Según los informes, la policía cometió homicidios ilegítimos. Seguían sin resolverse
muchas presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía. Se continuaron
negando los documentos de identidad a la población de origen haitiano. La violencia
contra mujeres y niñas seguía suscitando gran preocupación.
El Congreso aprobó varias leyes orgánicas reguladoras de las instituciones estatales.
Al finalizar el año fueron nombrados miembros de la Suprema Corte de Justicia y del
nuevo Tribunal Constitucional. Por décimo año consecutivo, el Congreso siguió sin
nombrar a un defensor del Pueblo.
Según estadísticas de la Procuraduría General, en 2011 murieron a manos de la policía
289 personas, frente a las 260 fallecidas en 2010. Los datos indicaban que muchas
de estas muertes podrían haber sido homicidios ilegítimos.
Luis Alfredo Domínguez Rodríguez murió a manos de la policía el 26 de enero en Nagua.
Su amigo Henry Ortiz, que resultó herido en el mismo incidente, dijo que acababa de
detener su motocicleta para que se subiera Luis Alfredo Domínguez Rodríguez cuando
se les acercaron cuatro policías en un auto patrulla y, sin advertencia previa, dispararon
contra el propio Henry Ortiz cinco veces. A continuación, según el relato de Ortiz,
un agente disparó a Luis Alfredo Domínguez Rodríguez después de que otro policía dijera
que no querían testigos de los disparos. Luis Alfredo Domínguez murió pocas horas
después. Henry Ortiz estuvo hospitalizado 20 días. Al finalizar el año, tres agentes
estaban siendo enjuiciados en relación con los disparos.
Se siguieron conociendo casos de torturas durante interrogatorios policiales y de
detenciones arbitrarias masivas.
El 13 de octubre, cinco policías dieron una paliza a Pedro Arias Roja en su casa de
San Cristóbal, adonde habían ido a detenerlo por posesión ilegal de un arma de fuego.
En la comisaría, los policías le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico y lo
golpearon. Arias presentó una denuncia, pero al finalizar el año las autoridades no
habían iniciado ninguna investigación efectiva.
La policía usó en varias ocasiones fuerza innecesaria o excesiva para dispersar a
manifestantes.
El 20 de octubre, la policía disparó en la pierna a la estudiante universitaria Claudia
Espíritu cuando se manifestaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo contra
una ley de presupuestos recién aprobada. Al menos otros tres estudiantes resultaron
heridos por disparos de la policía.
Muchos presuntos casos de abusos policiales seguían sin ser castigados, pese a la
existencia de pruebas fehacientes.
Las autoridades no aclararon las desapariciones forzadas de Gabriel Sandi Alistar
y Juan Almonte Herrera. Ambos habían sido vistos por última vez bajo custodia policial
en julio y septiembre de 2009, respectivamente, y al finalizar 2011 seguían en paradero
desconocido.
Un estudio realizado por el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes en cuatro comunidades
rurales reveló que la Junta Central Electoral había negado documentos de identidad
a por lo menos 1.584 personas, alegando principalmente una directiva de marzo de
2007; el 96 por ciento de los casos se había producido entre 2005 y 2011, y la mayoría
de ellos era de 2011. Alrededor del 72 por ciento de las personas afectadas tenían
entre 15 y 34 años. La denegación de documentos de identidad les había impedido de
hecho realizar estudios, encontrar empleo u obtener otros documentos oficiales.
El impacto de la directiva de 2007 en miles de dominicanos de origen haitiano se debatió
en octubre en una vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cinco días
antes, la Junta Central Electoral hizo pública una decisión que permitía la expedición
temporal de documentos de identidad a descendientes de ciudadanos extranjeros hasta
que concluyeran las investigaciones sobre las alegaciones de que antes de 2007 se
habían emitido incorrectamente documentos de identidad. Sin embargo, según las organizaciones
de defensa de los derechos de las personas migrantes, la expedición de documentos
seguía estando a discreción de funcionarios administrativos que, en muchos casos,
continuaban negando los documentos a los dominicanos de origen haitiano.
En enero, tras un brote de cólera en Haití, las autoridades dominicanas intensificaron
las expulsiones masivas de migrantes haitianos, alegando que era una medida necesaria
para impedir la propagación de la enfermedad. Pese al llamamiento realizado en junio
por dos agencias de la ONU para que se suspendieran por razones humanitarias todas
las devoluciones a Haití, las expulsiones masivas continuaron durante el año.
El 20 de septiembre, a las cinco de la madrugada, al menos 80 migrantes haitianos
que vivían en Navarrete fueron expulsados a Haití. Según las organizaciones locales
que trabajaban con migrantes, durante la operación variois migrantes fueron golpeados,
y algunos niños, separados de sus padres. Los migrantes, muchos de los cuales llevaban
más de 10 años viviendo en la comunidad, no tuvieron la oportunidad de que se examinaran
individualmente sus casos.
Según la Procuraduría General de la República, en 2011 murieron a manos de sus parejas
o ex parejas 127 mujeres y niñas, frente a las 97 de 2010.
Al finalizar el año, el Congreso examinaba un proyecto de ley sobre femicidio y estudiaba
la posibilidad de incluirlo como delito específico en el Código Penal.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, entre enero y agosto 60 periodistas
y otros trabajadores de los medios de comunicación sufrieron acoso o agresiones físicas,
en muchos casos a manos de la policía. En agosto, más de 60 periodistas denunciaron
una campaña de desprestigio a cargo de funcionarios del Estado contra periodistas
independientes que informaban sobre corrupción y narcotráfico.
El 2 de agosto, el periodista de televisión José Silvestre fue secuestrado y asesinado
en La Romana. Aunque ya había sido agredido y amenazado ese mismo año, las autoridades
no le habían proporcionado protección, pese a haberlo solicitado el Sindicato Nacional
de Trabajadores de Prensa.
Según las ONG locales, entre enero y septiembre se llevaron a cabo al menos 100 desalojos
forzosos. En la mayoría de los casos no se respetó el proceso debido ni se consultó
a las comunidades afectadas. En varias ocasiones se tuvo noticia de muertes y heridas
de bala durante los desalojos.
El 15 de octubre, unas 72 familias fueron desalojadas de unos terrenos privados del
barrio de Brisas del Este, en Santo Domingo Este. Según testigos presenciales, la
policía y los soldados dispararon perdigones y gas lacrimógeno contra las casas para
obligar a las familias a salir. Al finalizar el año, decenas de familias vivían aún
en un campamento improvisado en una calle próxima.
