El Salvador
Jefe del Estado y del gobierno
Carlos Mauricio Funes Cartagena

Persistió la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1980-1992). El sistema judicial se vio inmerso en una crisis cuando se acusó a miembros del Congreso de intentar interferir en la selección y el nombramiento de jueces. Las violaciones de derechos sexuales y reproductivos siguieron suscitando preocupación.

Información general

La delincuencia violenta siguió dominando la agenda política, aunque el gobierno anunció que se había producido un descenso global en el índice de asesinatos.

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Impunidad

La impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado siguió suscitando preocupación.

  • En enero, en cumplimiento de una resolución adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010, el presidente pidió perdón en nombre del Estado por la matanza de más de 700 hombres, mujeres, niños y niñas en El Mozote y otros pueblos cercanos de la provincia de Morazán. Las víctimas habían sido torturadas y asesinadas por las fuerzas armadas durante un periodo de tres días en 1981. En diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó su resolución final sobre la matanza y ordenó que el Estado iniciase investigaciones y obligase a los responsables a rendir cuentas. Además, la sentencia pedía al Estado que garantizase que la Ley de Amnistía de 1993 no constituía un obstáculo para el procesamiento de criminales de guerra, que continuase recopilando el listado de víctimas, que llevase a cabo exhumaciones y que garantizase reparaciones a los familiares.
  • En agosto, sobrevivientes y familiares de las víctimas conmemoraron los 30 años de impunidad de la matanza de El Calabozo, cometida en 1982 y en la que las fuerzas armadas habían asesinado a más de 200 hombres, mujeres, niños y niñas. En un acto público celebrado en noviembre, representantes de los familiares y los sobrevivientes entregaron más de 5.000 firmas para instar al gobierno a tomar medidas y responder a sus demandas de verdad, justicia y reparación.
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Derechos sexuales y reproductivos

El aborto siguió constituyendo delito en todas las circunstancias.

  • Mery (nombre ficticio), de 27 años, se sometió a un aborto clandestino inducido por medicamentos cuando estaba embarazada de ocho semanas. Cuando buscó asistencia médica tras tomar los fármacos, unos miembros del personal médico del hospital la denunciaron a la policía. Pese a encontrarse en un estado de angustia extrema y aún bajo tratamiento, Mery fue esposada a una camilla y puesta bajo vigilancia policial. En agosto fue declarada culpable y condenada a dos años de prisión por aborto inducido. Unos días después de empezar a cumplir la condena, intentó suicidarse y fue trasladada de la prisión a un hospital psiquiátrico, donde quedó bajo vigilancia. Al finalizar el año Mery estaba todavía pendiente del resultado de su recurso de apelación.
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Justicia internacional

En septiembre, en una vista celebrada ante un tribunal estadounidense, Inocente Orlando Montano, ex viceministro salvadoreño de Seguridad Pública y ex coronel del ejército, fue acusado de mentir a las autoridades de inmigración de Estados Unidos para quedarse en ese país. De ser declarado culpable, se allanaría el camino para su extradición a España, en donde se le acusaba de su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta, de 16 años, cometido en El Salvador en 1989.

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Sistema de justicia

En abril, unos miembros del Congreso hicieron declaraciones en las que parecían indicar que no iban a aplicarse las normas reguladoras del nombramiento de los jueces, especialmente en relación con dos miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Se temía que los intentos de eludir el procedimiento de designación facilitaran el nombramiento de jueces en función de su afiliación política y no de sus capacidades profesionales. En noviembre, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados visitó el país para analizar la situación. Al finalizar su visita recordó a las autoridades que el Estado estaba obligado a respetar la independencia del poder judicial y abstenerse de interferir en él. También recomendó que se llevase a cabo una revisión del procedimiento de designación, pero al terminar el año esa revisión no se había realizado.

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