El Salvador - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de El Salvador

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
El Salvador is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Carlos Mauricio Funes Cartagena (sustituyó a Elías Antonio Saca en junio)
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
6,2 millones
Esperanza de vida
71,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
29/23 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
82 por ciento

Aunque siguieron impunes las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, se registraron algunas novedades positivas al respecto. Continuó en vigor la prohibición total del aborto. Se registró un notable aumento de los homicidios de mujeres.

Información general

En junio, Carlos Mauricio Funes asumió la presidencia tras la victoria electoral, meses antes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En noviembre, el presidente Funes declaró el estado de emergencia tras el paso del huracán Ida, que ocasionó 140 muertos y el desplazamiento de 140.000 personas. El Salvador no se adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Impunidad

La continuación en vigor de la Ley de Amnistía promulgada en 1993 obstaculizó las iniciativas encaminadas a llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. El nuevo gobierno prometió reformar la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, creada para determinar el paradero de algunos de los 700 niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado interno (1980-1992). Se había criticado a la Comisión por haber localizado sólo a unos 30 a la expiración de su mandato.

  • En octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó al coronel Nicolás Carranza, ex viceministro de Defensa salvadoreño, una solicitud de revisión de la declaración de culpabilidad formulada contra él en 2005. Se le había declarado culpable de crímenes de lesa humanidad perpetrados por unidades de las fuerzas de seguridad que habían estado bajo su control entre 1979 y 1981.
  • En enero, la Audiencia Nacional de España acusó formalmente a 14 soldados y oficiales del ejército salvadoreño de crímenes contra la humanidad y terrorismo de Estado por el homicidio de seis jesuitas, su ama de llaves y la hija de esta última, de 16 años, perpetrado en la Universidad Centroamericana en noviembre de 1989.
  • En noviembre, durante un periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El Salvador aceptó su responsabilidad por el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, muerto cuando oficiaba una misa en un hospital de El Salvador en marzo de 1980. El gobierno manifestó su intención de cumplir los requisitos recogidos en el informe del año 2000 de la Comisión, entre los que figuraban la puesta en marcha de una investigación exhaustiva e independiente sobre el asesinato, reparaciones y la revocación de la Ley de Amnistía de 1993.

Derechos sexuales y reproductivos

Siguió en vigor la prohibición total del aborto. Un grupo de mujeres de la organización Católicas por el Derecho a Decidir se manifestó ante la Asamblea Legislativa para pedir que se debatiera la cuestión y se introdujeran reformas.

Violencia contra las mujeres

Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal, entre enero y septiembre se había notificado el homicidio de unas 411 mujeres, un aumento considerable respecto a 2008. En numerosos casos, las víctimas habían sido secuestradas y violadas y se habían mutilado sus cadáveres. No se disponía de datos sobre la investigación de muchos de estos homicidios.

En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por las diferentes formas de violencia ejercidas contra las mujeres y las niñas –como abusos sexuales, violencia intrafamilar y homicidios– y por la falta de una investigación rigurosa de las denuncias.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas pidieron al nuevo gobierno que cumpliera su compromiso electoral de firmar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y reforzar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En ausencia de tal protección, las comunidades indígenas siguieron sufriendo discriminación y la negación de su derecho a la tierra y el agua.

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