Ecuador - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Ecuador

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Ecuador is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Rafael Vicente Correa Delgado
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 13,6 millones
Esperanza de vida : 74,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 29/22 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 91 por ciento

El nuevo gobierno puso en marcha reformas constitucionales. Ecologistas y dirigentes comunitarios fueron objeto de amenazas y actos de acoso en zonas próximas a empresas extractoras. Se denunciaron varios casos de tortura y malos tratos a manos de la policía.

Información general

En enero, Rafael Correa juró el cargo de presidente y delineó cinco áreas de trabajo prioritarias, entre ellas la reforma de la Constitución, la reforma de los sectores de la educación y la salud y la reducción de la corrupción.

El presidente creó en mayo una comisión de la verdad para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). Sin embargo, la comisión no había empezado todavía sus trabajos al finalizar el año. Ecuador firmó también en mayola Convención Internacional parala Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En un decreto presidencial promulgado en junio se reconocía que el sistema penitenciario se encontraba en una situación de emergencia y se prometían reformas en profundidad. También en junio, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos de la ley del servicio militar, abriendo así el camino a la objeción de conciencia.

Centenares de colombianos huyeron a Ecuador para escapar de los intensos combates entre las fuerzas de seguridad y la guerrilla en el departamento de Nariño, en el sur de Colombia, y de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por los paramilitares respaldados por el ejército.

Activismo comunitario y motivos de preocupación respecto al medio ambiente

En junio, un tribunal federal de Nueva York reconoció la jurisdicción de la justicia ecuatoriana en la demanda presentada por ciudadanos ecuatorianos contra Chevron (ex Texaco) por los presuntos daños causados en la región amazónica entre 1964 y 1990. Estaba previsto que el juicio concluyera en 2008.

Según los informes, ecologistas y activistas comunitarios fueron objeto de amenazas y actos de acoso en el contexto de las acciones de protesta realizadas contra los planes de extracción de riquezas naturales.

  • Entre junio y agosto, el dirigente comunitario Jaime Polivio Pérez Lucero recibió amenazas de muerte y la activista Mercy Catalina Torres Terán fue agredida por un hombre armado sin identificar. El motivo de estas acciones fue al parecer la oposición de ambos a un proyecto minero que debía realizarse cerca de sus casas, en la zona de Intag, provincia de Imbabura.
  • En enero y marzo, según los informes, miembros de las fuerzas armadas amenazaron y hostigaron a integrantes de una comunidad de Cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar. Los detuvieron, acusándolos de actos de sabotaje y violencia contra las fuerzas armadas, pero los dejaron en libertad varios días después por falta de pruebas concluyentes. Las detenciones se debieron al parecer a la campaña emprendida por la comunidad en favor del derecho de las personas afectadas por la construcción en la zona de una presa y una central hidroeléctrica a ser consultadas sobre los detalles del proyecto.
  • En noviembre se declaró el estado de emergencia en la provincia de Orellana después de que, durante una campaña para exigir que el gobierno invirtiera más dinero procedente del petróleo en la mejora de las infraestructuras de la provincia, unos manifestantes se apoderaran de algunos pozos petrolíferos y redujeran la producción de petróleo en torno a un 20 por ciento. En una operación militar llevada a cabo para sofocar las protestas se detuvo a unos 20 manifestantes y, según los informes, se les infligieron malos tratos.

Policía y fuerzas de seguridad

Según los informes, varias personas sufrieron malos tratos bajo custodia policial. Una persona murió bajo custodia en circunstancias controvertidas. Persistieron los motivos de preocupación sobre los intentos de remitir las denuncias de malos tratos infligidos por la policía a los tribunales policiales en lugar de a los civiles.

  • Un muchacho de 17 años, Paúl Alejandro Guañuna Sanguña, fue detenido en enero por dos agentes de policía cuando se dirigía a pie a su casa, en Zámbiza, provincia de Pichincha. Al día siguiente se encontró su cadáver en el fondo de un barranco. El intento de remitir el caso a un tribunal policial retrasó el comienzo del proceso judicial. El juicio proseguía en un tribunal civil al finalizar el año.
  • En mayo, la policía dio el alto a un muchacho de 16 años, Víctor Javier Tipán Caiza, cuando se dirigía a pie a su casa en compañía de unos amigos. Éstos lograron huir, pero Víctor Tipán fue detenido y puesto bajo custodia. Sus amigos lo encontraron más tarde en el sitio donde les habían dado el alto. Sufría lesiones múltiples, como rotura de la nariz y de varios dientes. Al parecer se inició una investigación de lo sucedido, pero los resultados seguían sin conocerse al finalizar el año.

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