo de juicio.

Los tribunales militares no funcionaban. Los reclutas acusados de un delito militar, como deserción, tentativa de deserción o ausentarse sin permiso, eran encarcelados de forma arbitraria, castigados con torturas y posiblemente ejecutados en los casos más graves, por orden de su jefe militar.

Tortura y malos tratos

Presuntos opositores del gobierno y presuntos simpatizantes de los grupos de oposición en el exilio fueron torturados mientras se encontraban bajo custodia de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad. Se torturaba a las personas encarceladas por motivos religiosos para obligarlas a abandonar su religión. La tortura era también un castigo muy arraigado en el caso de los presos civiles bajo custodia del ejército o de las fuerzas de seguridad, o en el de los reclutas acusados de delitos militares. Algunos de los métodos de tortura aplicados a las víctimas consistían en palizas y en mantenerlas atadas en posturas dolorosas durante horas o días, especialmente en la postura conocida como «el helicóptero».

La mayoría de las personas encarceladas por motivos religiosos y políticos soportaban condiciones de reclusión muy duras que equivalían a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchas de ellas permanecían hacinadas en contenedores de metal, carecían de instalaciones higiénicas y estaban sometidas a temperaturas extremas. Los tratamientos médicos eran prácticamente inexistentes y sólo se llevaba a los presos al hospital cuando estaban prácticamente al borde de la muerte. El general Bitwoded Abraha, recluido de forma casi ininterrumpida desde 1992 en la prisión de seguridad de Karchele, en Asmara, padecía desde hacía años una enfermedad mental debido a las pésimas condiciones de reclusión, pero no había recibido tratamiento médico ni psiquiátrico. Aster Yohannes se encontraba también enferma en la misma prisión sin un tratamiento médico adecuado.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Declaraciones

• Eritrea: Llamamiento en favor de mejoras urgentes en el ámbito de los derechos humanos en el Día de la Independencia (Índice AI: AFR 64/004/2006)

• Eritrea: Después de cinco años, parlamentarios y periodistas siguen en detención secreta sin juicio, y se teme que algunos hayan muerto bajo custodia (Índice AI: AFR 64/009/2006)

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