Ecuador - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Ecuador

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Ecuador is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Alfredo Palacio
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Continuó el malestar social. Se recibieron informes según los cuales las fuerzas de seguridad habían hecho uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Los índices de mortalidad infantil y materna continuaron siendo elevados y la violencia doméstica siguió constituyendo un motivo de preocupación. Se recibieron informes de torturas y malos tratos, y las condiciones penitenciarias siguieron siendo muy duras. Se tuvo noticia de casi 100 homicidios en la frontera con Colombia.

Información general

En noviembre fue elegido presidente Rafael Correa, que se había presentado a los comicios con un programa de reformas constitucionales, económicas y sociales. Estaba previsto que asumiera la presidencia en enero de 2007.

El ex presidente Lucio Gutiérrez quedó en libertad tras ser absuelto de los cargos de corrupción y atentar contra la seguridad del Estado.

En noviembre se destituyó a tres magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, nombrada durante el gobierno provisional de Alfredo Palacio, por denuncias de corrupción.

Manifestaciones de protesta

Durante todo el año continuaron el malestar social y las manifestaciones de protesta contra las políticas económicas y el impacto de las actividades de las empresas extractivas sobre las fuentes de sustento de las comunidades. Según los informes, decenas de manifestantes resultaron heridos, y se recibieron denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército.

Durante 2006, como consecuencia de los disturbios, se decretó el estado de emergencia en varias provincias durante periodos de como mínimo 60 días. En virtud de la legislación sobre estado de emergencia se suspendió la libertad de expresión, circulación y asociación y se autorizó a las fuerzas de seguridad a registrar domicilios sin orden judicial.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se siguió amenazando e intimidando a defensores de los derechos humanos, dirigentes comunitarios y ecologistas que criticaban las políticas del gobierno y el impacto de las actividades de las empresas extractivas. Algunas de estas personas fueron objeto de acusaciones infundadas.

Se amenazó en repetidas ocasiones al equipo de abogados de las comunidades indígenas que habían demandado a una multinacional petrolera por no limpiar la contaminación producida por las perforaciones petrolíferas realizadas en la provincia de Sucumbíos entre 1964 y 1992. No se inició ninguna investigación y no se facilitó protección a ninguna de las víctimas, a pesar de las medidas preventivas ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Derecho a la salud

La mortalidad infantil y materna siguió siendo elevada. Las mujeres y los menores sin medios económicos siguieron careciendo de acceso gratuito a los servicios de salud infantil y materna, derecho garantizado en la legislación promulgada en 1994. Según los informes, el gobierno no garantizó que las mujeres sin recursos recibieran información clara y accesible.

Derechos humanos de las mujeres

La violencia doméstica siguió constituyendo un motivo de preocupación. Según los informes, el número de denuncias presentadas en las 30 Comisarías de la Mujer y la Familia aumentó en 2006. Según la Oficina de Defensa de la Mujer, este hecho se debió en parte a la promoción de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, promulgada en 1995, y a una mejor formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para responder a la violencia contra las mujeres.

Tortura y malos tratos

En febrero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria expresó su preocupación por el hecho de que en las comisarías de policía fuera algo habitual la aplicación de torturas y malos tratos para obtener confesiones o castigar a presuntos delincuentes.

Miembros de la policía y de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos continuaron siendo juzgados por tribunales policiales o militares, que no eran independientes ni imparciales. En la gran mayoría de los casos, los responsables de violaciones no rindieron cuentas de sus actos.

Al concluir el año seguían en libertad 20 agentes de policía condenados a penas de entre 2 y 16 años de cárcel por la desaparición forzada de Elías López Pita en el año 2000.

Condiciones penitenciarias

Entre abril y junio, tras los problemas de seguridad registrados en las cárceles y una huelga del personal de prisiones en demanda de mayores fondos, se impuso la legislación sobre estado de emergencia en el masificado sistema penitenciario. El gobierno anunció una inversión de ocho millones de dólares estadounidenses en infraestructuras con el fin de mejorar las condiciones en las cárceles.

En septiembre, el Tribunal Constitucional confirmó una resolución que había adoptado en 2003, según la cual era inconstitucional un artículo del Código de Procedimiento Penal que negaba a los detenidos en espera de recibir sentencia el derecho a la libertad condicional. Según los informes, de un total de 14.000 personas encarceladas había entre 5.000 y 7.000 en espera de recibir sentencia.

Derechos de las minorías étnicas

El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas expresó su preocupación por lo limitado del acceso de los pueblos indígenas a la salud y a la educación y por el impacto negativo de las actividades extractivas sobre su entorno y condiciones de vida. Manifestó también su preocupación por que no se hubieran respetado las garantías constitucionales que obligan a consultar a los pueblos indígenas sobre los proyectos de extracción en sus territorios. Se recibieron denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas destinados a garantizar la seguridad de las empresas extractivas.

Homicidios en la frontera con Colombia

Se siguieron recibiendo informes de incursiones de grupos armados y del ejército colombiano en territorio ecuatoriano. Desde la aplicación en el año 2000 del programa de ayuda militar respaldado por Estados Unidos y conocido como Plan Colombia, las organizaciones de derechos humanos habían documentado más de 700 homicidios en la provincia de Sucumbíos, casi 100 en 2006. En muchos casos, a las víctimas, entre las que figuraban civiles de ambos sexos y menores, se les acusaba de ser presuntos delincuentes; algunas presentaban señales de tortura. Según algunos testigos, miembros de la policía y del ejército habían participado en algunos de los homicidios. La gran mayoría de los casos no fueron denunciados por los familiares de las víctimas ni investigados por las autoridades por miedo a represalias. Se recibieron informes de amenazas contra testigos, fiscales, agentes de policía, gobernadores y otros funcionarios locales.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Visita

  Una delegación de Amnistía Internacional visitó Ecuador en octubre.

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