Ecuador
Jefe del Estado y del gobierno
Rafael Vicente Correa Delgado

Dirigentes indígenas y comunitarios se enfrentaron a cargos penales falsos destinados a restringir su libertad de reunión. No se respetó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado.

Información general

Las organizaciones indígenas encabezaron manifestaciones masivas y bloqueos para protestar contra las propuestas del gobierno sobre el uso de los recursos naturales y para reclamar el derecho de consulta.

En agosto, Ecuador concedió asilo diplomático a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Al concluir el año, Assange continuaba en la embajada ecuatoriana en Reino Unido, en donde había solicitado asilo cuando el Tribunal Supremo británico desestimó su recurso contra la orden de extradición a Suecia para responder por las acusaciones de agresión sexual. Ecuador le concedió asilo diplomático alegando que, de ser enviado a Suecia, podrían extraditarlo a Estados Unidos, donde estaría expuesto a juicio sin garantías, trato cruel, inhumano o degradante, cadena perpetua y pena de muerte.

En octubre, un tribunal ecuatoriano ordenó la congelación de activos de la empresa petrolífera Chevron en Ecuador por valor de unos 200 millones de dólares estadounidenses para ejecutar una resolución anterior que concedía 18.200 millones de dólares a comunidades indígenas de la Amazonia por daños medioambientales. Ese mismo mes, Chevron había perdido un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el que pretendía impedir que los demandantes cobraran la indemnización por daños y perjuicios. En noviembre, un juez de Argentina ordenó el embargo de los bienes de Chevron en dicho país para ejecutar el fallo del tribunal ecuatoriano.

En septiembre, Ecuador aceptó la mayoría de las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal de la ONU. Entre ellas se encontraban las de velar por que los activistas comunitarios y los dirigentes indígenas pudieran ejercer su derecho de reunión y protesta pacífica, examinar las leyes vigentes y los proyectos de ley sobre la libertad de expresión y despenalizar la difamación. Sin embargo, el Estado rechazó la recomendación de garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.

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Libertad de asociación

Líderes indígenas y campesinos se enfrentaron a cargos infundados de terrorismo, sabotaje y homicidio, y se los sometió a procesamiento penal, detención arbitraria y estrictas condiciones de libertad bajo fianza con el fin de disuadirlos de expresar su oposición a las leyes y políticas gubernamentales. En la mayoría de los casos, los jueces desestimaron los cargos por considerarlos infundados. Sin embargo, al concluir el año, tres líderes campesinos e indígenas seguían siendo objeto de procedimientos judiciales y restricciones de la libertad bajo fianza, y otros tres habían sido declarados culpables y condenados a breves periodos de prisión.

  • En agosto, Carlos Pérez, dirigente de los Sistemas de Agua Comunitarios del Azuay; Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, y Efraín Arpi, dirigente de la parroquia Tarqui, recibieron una condena reducida de ocho días de prisión por cortar una carretera durante una protesta organizada en la provincia del Azuay contra una propuesta de ley. Los tres sostenían que la legislación afectaría al acceso de su comunidad al agua y que no se había celebrado una consulta adecuada. Federico Guzmán y Efraín Arpi declararon que no habían participado directamente en la protesta. Carlos Pérez admitió haberlo hecho, pero afirmó que habían permitido la circulación cada 30 minutos y habían dejado pasar a los vehículos de emergencia. Al concluir el año no se había dictado aún la orden para su detención.
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Derechos de los pueblos indígenas

En julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que Ecuador no había consultado a la comunidad indígena de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, con respecto a un proyecto petrolífero que se iba a llevar a cabo en su territorio. La Corte ordenó al Estado que, entre otras medidas, retirase o desactivase los explosivos enterrados en el territorio de Sarayaku, consultase a las comunidades de Sarayaku sobre cualquier proyecto futuro de desarrollo que les pudiera afectar y adoptase medidas para materializar el derecho a la consulta de todos los pueblos indígenas.

En noviembre salió a concurso público la exploración petrolífera de la región del Amazonas; causaba preocupación el que no se hubiera consultado a las comunidades indígenas que podían verse afectadas.

En un informe publicado en agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la inexistencia de un proceso regulado y sistemático de consulta con los pueblos indígenas sobre cuestiones que les afectaban, como la extracción de los recursos naturales.

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Libertad de expresión

Preocupaba el hecho de que se estuviera recurriendo a leyes relativas al delito de injuria para utilizarlas contra periodistas, vulnerando así el derecho a la libertad de expresión, e inquietaba la posibilidad de que esta situación disuadiera de expresarse abiertamente a otras personas críticas con las autoridades gubernamentales.

  • En febrero, la Corte Nacional de Justicia confirmó la condena, a tres años de cárcel y el pago de 40 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios, impuesta a tres propietarios del diario El Universo y un periodista que trabajaba en él. Los cuatro habían sido declarados culpables de difamación por un editorial en el que calificaban al presidente de “dictador” y lo acusaban de dar la orden de abrir fuego en un hospital durante las protestas policiales de septiembre de 2010. El presidente indultó posteriormente a todos ellos.
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