El Salvador

Human Rights in República de El Salvador

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
El Salvador is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Elías Antonio Saca
Pena de muerte abolicionista para los delitos comunes
Población 7 millones
Esperanza de vida 71,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 32/26 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 80,6 por ciento

Los índices de violencia seguían siendo altos y la preocupación por la seguridad pública era generalizada. Se criticó a las autoridades por utilizar de manera indebida la Ley Especial contra Actos de Terrorismo promulgada en 2006. Siguieron impunes las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-1992), y continuó en vigor la Ley de Amnistía de 1993.

Información general

En febrero se retiraron los cargos formulados contra 13 representantes de organizaciones sociales locales de Suchitoto detenidos en julio de 2007. Los 13 habían sido detenidos tras unos enfrentamientos con la policía registrados durante una manifestación de protesta contra la política del gobierno sobre el acceso a agua no contaminada, y habían sido acusados en virtud de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo promulgada en 2006.

"Varias organizaciones de mujeres expresaron también su preocupación por el elevado número de mujeres muertas de forma violenta..."

Derechos de los pueblos indígenas

En mayo, cuatro pueblos indígenas –los lencas, los nahuats, los kakawiras y los mayas– presionaron a la Asamblea Legislativa para que ratificara el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Le pidieron también que introdujera reformas para que en la legislación nacional se garantizaran la identidad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas con el fin de que pudieran poseer tierras y tener acceso a agua no contaminada. Al finalizar el año, El Salvador no había ratificado todavía el Convenio 169 de la OIT ni había reconocido legalmente los derechos de los pueblos indígenas.

Impunidad

En septiembre fue ampliado el mandato de la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, aunque la extensión se concedió sólo hasta el 31 de mayo de 2009. La Comisión se había creado en 2004 para determinar el paradero de alrededor de 700 niños y niñas que fueron víctima de desaparición forzada durante el conflicto armado interno (1980-1992). La Comisión, que sólo había podido localizar a 30 niños y niñas desaparecidos, recibió críticas por su ineficacia y falta de independencia.

  • En junio se citó al ex general del ejército Rafael Flores para que testificara ante el fiscal general de Chalatenango sobre el caso de las hermanas Serrano Cruz. Era la primera vez que se convocaba a un oficial de alta graduación para que facilitara información sobre violaciones graves de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno. Dos hermanas, Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de siete y tres años, respectivamente, desaparecieron en junio de 1982 durante una campaña militar realizada en Chalatenango. Al no avanzar el caso en los organismos judiciales nacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia dictada en 2005, pidió a las autoridades que llevaran a cabo una investigación. Al finalizar el año, la investigación no había empezado todavía y las dos hermanas seguían en paradero desconocido.
  • En noviembre se presentó ante la justicia española una demanda contra el ex presidente Alfredo Cristiani Burkard y 14 miembros del ejército salvadoreño por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y una hija de ésta de 16 años, ocurrido en noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA).

Violencia contra mujeres y niñas

En mayo, organizaciones de mujeres solicitaron formalmente a la Fiscalía General de la República la reapertura inmediata de la investigación sobre la violación y el asesinato de la niña de nueve años Katya Miranda en abril de 1999. Las organizaciones afirmaban que se habían encontrado nuevas pruebas y que temían que las normas sobre prescripción de delitos impidieran la apertura de nuevos procedimientos después de abril de 2009. Al finalizar el año, la Fiscalía General de la República no había respondido todavía de manera formal a la petición. Varias organizaciones de mujeres expresaron también su preocupación por el elevado número de mujeres muertas de forma violenta en los primeros cinco meses del año.

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