Ecuador - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Ecuador

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Ecuador is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Rafael Vicente Correa Delgado
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
13,6 millones
Esperanza de vida
75 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
29/22 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
91 por ciento

Decenas de manifestantes fueron objeto de detención arbitraria y malos tratos durante las protestas multitudinarias llevadas a cabo contra nueva legislación sobre el uso de los recursos naturales. Se denunciaron amenazas y actos de intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos dirigentes indígenas y comunitarios.

Información general

El 26 de abril, el presidente Rafael Correa fue reelegido por cuatro años más. El máximo mandatario del país prometió reducir la desigualdad y la pobreza y mejorar las condiciones de los pueblos indígenas.

A lo largo del año tuvieron lugar manifestaciones multitudinarias y se llevaron a cabo bloqueos de carreteras en protesta por nueva legislación sobre el uso de los recursos naturales, en especial el agua, y por la Ley de Minería aprobada en enero, que imponía nuevas restricciones al derecho constitucional de los pueblos indígenas a ser consultados sobre asuntos relativos a sus derechos.

En octubre, Ecuador ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se intimidó y acosó a personas que defendían los derechos humanos, en concreto a dirigentes indígenas y comunitarios. Entre las decenas de manifestantes que fueron objeto de detención arbitraria y malos tratos en el contexto de las protestas multitudinarias contra la nueva ley de minería figuraron dirigentes comunitarios y defensores de los derechos humanos.

  • En enero, el defensor de los derechos humanos Joel Vicente Zhunio Samaniego resultó gravemente herido por disparos cuando era introducido por la fuerza en un vehículo de la policía. Fue detenido sin orden judicial y acusado de sabotear servicios públicos durante las manifestaciones multitudinarias celebradas contra la Ley de Minería. Durante los 18 días que permaneció detenido en régimen de incomunicación fue golpeado y amenazado de muerte. Posteriormente quedó en libertad y se retiraron todos los cargos.
  • También en enero, en Molleturo (provincia de Azuay), unos agentes de policía detuvieron y golpearon a tres defensoras de los derechos humanos: Etelvina de Jesús Misacango Chuñir, Virginia Chuñir y Yolanda Gutama. Se las acusaba de haber bloqueado carreteras durante unas protestas contra la Ley de Minería registradas ese mismo mes. Las tres quedaron en libertad condicional al día siguiente. El 22 de abril, cuatro hombres agredieron a Etelvina de Jesús Misacango Chuñir delante de su domicilio en la localidad de Molleturo. Se la agredió al aparecer por oponerse a que se llevaran a cabo actividades mineras en la zona.
  • Entre marzo y agosto se retiró la personería jurídica a la ONG Acción Ecológica, que llevaba trabajando más de 20 años en asuntos relacionados con el medio ambiente. Al parecer la medida se adoptó para tratar de acallar las críticas contra la Ley de Minería.

Rendición de cuentas de las empresas

En abril, un despacho de abogados de Canadá presentó una demanda contra la Bolsa de Toronto y contra una empresa minera canadiense en nombre de tres residentes de la zona de Intag, en el Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Estas personas –una mujer y dos hombres– afirmaban que unos guardias de seguridad de la empresa los habían agredido en 2006. Uno de los hombres también decía que personas presuntamente vinculadas a la firma lo habían amenazado e intimidado en varias ocasiones en 2005, 2006 y 2007. Aseguraban que los ataques y los actos de intimidación se debían a la campaña que venían realizando contra la apertura de una mina de cobre en la zona. Al parecer, la Bolsa de Toronto había facilitado la financiación de la compañía a pesar de haber recibido información sobre posibles perjuicios para la población. Al finalizar el año, la demanda seguía pendiente de resolución ante la Corte Superior de Justicia de Ontario.

Se aplazó hasta 2010 la resolución de la Corte Provincial de Lago Agrio sobre una demanda presentada en 1993 por una serie de comunidades locales. Éstas afirmaban que la compañía petrolera Chevron (antigua Texaco) había causado daños medioambientales durante los más de 20 años que había estado extrayendo petróleo.

Impunidad

Se prolongó el mandato de la Comisión de la Verdad, creada en mayo de 2007 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas desde 1984. Al finalizar 2009, 700 personas habían declarado ante la Comisión sobre casos de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia.

Continuaban sin esclarecerse casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas y los familiares de éstas que trataban de obtener justicia y reparación eran objeto de amenazas y actos de intimidación.

  • Continuó la campaña de intimidación iniciada por la policía contra la agente Leidy Johanna Vélez Moreira y su familia después de que esta agente presentara una denuncia contra el cuerpo por haber asaltado su domicilio en octubre de 2007. Los últimos incidentes tuvieron lugar el 23 y el 24 de enero de 2009, cuando agentes de policía las siguieron a ella y a su pareja. La familia Vélez ha presentado varias denuncias contra la policía, incluida una por la tortura y el homicidio de los hermanos de Leidy Johanna Vélez Moreira, Yandry Vélez Moreira y Juan Miguel Vélez Cedeño, ocurridos en Montecristi, provincia de Manabí, en diciembre de 2008.

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