Ecuador

Human Rights in República de Ecuador

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Ecuador is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Rafael Vicente Correa Delgado
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 13,5 millones
Esperanza de vida 74,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 29/21 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 91 por ciento

La nueva Constitución se aprobó en un referéndum celebrado en septiembre. La Comisión de la Verdad, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, presentó su primer informe en junio. La reforma penitenciaria, anunciada en 2007 y reiterada en el informe presentado por Ecuador en abril en el marco del examen periódico universal de la ONU, seguía pendiente. Continuaron recibiéndose denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas contra activistas indígenas y medioambientales, y los detractores del gobierno acusaron a éste de tolerar cada vez menos la disidencia.

Información general

La Asamblea Constituyente, que puso en marcha el proceso de reformas en noviembre de 2007, aprobó en julio un anteproyecto de Constitución. La propuesta de Carta Magna otorgaba mayores atribuciones al presidente y daba al gobierno un mayor control sobre la distribución de la tierra y las empresas extractoras. Reconocía la plurinacionalidad de Ecuador y concedía a las comunidades locales el derecho a ser consultadas sobre los planes mineros y petroleros. Al finalizar el año seguía debatiéndose un proyecto de ley sobre la industria minera, en medio de las protestas de grupos de la sociedad civil que temían que otorgase demasiado poder a las grandes empresas mineras en detrimento de las comunidades locales y el medio ambiente.

La Comisión de la Verdad, establecida en mayo de 2007 para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), empezó a recibir los primeros testimonios en febrero de 2008, y en septiembre hizo público un informe provisional. El ex presidente Febres Cordero falleció en diciembre.

Entre las personas que murieron durante una operación militar realizada en marzo por las fuerzas de seguridad colombianas en territorio ecuatoriano se encontraba Raúl Reyes, segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (véase el apartado sobre Colombia).

"...el aborto [es] la segunda causa más importante de mortalidad materna y, al estar insuficientemente documentado, se [desconoce] la magnitud del problema de los abortos inseguros y sus efectos sobre dicha mortalidad."

Empresas extractoras y derechos humanos

En un informe publicado en agosto, el relator especial de la ONU sobre las poblaciones indígenas expresó su preocupación por las denuncias de violaciones de derechos humanos e indicó que seguiría monitoreando los casos de conflicto ambiental entre empresas petroleras transnacionales y comunidades indígenas o locales.

  • Esther Landetta Chica, defensora del medio ambiente y de los derechos de las mujeres, recibió entre mayo y julio varias amenazas de muerte anónimas porque se había hecho eco de la preocupación social por las posibles consecuencias negativas de las actividades mineras irregulares en la provincia de Guayas.

En marzo, la Asamblea Constituyente amnistió a varios centenares de personas privadas de libertad, la mayoría detenidas en el contexto de las manifestaciones en favor del medio ambiente. Entre ellas figuraban 37 personas detenidas en diciembre de 2007 en la localidad de Dayuma, provincia de Orellana, después de que el gobierno declarara el estado de emergencia para atajar las protestas contra determinadas operaciones petrolíferas. Se retiraron los cargos contra algunas personas detenidas que habían sido acusadas de terrorismo, entre ellas la prefecta provincial Guadalupe Llori. Sin embargo, ésta siguió en prisión durante casi 10 meses por el cargo de peculado (fraude). En septiembre quedó en libertad tras ser absuelta de todos los cargos.

En noviembre, el gobierno retiró la polémica concesión otorgada a la empresa minera canadiense Copper Mesa Mining Corporation (antes Ascendent Copper). Esta y otras decisiones similares de retirar concesiones mineras se adoptaron después de que la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente aprobaran en abril un Mandato Minero encaminado a proteger a las poblaciones locales y al medio ambiente de los efectos negativos de la minería.

Violencia contra mujeres y niñas

En sus observaciones finales sobre Ecuador –hechas públicas en noviembre– el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por la violencia ejercida contra las niñas en el entorno escolar. Subrayaba también la persistencia de un alto nivel de pobreza y exclusión social entre las mujeres indígenas y de ascendencia africana, que encontraban obstáculos a la hora de acceder a la educación y a la asistencia médica y participar en los procesos de toma de decisiones. El Comité instó a Ecuador a que, con el fin de combatir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, elaborara y aplicara una estrategia global que contara con recursos adecuados y dedicados exclusivamente a este fin. Expresó también su preocupación por el elevado índice de mortalidad materna. Señaló que el aborto era la segunda causa más importante de mortalidad materna y que, al estar insuficientemente documentado, se desconocía la magnitud del problema de los abortos inseguros y sus efectos sobre dicha mortalidad.

Libertad de expresión

Aumentó la tensión entre el gobierno y algunos sectores de los medios de comunicación. Entre las empresas embargadas por el Estado en julio para hacer frente a las deudas que habían contraído como consecuencia de un escándalo bancario, se encontraban dos cadenas de televisión. Se despidió a los directores de los programas informativos de ambas cadenas y se los sustituyó por personas nombradas por el gobierno, con la consiguiente preocupación de que el Estado impusiera la línea editorial.

En junio, un juez ordenó que se archivara la causa seguida contra Francisco Vivanco Riofrío, redactor jefe del periódico La Hora, por «desacato» al presidente Correa, cargo formulado por la publicación de un editorial crítico con el gobierno en marzo de 2007.

Policía y fuerzas de seguridad

La policía hizo en ocasiones uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Se denunciaron casos de detenciones arbitrarias y malos tratos, en especial contra miembros de comunidades indígenas y minorías étnicas.

  • El 13 de abril, agentes de policía detuvieron a 23 afroecuatorianos en el parque La Carolina de Quito, según los informes, porque les pareció que tenían una «actitud sospechosa». A algunos los mantuvieron detenidos varios días antes de dejarlos en libertad sin cargos. El ministro de Gobierno se disculpó posteriormente. Tras examinar en julio el informe presentado por Ecuador, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por este hecho.
  • En febrero, tres agentes de policía acusados de haber matado en enero de 2007 a Paúl Alejandro Guañuna Sanguña, un muchacho de 17 años, fueron condenados a sendas penas de 20 años de cárcel.

 

Cómo puedes ayudar