El Salvador - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de El Salvador

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
El Salvador is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Elías Antonio Saca
Pena de muerte : abolicionista para los delitos comunes
PoblaciÓn : 7,1 millones
Esperanza de vida : 71,3 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 32/26 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 80,6 por ciento

Los índices de delincuencia seguían siendo elevados y la preocupación por la seguridad pública era generalizada. Se criticó al gobierno por la aplicación indebida de una nueva ley contra el terrorismo. Seguían impunes violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-1992).

Información general

En octubre, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo era incompatible con la Constitución. Dicho Convenio, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho a la sindicación, resultó ser, según la Corte, incompatible con el artículo de la Constitución que prohíbe la sindicación en la función pública.

Fueron muchas las comunidades que protestaron a lo largo del año contra los daños medioambientales causados por la actividad minera.

Seguridad pública

Según informes, 3.476 personas murieron de forma violenta a lo largo del año. La Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, constituida a petición del presidente y compuesta por representantes de diversos sectores sociales, informó sobre el continuado incremento de los homicidios. También manifestó que los informes sobre homicidios de mujeres habían aumentado en un 50 por ciento desde 1999. Varios agentes de policía fueron detenidos durante el año por la presunta comisión de homicidios ilegítimos.

  • El 28 de julio, cinco hombres que decían ser agentes de policía se presentaron en el domicilio de un presunto miembro de una banda («mara»), en una localidad de la región oriental del departamento de San Salvador, para proceder a su detención. Los cinco hombres, que ocultaban el rostro y sus insignias identificativas, se negaron a mostrar una orden de detención y dijeron a la familia que fueran a buscar al presunto «marero» al día siguiente a una comisaría cercana. El cuerpo descuartizado de éste fue hallado al día siguiente en tres lugares distintos. Al finalizar el año no se había detenido a nadie en relación con este homicidio.

Impunidad

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias criticó al gobierno por no resolver los aproximadamente 2.270 casos de desaparición forzada ocurridos durante el periodo de conflicto interno. El Grupo de Trabajo subrayó la función de la Ley de amnistía de 1993, que permite que los autores de violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, eludan ser procesados.

De acuerdo con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa aprobó un día anual en memoria de los niños y niñas que fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.

En marzo murió por causas naturales Rufina Amaya, la última sobreviviente de la matanza de El Mozote. Según los informes, las fuerzas armadas salvadoreñas mataron a 767 personas en El Mozote y en zonas próximas en una operación llevada a cabo en diciembre de 1980. Hasta la fecha nadie ha sido llevado ante la justicia por esa matanza ni por otras perpetradas durante el conflicto armado interno.

Antiterrorismo: aplicación indebida de la legislación contra el terrorismo

La aplicación inapropiada y desproporcionada de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, de 2006, recibió multitud de críticas nacionales e internacionales. Los grupos locales de derechos humanos argumentaron que la Ley Especial se utilizaba contra opositores políticos del gobierno.

  • En julio se presentaron cargos contra 13 personas por delitos tipificados en la Ley Especial. Esas 13 personas, en dos grupos separados, habían sido detenidas tras arrojar presuntamente piedras contra agentes de policía y cortar carreteras durante una manifestación contra la política gubernamental de distribución de agua. Las 13 eran líderes y miembros de organizaciones sociales. Al finalizar el año todos habían quedado en libertad bajo fianza en espera de ser objeto de indagaciones adicionales a cargo de la Fiscalía General de la República.

 

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