Egipto
Jefe del Estado
Mohamed Morsi (sustituyó a Mohamed Hussein Tantawi en junio)
Jefe del gobierno
Hisham Qandil (sustituyó a Kamal Ganzuri en agosto)

Las protestas contra el gobierno militar se saldaron con la muerte de al menos 28 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en El Cairo y Suez. La policía antidisturbios y el ejército usaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes, que después denunciaron haber sufrido tortura u otros malos tratos bajo custodia. En noviembre y diciembre tuvieron lugar protestas, en algunos casos violentas, de personas favorables y contrarias al presidente. Continuaron celebrándose juicios sin garantías ante tribunales supremos de seguridad del Estado (para el estado de excepción) y las fuerzas de seguridad siguieron actuando por encima de la ley. El ex presidente Hosni Mubarak y el ex ministro del Interior fueron condenados a cadena perpetua por las muertes de manifestantes ocurridas durante el levantamiento de 2011, pero muchos presuntos responsables fueron absueltos. Ningún miembro del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas rindió cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno. El presidente Mohamed Morsi estableció un comité para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre enero de 2011 y junio de 2012. Concedió indultos a algunos civiles juzgados por tribunales militares y dictó una amnistía general para los delitos cometidos por participantes en las manifestaciones contra el gobierno militar. Persistió la discriminación de las minorías religiosas. Se enjuició a periodistas y activistas por “insultos al presidente” y blasfemia. Las mujeres sufrían discriminación en la ley y en la práctica, así como acoso sexual generalizado. Miles de familias seguían viviendo en “zonas inseguras” en asentamientos informales (barrios marginales), y había miles más bajo la amenaza del desalojo forzoso. Se tuvo noticia de personas migrantes muertas a manos de las fuerzas de seguridad al intentar pasar a Israel o explotadas por traficantes en la península del Sinaí.

Al menos 91 personas fueron condenadas a muerte. No se sabía si se habían llevado a cabo ejecuciones.

Información general

El Parlamento, elegido poco antes, se reunió por primera vez el 23 de enero, y en marzo designó una Asamblea Constituyente de 100 miembros para redactar la nueva Constitución de Egipto. La Asamblea Constituyente, que estaba dominada por los partidos islamistas, recibió críticas por incluir a sólo 6 mujeres y 6 cristianos coptos y el 10 de abril fue suspendida por un tribunal administrativo tras presentarse una impugnación judicial. Al expirar en mayo el estado de excepción en vigor durante 31 años, las autoridades intentaron mantener algunos poderes excepcionales: el 13 de junio, el Ministerio de Justicia concedió a las fuerzas armadas y al servicio de inteligencia facultades para practicar detenciones, pero un tribunal administrativo anuló rápidamente esta medida. En junio, el Parlamento aprobó una nueva Asamblea Constituyente que tuvo que hacer frente a nuevos pleitos y fue objeto de un creciente boicot por parte de los partidos políticos de oposición, la sociedad civil y la Iglesia cristiana copta. El 16 de junio, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas disolvió el Parlamento, tras fallar el Tribunal Supremo Constitucional que las elecciones habían sido inconstitucionales. El 17 de junio, días antes de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, el Consejo Supremo amplió notablemente sus propios poderes y limitó los del gobierno entrante. El 12 de agosto, el recién elegido presidente Morsi anunció que había anulado los nuevos poderes del Consejo Supremo y que el jefe de éste, Mohamed Tantawi, pasaba a la situación de retiro. El anuncio tuvo lugar después de un ataque efectuado por un grupo armado en la península del Sinaí, en el que murieron 16 soldados. Las autoridades lanzaron posteriormente una ofensiva de seguridad en la zona.

El 22 de noviembre, el presidente Morsi decretó que los tribunales no podían impugnar sus decisiones ni entender en ningún pleito contra la Asamblea Constituyente. Asimismo, promulgó una represiva ley para “proteger la Revolución”, sustituyó al fiscal general y exigió nuevas investigaciones y enjuiciamientos en casos de muertes de manifestantes. La Asamblea Constituyente concluyó el anteproyecto de Constitución el 30 de noviembre.

El decreto y el anteproyecto de Constitución desencadenaron protestas en todo el país y una huelga de jueces, así como incidentes de violencia entre partidarios y detractores del presidente. Los días 5 y 6 de diciembre, al menos 10 personas murieron en enfrentamientos en el exterior del Palacio Presidencial en El Cairo. Como respuesta a los disturbios, el presidente Morsi anuló parcialmente su decreto el 8 de diciembre. La nueva Constitución fue aprobada en un referéndum nacional a finales de diciembre.

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Tortura y otros malos tratos

No se implementó ninguna reforma de leyes o políticas para erradicar la tortura ni durante el gobierno del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ni con la administración del presidente Morsi. La Asamblea Popular debatió penas más severas para la tortura pero no las introdujo antes de su disolución. Continuaron los incidentes de tortura y otros malos tratos, y las fuerzas de seguridad actuaron con impunidad. Una ONG registró 88 casos de tortura u otros malos tratos a manos de la policía durante los primeros 100 días en el poder del presidente Morsi. Manifestantes detenidos por la policía antidisturbios o el ejército fueron sometidos a brutales palizas y descargas eléctricas bajo custodia, especialmente en la prisión de Tora, al sur de El Cairo, donde los detenidos también sufrían hacinamiento y falta de ropa adecuada y de atención médica. Algunos manifestantes varones afirmaron haber sido secuestrados y llevados a lugares no revelados, donde les aplicaron descargas eléctricas y los sometieron a abusos sexuales para obligarlos a facilitar información sobre su participación en las protestas.

  • George Ramzi Nakhla fue detenido en El Cairo el 6 de febrero. Según contó posteriormente, unos policías antidisturbios le ataron los brazos y las piernas a la parte trasera de un vehículo blindado y lo arrastraron lentamente por la carretera mientras otros lo golpeaban con porras. En el Ministerio del Interior lo golpearon de nuevo y le aplicaron descargas eléctricas. No recibió tratamiento médico para una fractura de brazo que sufrió, y fue obligado a estar en cuclillas junto con otros 13 hombres durante varias horas. En la prisión de Tora lo golpearon con cables eléctricos y lo insultaron. Tras una huelga de hambre de tres días, quedó en libertad el 25 de marzo.
  • Abdel Haleem Hnesh fue detenido por militares el 4 de mayo en una protesta en Abbaseya, El Cairo. Según contó, lo golpearon brutalmente con palos de dos metros de largo y porras eléctricas, y después lo llevaron junto con unos 40 detenidos a la zona militar S28, en El Cairo. Compareció ante fiscales militares y después fue trasladado a la prisión de Tora, donde a su llegada lo golpearon con mangueras y palos. Quedó en libertad cinco días después.
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Juicios injustos

La nueva Constitución preveía los juicios militares de civiles, pese a ser intrínsecamente injustos. La Asamblea Popular reformó el Código de Justicia Militar en abril de 2012, despojando al presidente de la potestad de remitir a civiles a tribunales militares. Sin embargo, no modificó los artículos que otorgaban a los tribunales militares competencia para juzgar a civiles. En julio, el presidente Morsi estableció un comité para revisar los casos de civiles juzgados por tribunales militares, así como los de otras personas bajo custodia del Ministerio del Interior y los de “revolucionarios” encarcelados por los jueces ordinarios. En julio y agosto, el presidente Morsi indultó a unas 700 personas siguiendo las recomendaciones del comité, y en octubre decretó una amnistía general para los delitos cometidos al “apoyar la revolución” en 2011 y 2012. Sin embargo, el decreto no preveía juicios con garantías para unos 1.100 civiles encarcelados por tribunales militares por otros delitos.

Aunque el estado de excepción expiró al final de mayo, algunos casos siguieron viéndose ante tribunales de excepción, incluidos los de delitos relacionados con el terrorismo y los de violencia en protestas y entre comunidades.

  • El 4 de mayo, el ejército detuvo a Mahmoud Mohamed Amin entre unos 300 manifestantes que protestaban contra el gobierno militar en Abbaseya, El Cairo. Los detenidos fueron remitidos a fiscales militares para su enjuiciamiento por cargos como “atacar a miembros del ejército” y “alterar el orden público”. El 20 de mayo, Mahmoud Mohamed Amin y otros detenidos se declararon en huelga de hambre para protestar por su juicio ante tribunales militares. Quedó en libertad el 19 de junio en espera de juicio, pero los cargos presentados en su contra se retiraron en virtud de la amnistía presidencial en octubre.
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Uso excesivo de la fuerza

Las protestas que tuvieron lugar a principios de 2012 fueron en su mayoría contra el gobierno militar. Tras la elección del presidente Morsi, las manifestaciones fueron organizadas por sus partidarios y sus detractores. Las fuerzas de seguridad estuvieron en gran medida ausentes, especialmente durante las multitudinarias protestas de la plaza de Tahrir, pero en algunos casos protagonizaron enfrentamientos con los manifestantes. No se emprendió ninguna reforma de la policía, y las autoridades emplearon tácticas que recordaban las de la época de Mubarak, en las que las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva contra los manifestantes. La policía antidisturbios usó fuerza excesiva e innecesaria, incluidas armas de fuego y gas lacrimógeno de fabricación estadounidense.

  • Las fuerzas de seguridad usaron medios letales sin previo aviso para dispersar a manifestantes y mataron a 16 de ellos entre el 2 y el 6 de febrero en El Cairo y Suez. Las protestas fueron una reacción al homicidio de unos 70 seguidores del equipo de fútbol Al Ahly por hombres vestidos de civil durante un partido en Port Said; las fuerzas de seguridad presentes no hicieron nada para impedir la violencia.
  • Entre el 28 de abril y el 4 de mayo, al menos 12 personas murieron a manos de hombres vestidos de civil durante una sentada organizada en la plaza de Abbaseya, El Cairo, para protestar por el proceso de las elecciones presidenciales. Las fuerzas de seguridad no intervinieron, lo que parecía indicar que los hombres actuaron siguiendo órdenes del ejército o con su aquiescencia.
  • El 20 de noviembre, un manifestante adolescente, Gaber Salah Gaber, murió por disparos de las fuerzas de seguridad, según la información recibida, en las proximidades del Ministerio del Interior en El Cairo.
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Impunidad

En un paso histórico para combatir la impunidad, en junio el ex presidente Mubarak y el ex ministro del Interior Habib el Adly fueron declarados responsables de las muertes y lesiones causadas a manifestantes durante el levantamiento de 2011 y condenados a cadena perpetua. Sin embargo, seis altos cargos de las fuerzas de seguridad fueron absueltos. El fiscal alegó que la ausencia de pruebas en su contra se debía a la falta de cooperación de los servicios de Inteligencia General y del Ministerio del Interior.

La mayoría de los agentes de policía juzgados en relación con la muerte de manifestantes durante el levantamiento de 2011 fueron absueltos. En general, los tribunales fallaron que la policía había utilizado medios letales justificadamente o que las pruebas eran insuficientes. Seguía siendo difícil obtener verdad y justicia para centenares de víctimas del levantamiento y sus familias.

En octubre se absolvió a todos los encausados en el juicio de la “batalla de los camellos”, iniciado en relación con los enfrentamientos entre manifestantes favorables y contrarios a Mubarak ocurridos en la plaza de Tahrir en febrero de 2011. Posteriormente, miembros de la fiscalía indicaron que se reabriría la causa.

No se puso a disposición de la justicia a ningún militar en relación con homicidios o tortura perpetrados durante las protestas celebradas en la calle de Mohamed Mahmoud y en las proximidades de las oficinas del gabinete ministerial en noviembre y diciembre de 2011. En cambio, jueces de instrucción civiles decidieron que se llevara a manifestantes a juicio por presunta violencia. Los acusados por las protestas de la calle de Mohamed Mahmoud fueron amnistiados, pero el juicio de las oficinas del gabinete continuó. Sólo se encausó a un policía antidisturbios por abusos cometidos durante las protestas de la calle de Mohamed Mahmoud. Al terminar el año su juicio no había concluido.

En septiembre, un tribunal militar impuso a dos soldados del ejército sendas penas de 2 años de prisión y condenó a un tercero a 3 años de cárcel por “homicidio involuntario”, por arrollar con su vehículo blindado a 14 manifestantes coptos en octubre de 2011 en Maspero, El Cairo. Las investigaciones de jueces civiles sobre la muerte de otras 13 personas no identificaron a los autores. Ningún miembro del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas respondió ante la justicia por las muertes de manifestantes ocurridas durante sus 17 meses de gobierno.

En julio, el presidente Morsi estableció un comité de investigación integrado por funcionarios, activistas de la sociedad civil y familiares de las víctimas para identificar a los autores de los homicidios y las lesiones sufridas por manifestantes durante el levantamiento de 2011 y durante el gobierno del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

No se tomaron medidas para proporcionar justicia, verdad y reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluida tortura, cometidas durante los 30 años de gobierno del ex presidente Mubarak.

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Libertad de expresión y de asociación

Había en curso investigaciones criminales e imputaciones por blasfemia e insultos a funcionarios públicos. Las nuevas disposiciones constitucionales restringían la libertad de expresión y prohibían los insultos contra individuos y profetas religiosos. Disposiciones legales en fase de anteproyecto restringían la libertad de asociación e imponían reglas represivas para la inscripción y la financiación extranjera de las ONG.

  • El preso de conciencia Maikel Nabil Sanad quedó en libertad el 24 de enero en el marco de un indulto más amplio concedido por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Bloguero, había sido encarcelado en abril de 2011 tras un juicio sin garantías ante un tribunal militar por criticar al ejército y por objetar al servicio militar.
  • En agosto, Islam Affifi, director del periódico Al Dostour, fue encausado por publicar una información falsa en la que se “insultaba al presidente”. Al terminar el año no había concluido el juicio.
  • En octubre, Tawfiq Okasha, conocida personalidad de la televisión, fue multado y condenado a cuatro meses de prisión por “insultar al presidente”. Continuó en libertad en espera de la resolución de un recurso.
  • El preso de conciencia Alber Saber Ayad fue detenido el 13 de septiembre tras rodear su casa personas que lo acusaban de promover la controvertida película La inocencia de los musulmanes. En diciembre fue condenado a tres años de cárcel por “difamación de la religión” sobre la base de sus vídeos y sus publicaciones en Internet, pero quedó en libertad bajo fianza en espera de la resolución de un recurso.
  • En febrero comenzó el juicio de 43 miembros del personal de cinco organizaciones internacionales por aceptar presuntamente financiación extranjera sin permiso del gobierno y operar ilegalmente. La mayoría estaban siendo juzgados in absentia, y al terminar el año el juicio no había concluido.
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Derechos de las mujeres

La nueva Constitución prohibía la discriminación entre los ciudadanos egipcios, pero no prohibía explícitamente la discriminación de las mujeres, y en cambio hacía referencia a sus deberes de ama de casa. Las mujeres estuvieron marginadas en las nuevas instituciones políticas. Ocuparon sólo 12 escaños de un total de 508 en la Asamblea Popular antes de su disolución. Sólo siete mujeres formaron parte de la segunda Asamblea Constituyente. Las mujeres quedaron excluidas en gran medida del gabinete ministerial del presidente Morsi y no se nombró a ninguna para el cargo de gobernadora. También se las seguía impidiendo ocupar puestos en la judicatura. No se abordaron leyes y prácticas discriminatorias relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia.

Varias mujeres sufrieron acoso o agresión sexual, según la información recibida, durante las multitudinarias protestas, incluso en la plaza de Tahrir. En junio, una marcha organizada en El Cairo contra el acoso sexual fue atacada por hombres, que acosaron y agredieron sexualmente a las participantes. En septiembre, un hombre mató a tiros a una mujer en la calle en Asyut, según algunas fuentes tras resistirse la víctima a su acoso sexual. En octubre, después de las festividades de Eid, las autoridades anunciaron que habían recibido más de 1.000 denuncias de acoso sexual. Ningún miembro de las fuerzas de seguridad rindió cuentas por violencia sexual o de género contra mujeres detenidas tras las protestas contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de 2011.

  • En marzo, un tribunal militar absolvió a un médico del ejército en relación con las “pruebas de virginidad” forzadas a que se había sometido a mujeres manifestantes en marzo de 2011.
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Discriminación

La nueva Constitución no prohibía explícitamente la discriminación por motivos de raza, lo que podía afectar a minorías como los nubios.

La Constitución garantizaba la libertad de religión pero la limitaba a las religiones reconocidas oficialmente como “celestiales”, lo que podía afectar a los bahaíes y los musulmanes chiíes. La Constitución preveía leyes sobre la condición jurídica de las personas diferenciadas para los cristianos y los judíos, así como el derecho a regular sus asuntos religiosos y su dirección, pero no para otras minorías religiosas.

La legislación egipcia dificultaba la construcción o reparación de iglesias cristianas coptas, ya que exigía una autorización oficial de difícil obtención. En la construcción de algunas iglesias, los vecinos musulmanes de los coptos obstruyeron las obras, lo que en ocasiones fue causa de violencia entre comunidades. En estos casos, las fuerzas de seguridad generalmente no protegieron a los coptos de los ataques.

  • A finales de enero, tres familias coptas de la población de Sharbat, Alejandría, fueron desalojadas por la fuerza de sus viviendas por musulmanes que acusaban a un copto de tener imágenes “indecentes” de una musulmana. La multitud atacó viviendas y negocios coptos. En “reuniones de reconciliación” de la localidad se decidió que el hombre copto y su familia extensa, así como cinco familias coptas vecinas, debían marcharse de allí y encargar a alguien que vendiera sus posesiones. La policía no intervino para proteger a los coptos de los ataques y del desalojo forzoso. Tras la visita de una delegación parlamentaria, sólo pudieron regresar las cinco familias no relacionadas con la disputa original.
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Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

La Constitución confirmaba el derecho a una vivienda adecuada, pero no prohibía explícitamente los desalojos forzosos. Seguía sin haber protección contra ellos en las leyes y políticas de Egipto.

El Centro para la Mejora de Asentamientos Informales, dependiente del gobierno, calculó que unas 11.500 viviendas, sobre todo en El Cairo, estaban situadas en “zonas inseguras” y suponían una amenaza inminente para la vida, por lo que era necesaria su demolición inmediata. El Centro señaló también otras 120.000 viviendas de “zonas inseguras” para su demolición antes de 2017. Según la información recibida, el Centro consideró las posibilidades de mejorar los asentamientos precarios y proporcionar viviendas alternativas cerca de las existentes.

Representantes del Ministerio de la Vivienda afirmaron que se había revisado el plan El Cairo 2050 y se habían abandonado algunos proyectos que habrían supuesto desalojos masivos. Se estaba elaborando un nuevo plan general urbano, Egipto 2052, pero no se consultó a las comunidades de los asentamientos informales.

  • En agosto hubo enfrentamientos entre la policía y residentes del asentamiento informal de Ramlet Bulaq, en el centro de El Cairo, tras haber matado un policía presuntamente a un residente. La policía irrumpió después en Ramlet Bulaq en varias ocasiones y detuvo a algunos hombres y obligó a muchos otros a huir de la zona. Según los residentes, la policía amenazó con proseguir con ese tipo de intimidación hasta que limpiara la zona. Estaba previsto demoler Ramlet Bulaq.
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Personas refugiadas y migrantes

Las fuerzas de seguridad egipcias siguieron disparando contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo extranjeros que intentaban entrar en Israel por la frontera egipcia del Sinaí y mataron al menos a ocho personas. Según se tuvo noticia, traficantes de personas extorsionaron e infligieron abusos a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes que cruzaban la península del Sinaí para entrar en Israel.

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Pena de muerte

Al menos 91 personas fueron condenadas a muerte, algunas después de juicios sin garantías ante tribunales de excepción. No se sabía si se habían llevado a cabo ejecuciones.

  • En septiembre, un tribunal de excepción condenó a muerte a 14 hombres, 8 de ellos in absentia, en relación con un ataque que había causado la muerte de seis personas. También fueron declarados culpables de pertenecer a un grupo yihadista.
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