Información general

El gobierno aceptó muchas de las recomendaciones formuladas tras someterse Egipto al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero, pero rechazó otras y aplazó su decisión sobre una relativa a permitir visitar el país al relator especial sobre la tortura.

En mayo se prorrogó dos años más el estado de excepción vigente desde 1981, pero simultáneamente se promulgó un decreto presidencial que circunscribía la aplicación de la Ley del Estado de Excepción a los casos de “terrorismo” y narcotráfico.

Los trabajadores se manifestaron en numerosas ocasiones para protestar por el aumento del coste de la vida y exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. Las autoridades no aplicaron la resolución de fijar un salario mínimo acorde con el coste medio de la vida, adoptada por un tribunal administrativo.

Tuvieron lugar manifestaciones de activistas políticos –incluidos miembros de la prohibida Hermandad Musulmana y de otros grupos políticos de oposición, como la Asociación Nacional por el Cambio, el Movimiento 6 de abril y el Movimiento Egipcio por el Cambio (Kefaya)– contra el estado de excepción y los abusos de la policía. Se detuvo a numerosos manifestantes, a los que se golpeó y trasladó a lugares remotos donde se los dejó abandonados tras confiscarles los teléfonos móviles, el dinero y los zapatos, mientras que a otros, tras detenerlos y acusarlos formalmente de agredir a agentes de policía, los juzgaron y los condenaron a prisión.

El gobernante Partido Nacional Democrático consiguió una amplia mayoría en las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento (Shura) y a la Asamblea del Pueblo, celebradas en junio, y en noviembre y diciembre, respectivamente, pero los comicios se vieron empañados por graves denuncias de fraude, amaño de votos y actos de violencia en los que murieron al menos ocho personas. Los principales partidos de la oposición se retiraron de las elecciones a la Asamblea del Pueblo en noviembre, tras la celebración de la primera vuelta, que era la más importante.

Se detuvo al menos a 1.200 personas vinculadas a la Hermandad Musulmana después de que esta organización anunciara en octubre su intención de presentar a numerosos simpatizantes suyos como candidatos a las elecciones. Según los resultados oficiales, no salió elegido ninguno de ellos, por lo que la Hermandad Musulmana quedó excluida de la Asamblea del Pueblo, en la que había sido el principal grupo de la oposición.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades utilizaron los poderes que les confería el estado de excepción para detener a sospechosos de delitos contra la seguridad. Los detenidos solían permanecer varias semanas incomunicados. Muchos afirmaron que agentes del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado les habían infligido torturas y otros malos tratos y los habían obligado a hacer “confesiones” de las que se habían retractado después, al comparecer en juicio. Otros presuntos responsables de delitos contra la seguridad fueron expulsados del país.

• Husam Radhwan el Mari, ciudadano sirio residente en Yemen, estuvo recluido 38 días en régimen de incomunicación tras ser detenido en abril en el aeropuerto de El Cairo. Posteriormente afirmó que lo habían golpeado, azotado y torturado con descargas eléctricas por su presunta pertenencia a un “grupo terrorista”. Fue enviado a Yemen tras quedar en libertad sin cargos el 19 de mayo.
• En abril, el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (para el estado de excepción) impuso a 26 presuntos miembros de un grupo llamado Célula de Hezbolá penas de entre seis meses de cárcel y cadena perpetua después de declararlos culpables de planear atentados contra lugares turísticos, estar en posesión de explosivos y pasar información a Hezbolá en Líbano. Cuatro fueron juzgados in absentia. Tras ser detenidos en 2008 y 2009, los 22 restantes habían permanecido recluidos durante meses en régimen de incomunicación en un lugar no revelado, por orden del ministro del Interior. Fueron condenados en función de “confesiones” de las que se habían retractado y que, según ellos, habían sido obtenidas bajo tortura. El tribunal no examinó sus denuncias de manera adecuada.

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Reclusión sin juicio: detención administrativa

A pesar del decreto presidencial promulgado en mayo por el que se limitaba el uso de la Ley del Estado de Excepción, las autoridades siguieron utilizando en la práctica los poderes que les otorgaba para detener a activistas de la oposición y restringir la libertad de expresión. Indicaron que, en virtud del decreto presidencial, se había puesto en libertad a centenares de detenidos administrativos, incluidos presuntos responsables de los atentados con explosivos cometidos en Taba en 2004, pero no facilitaron datos sobre los que continuaban detenidos. Millares de personas siguieron recluidas sin cargos ni juicio a pesar de haberse dictado órdenes judiciales para que fueran puestas en libertad: el Ministerio del Interior eludía en la práctica las órdenes de excarcelación mediante la emisión de nuevas órdenes de detención, menoscabando así el escrutinio y la supervisión judiciales.

• El musulmán chií Mohamed Farouq el Sayyed, así como siete personas más que habían sido detenidas junto con él, siguió sometido a detención administrativa sin cargos ni juicio en la prisión de Damanhour a pesar de que los tribunales habían ordenado su excarcelación al menos en siete ocasiones. Formaba parte de un grupo de 12 personas detenidas en abril y mayo de 2009 como sospechosas de intentar crear una organización para promover el chiismo con unos métodos considerados peligrosos para la comunidad suní y el islam en general. La Fiscalía había dejado en libertad a las 12, pero el Ministerio del Interior las había vuelto a detener. Cuatro habían quedado en libertad posteriormente.

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Tortura y otros malos tratos

En las comisarías, las prisiones y los centros de detención del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado se infligían torturas y otros malos tratos de manera sistemática y, la mayoría de las veces, con impunidad tanto a presuntos delincuentes como a personas detenidas por motivos de seguridad. En algunos casos, la policía agredió a presuntos delincuentes en público y sin ningún reparo, como si no le preocuparan las posibles consecuencias. En otros, según los informes, amenazó a las víctimas con represalias si presentaban una denuncia. En abril, el Ministerio del Interior accedió a indemnizar con 10 millones de libras egipcias (1,76 millones de dólares estadounidenses) a 840 miembros del grupo islamista Gamaa Islamiya que habían sido torturados, pero no se tuvo noticia de que se tomara ninguna medida contra los responsables de la tortura.

En contadas ocasiones, las autoridades emprendieron acciones judiciales contra policías presuntamente responsables de agresiones, pero se trataba en general de casos que habían alcanzado una amplia resonancia. A los agentes declarados culpables se les solían imponer penas leves.

• El médico Taha Abdel Tawwab Mohamed dijo que el 7 de marzo, en Fayún, agentes del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado lo habían desnudado y golpeado por apoyar públicamente a Mohamed el Baradei, ex director del Organismo Internacional de Energía Atómica, a quien las autoridades consideraban detractor del gobierno. Quedó en libertad al día siguiente. Su abogado presentó una denuncia, pero no se tuvo conocimiento de que se tomara ninguna medida.

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Muertes bajo custodia

Al menos cuatro personas murieron, al parecer bajo custodia como consecuencia de torturas u otros malos tratos.

• Khaled Said murió el 6 de junio, presuntamente por haber sido agredido por dos agentes de policía vestidos de civil, que lo habían golpeado brutalmente en un cibercafé de Alejandría en presencia de testigos. El caso provocó una gran indignación, y dos agentes de la comisaría de Sidi Gaber fueron acusados formalmente de detención ilegal y tortura, pero no de ser los responsables directos de la muerte. El juicio, a algunas de cuyas vistas asistieron observadores de Amnistía Internacional, no había concluido todavía al finalizar 2010.
• En noviembre, la familia de Ahmed Shaaban, de 19 años, acusó a la policía de la comisaría de Sidi Gaber de haberlo matado con torturas y haber arrojado después el cadáver a un canal para simular un suicidio. La Fiscalía cerró el caso aduciendo que no había pruebas suficientes y que la autopsia indicaba que la muerte se había producido por asfixia.

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Libertad de expresión

Las autoridades mantuvieron las restricciones impuestas a la libertad de expresión y a los medios de comunicación. Se impedía la divulgación de noticias políticamente delicadas. Se impidió concurrir a las elecciones parlamentarias a candidatos que utilizaban lemas considerados religiosos. Los detractores del gobierno corrían el riesgo de ser procesados penalmente por difamación. Se suspendieron o suprimieron canales de televisión independientes y programas en los que se criticaba a las autoridades. Se censuraban los periódicos extranjeros y los libros cuando trataban cuestiones que las autoridades consideraban delicadas o peligrosas para la seguridad nacional.

En octubre, el Consejo Nacional Regulador de las Telecomunicaciones indicó a las organizaciones que utilizaban servicios SMS para el envío masivo de mensajes a sus afiliados que debían obtener el correspondiente permiso. Las autoridades señalaron que esta medida era necesaria para una “mejor regulación” de los servicios, pero se consideró en general que su finalidad era restringir el envío masivo de mensajes por los opositores al gobierno durante el periodo previo a las elecciones de noviembre. Un día antes de los comicios, un tribunal administrativo anuló la orden del Consejo.

• En mayo se acusó formalmente del delito de difamación a Hamdi Kandil, portavoz de la Asociación Nacional por el Cambio, agrupación de personas que propugnaba la reforma política y constitucional, por haber criticado al ministro de Asuntos Exteriores en un artículo aparecido en el periódico Al Chorouk. Acusado de insultar y calumniar a un funcionario público, quedó a disposición del Tribunal Penal de Giza para ser juzgado. El juicio comenzó en noviembre.

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Libertad de reunión y asociación

Las autoridades mantuvieron las restricciones jurídicas y otras formas de control impuestas a partidos políticos, ONG, asociaciones profesionales y sindicatos. Algunas de estas organizaciones no pudieron obtener su legalización. La Hermandad Musulmana continuó desarrollando sus actividades de manera pública a pesar de seguir prohibida. La policía entorpeció y disolvió por medios violentos mítines electorales de este grupo y de otros partidos de la oposición y detuvo a numerosos miembros y simpatizantes suyos, en especial durante el periodo previo a las elecciones.

Se negó la legalización a la organización no gubernamental Una Patria para el Desarrollo y las Libertades y se clausuraron varias organizaciones benéficas de la localidad de Beni Suef después de acusarlas de infringir la restrictiva legislación sobre ONG.

El gobierno indicó en marzo que se había elaborado un nuevo proyecto de ley sobre ONG para sustituir la Ley 84 de 2002. En caso de promulgarse, la nueva ley restringiría aún más las actividades de estas organizaciones, que, entre otras cosas, tendrían que rendir cuentas a una nueva organización global, integrada en parte por grupos designados por el presidente.

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Discriminación de las mujeres

Las mujeres siguieron sufriendo discriminación, violencia y acoso sexual. A las que vivían en barrios marginales se las discriminaba también en la asignación de una vivienda alternativa tras los desalojos: cuando el esposo estaba ausente, las autoridades locales les exigían que acreditaran su estado civil, pues de lo contrario corrían el peligro de quedarse sin casa.

En febrero, en sus observaciones finales sobre el informe presentado por Egipto en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó al gobierno a que retirara sus reservas a los artículos 2 y 16 de la Convención, revisara y reformara sin demora las leyes que discriminaban a las mujeres y fortaleciera el sistema de denuncias para permitir a las mujeres el acceso efectivo a la justicia. Le instó también a adoptar una ley integral que penalizara todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas la violencia intrafamiliar, la violación conyugal y los crímenes en nombre del “honor”. Sin embargo, no se tomó ninguna medida para aplicar estas recomendaciones.

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Derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos

En septiembre concluyó el juicio contra los funcionarios relacionados con el mortal desprendimiento de rocas ocurrido en 2008 en Al Duwayqa, asentamiento informal de El Cairo. El vicegobernador de El Cairo resultó absuelto, pero otros seis funcionarios fueron declarados culpables de negligencia y condenados a un año de cárcel. Como consecuencia del desprendimiento habían muerto al menos 119 personas y más de 50 habían resultado heridas.

Los habitantes de muchas otras zonas pertenecientes a asentamientos informales y catalogadas oficialmente como “inseguras” seguían viviendo en condiciones manifiestamente insatisfactorias y corriendo el riesgo de ser víctimas de incendios, inundaciones y otras amenazas.

• En enero, al menos seis personas murieron y miles más perdieron sus hogares como consecuencia de unas súbitas inundaciones registradas en Asuán y en la península del Sinaí, especialmente en “zonas inseguras”. Las autoridades reaccionaron con lentitud y de manera inadecuada a la hora de proporcionar ayuda y alojamiento a las personas afectadas.
• En agosto, un incendio destruyó alrededor de 50 chozas en el asentamiento informal de Zerzara, en Port Said, dejando a sus moradores sin hogar. Las autoridades no les facilitaron refugio ni otra vivienda.

Hasta 12.000 familias seguían viviendo en el gran asentamiento informal de Manshiyet Nasser, en el este de El Cairo, en medio de paredes rocosas y peñascos inestables, por falta de medios para residir en otro lugar. La gobernación de El Cairo proporcionó más de 5.000 viviendas alternativas a los habitantes del asentamiento, pero la mayoría se encontraban lejos de sus medios de sustento y de servicios asequibles. No se consultaban a las personas desalojadas por motivos de seguridad las condiciones de su reasentamiento, ni tampoco se les notificaba de manera formal su desalojo, ni siquiera cuando las zonas en las que vivían llevaban meses catalogadas como “inseguras”. Muchas no sabían si las realojarían. Se llevaron a cabo también desalojos forzosos en los asentamientos informales de Establ Antar y Ezbet Khayrallah, en el casco viejo de El Cairo. Muchas familias se quedaron en la calle tras ser desalojadas por la fuerza.

Las autoridades siguieron elaborando y acometiendo planes de desarrollo para algunas de las 404 zonas oficialmente catalogadas como “inseguras” en todo Egipto, en las que se calculaba que vivían 850.000 personas, sin consultar de manera adecuada a los afectados. Los planes oficiales para eliminar 33 “zonas de viviendas precarias” en el área metropolitana de El Cairo antes de 2015 incluían Ezbet Abu Qarn, Ramlet Bulaq y partes de Ezbet Khayrallah y Ezbet al Haggana. Estaba previsto realojar a los residentes –posiblemente sin su total consentimiento– en dos lugares alejados de allí: Ciudad 6 de Octubre, al suroeste de Giza, y Ciudad 15 de Mayo, al sur de El Cairo.

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Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Las fuerzas de seguridad de fronteras continuaron empleando medios letales contra migrantes extranjeros que intentaban pasar a Israel. Según los informes, al menos 30 personas resultaron muertas por disparos. No se llevó a cabo ninguna investigación oficial sobre las circunstancias en que se habían utilizado tales medios. Se detuvo y recluyó a otras personas que intentaban cruzar la frontera ilegalmente.

• En julio, un tribunal administrativo anuló una orden de expulsión dictada por el ministro del Interior contra Mohamed Adam Abdallah Yahya e Ishaq Fadlallah Ahmed Dafaallah, solicitantes de asilo de Darfur expuestos a ser devueltos a Sudán, donde podían sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

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Pena de muerte

Se impusieron como mínimo 185 condenas de muerte y se ejecutó al menos a 4 personas.

• En marzo se ahorcó en días sucesivos a Jihan Mohammed Ali y a Atef Rohyum Abd al al Rohyum. Habían sido declarados culpables de asesinar al esposo de Jihan Mohammed Ali. Según los informes, la mujer había dicho en la cárcel que ella era la única responsable de la muerte de su esposo. El hombre fue ejecutado a pesar de haber solicitado un nuevo juicio. No se notificó a sus familias que iban a ser ejecutados.

Egipto fue uno de los pocos Estados que votó en diciembre en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.

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