Guinea Ecuatorial

Human Rights in República de Guinea Ecuatorial

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Guinea Ecuatorial is now live »

Jefe del Estado Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Jefe del gobierno Ignacio Milán Tang
(sustituyó a Ricardo Mangue Obama Nfube en julio)

Pena de muerte retencionista
Población 520.000
Esperanza de vida 50,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 162/145 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 87 por ciento

Casi un tercio de la población vivía en situación de pobreza extrema y más de la mitad no tenía acceso a agua potable limpia, a pesar de la riqueza petrolífera y el crecimiento de la economía de Guinea Ecuatorial. Se practicaron menos detenciones de oponentes políticos que en años anteriores, aunque se registró un aumento en la época previa a las elecciones. Algunas personas estuvieron detenidas durante breves periodos y quedaron en libertad sin cargos; otras fueron condenadas a prisión en juicios injustos. La mayoría parecían ser presos de conciencia. En junio, el presidente indultó a unos 30 presos políticos, entre los cuales había presos de conciencia. Disminuyó el número de informes sobre tortura. Los presos estuvieron incomunicados; en algunos casos, en régimen de aislamiento y con grilletes y esposas. Un ex oficial del ejército fue víctima de desaparición forzada. Los desalojos forzosos de viviendas afectaron a numerosas familias, y además había cientos que continuaban en peligro de ser desalojadas.

Información general

La pobreza seguía estando muy extendida: el 60 por ciento de la población vivía con el equivalente de un dólar estadounidense al día, a pesar de los elevados niveles de crecimiento económico y producción de petróleo y de tener el país una de las rentas per cápita más altas del mundo. Según el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), más de la mitad de la población no tenía acceso a agua potable limpia y el 20 por ciento de los niños y niñas morían antes de cumplir cinco años. En febrero, la Cámara de Representantes del Pueblo aprobó la Ley sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que aspiraba a erradicar la pobreza en el plazo de 12 años.

"Numerosas familias fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares con objeto de dejar espacio para vías públicas y urbanizaciones de viviendas de lujo..."

En mayo, la formación política en el poder, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, ganó las elecciones municipales y parlamentarias, obteniendo 99 de los 100 escaños parlamentarios y la totalidad de los municipios. El partido opositor Convergencia para la Democracia Social (CPDS) consiguió un escaño parlamentario. Se informó de amaño de elecciones y de hostigamiento de votantes y de candidatos de la oposición. En julio se nombró un nuevo gobierno.

En septiembre, el gobierno firmó el Acuerdo de Cotonú Revisado, en virtud del cual la Unión Europea financiaría proyectos de buen gobierno, derechos humanos y sociales y prestaría apoyo a grupos de la sociedad civil. Se presentó en el Parlamento un Proyecto de Ley de Régimen de la Propiedad de la Tierra.

El relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura visitó Guinea Ecuatorial en noviembre. El relator especial visitó las prisiones y otros centros de detención del país y pudo hablar con la mayoría de los presos. Sin embargo, se le denegó el acceso a tres presos que fueron secuestrados en Nigeria en 2005 y cuyo encarcelamiento negaron las autoridades, pese a existir indicios fidedignos de que estaban recluidos en la prisión de Black Beach, en la capital, Malabo.

Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

Continuó la rehabilitación de las principales ciudades, que motivó desalojos forzosos. Numerosas familias fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares con objeto de dejar espacio para vías públicas y urbanizaciones de viviendas de lujo, especialmente en la capital, Malabo, y en Bata. Además, cientos de familias seguían corriendo peligro de desalojo. Las familias desalojadas por la fuerza en años anteriores no fueron indemnizadas ni realojadas.

Detención y reclusión arbitrarias

Aunque el número de detenciones practicadas por motivos políticos disminuyó en comparación con años anteriores, se observó un aumento en el primer trimestre del año. Algunas de las personas detenidas quedaron en libertad sin cargos tras permanecer recluidas durante diversos periodos. La mayoría parecían ser presos de conciencia. Decenas de personas, entre las que había posibles presos de conciencia, continuaron detenidas.

  • Brígida Asongsua Elo, esposa del preso de conciencia Guillermo Nguema Ela, que fue excarcelado en junio, estuvo recluida sin cargos ni juicio en la Comisaría Central de Malabo durante cuatro meses. La habían arrestado sin orden de detención en diciembre de 2007, al día siguiente de visitar a su esposo en la cárcel de Black Beach. Las autoridades la acusaron de recibir de su esposo un mapa que iba a ser utilizado para planear un ataque a la prisión. Estuvo recluida en condiciones degradantes e inhumanas en una celda con hasta 100 personas más, en su mayoría hombres. La policía hizo caso omiso de una orden judicial que disponía que debía comparecer ante un tribunal.

Liberaciones

En junio, con ocasión de su cumpleaños, el presidente Obiang Nguema indultó a unos 30 reclusos. Entre ellos figuraban 13 presos de conciencia declarados culpables en un juicio sin garantías, celebrado en junio de 2002, de conspirar para derrocar el gobierno, y el pastor Bienvenido Samba Momesori, que estaba recluido sin cargos ni juicio desde octubre de 2003. Sin embargo, los presos excarcelados recibieron la orden de regresar a sus lugares de origen en el plazo de una semana y se les comunicó que necesitaban permiso para salir de esos lugares.

Tortura y otros malos tratos

Se recibieron menos informes de tortura y otros malos tratos de detenidos políticos. Sin embargo, los presuntos delincuentes comunes siguieron sufriendo tortura u otros malos tratos con impunidad en las comisarías de policía.

Una agente de policía detenida en noviembre de 2007 en relación con la muerte de Lázaro Ondo Obiang en Nsuemang, poblado del distrito de Ebebiyin, el 29 de septiembre de 2007, fue juzgada ante un tribunal militar de Bata en febrero. Lázaro Ondo Obiang murió como consecuencia de los golpes que le propinaron cuatro policías que al parecer actuaban cumpliendo órdenes de la agente. Fue declarada culpable y condenada a seis meses de prisión. Un funcionario policial de alto rango, acusado de torturar a otros detenidos en la Comisaría Central de Bata y que, según los informes, había sido detenido en noviembre de 2007, fue uno de los jueces.

Dos soldados detenidos en noviembre de 2007 en relación con la muerte de Salvador Ndong Nguema en la prisión de Evinayong en 2007 quedaron en libertad en febrero sin haber sido juzgados y se reincorporaron a sus funciones.

  • Saturnino Ncogo, ex miembro del proscrito Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE), murió en la cárcel de Black Beach el 12 de marzo. Lo habían detenido unas horas antes, luego de que se hallaran tres armas escondidas en su casa. Las autoridades afirmaron que se había suicidado arrojándose desde la parte superior de una litera. No se llevó a cabo investigación alguna ni se practicó una autopsia. Sus familiares afirmaron que el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición cuando lo recibieron, tres días después, y que tenía el cráneo fracturado.

Condiciones de reclusión

Aunque las instalaciones penitenciarias mejoraron, los presos estuvieron incomunicados durante todo el año al suspender las autoridades todas las visitas a las cárceles en enero. El suministro de alimentos y medicinas seguía siendo inadecuado, aunque según informes un médico pasaba consulta con regularidad. Al menos ocho reclusos de la cárcel de Black Beach permanecieron esposados y con grilletes de forma permanente en celdas de aislamiento.

Desapariciones forzadas

El 8 de octubre, dos agentes de policía cameruneses, que según los informes habían sido pagados por personal de seguridad de Guinea Ecuatorial, detuvieron ilegalmente a Cipriano Nguema Mba, ex coronel del ejército de Guinea Ecuatorial refugiado en Camerún, y lo entregaron a la embajada de Guinea Ecuatorial en Yaundé. Fue trasladado a la prisión de Black Beach, donde quedó recluido en régimen de incomunicación. Aunque el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura pudo verlo, al terminar el año el gobierno seguía sin reconocer su paradero.

Las autoridades seguían sin reconocer la detención de tres personas secuestradas por personal de seguridad en Nigeria en julio de 2005, aunque se sabía que estaban recluidas en la cárcel de Black Beach. Información recibida en julio indicaba que el ex teniente coronel Florencio Bibang Ela, Felipe Esono Ntutumu y Antimo Edu estaban recluidos en régimen de incomunicación, con esposas y grilletes. Juan Ondo Abaga, que también fue secuestrado en Nigeria en febrero de 2005, fue uno de los presos que quedaron en libertad en junio. Hasta su excarcelación estuvo recluido en una celda de aislamiento con cadenas en las piernas y esposas.

Juicios injustos

En junio, seis ex miembros del PPGE fueron declarados culpables de tenencia ilegal de armas y municiones y condenados a entre uno y seis años de cárcel, aunque no se encontraron armas ni municiones en su poder. Cruz Obiang Ebele, Emiliano Esono Michá, Gerardo Angüe Mangue, Gumersindo Ramírez Faustino, Juan Ecomo Ndong y Bonifacio Nguema Ndong fueron detenidos sin orden judicial en Malabo en marzo y abril. Su detención tuvo lugar después de la de Saturnino Ncogo (véase supra), a quien conocían. Estuvieron recluidos en la Comisaría Central durante unos dos meses. Al menos dos encausados afirmaron que habían sufrido malos tratos. El juicio no reunió las debidas garantías; no se presentaron ante el juez pruebas que corroborasen los cargos, con la salvedad de las tres armas halladas en la casa de Saturnino Ncogo y las declaraciones de los encausados de que conocían la existencia de las armas. Ante el tribunal sostuvieron que se habían modificado sus declaraciones y que se los había obligado a firmar declaraciones diferentes bajo coacción. Sin embargo, el juez no tomó en consideración sus afirmaciones. No tuvieron acceso a representación letrada hasta tres días antes de comenzar el juicio.

Los seis hombres fueron juzgados junto con Simon Mann, ciudadano de Reino Unido acusado de un intento de golpe de Estado en marzo de 2004, aun cuando los cargos formulados contra los seis no guardaban relación con el intento de golpe de Estado. Simon Mann fue declarado culpable de los cargos formulados en su contra y condenado a 34 años de prisión. Había sido extraditado desde Zimbabue en febrero. Mohamed Salaam, empresario libanés residente en Guinea Ecuatorial desde hacía tiempo, fue declarado culpable de los mismos delitos y condenado a 18 años de cárcel.

Libertad de expresión

En septiembre, las autoridades amenazaron a dirigentes de CPDS por intentar montar una emisora de radio. Luego de semanas de negociaciones con las autoridades, la policía registró la sede central de CPDS en Malabo el día siguiente de que el partido solicitase formalmente la licencia y exigió el transmisor de radio, que CPDS se negó a entregar. Al terminar el año no se había concedido la licencia.

Informes de Amnistía Internacional

Guinea Ecuatorial: La oposición, amenazada (22 septiembre 2008)

Cómo puedes ayudar