Dinamarca
Jefa del Estado
reina Margarita II
Jefa del gobierno
Helle Thorning-Schmidt

Un informe del Parlamento Europeo recomendó que Dinamarca llevase a cabo una investigación independiente sobre su participación en el programa de entregas dirigido por Estados Unidos. Se levantó la suspensión de las transferencias de detenidos por parte de las fuerzas armadas danesas al servicio de inteligencia afgano, a pesar de que las personas transferidas corrían un riesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos. Seguían preocupando las prácticas de detención destinadas al control de la inmigración por el modo en que afectaban a las personas en situación vulnerable.

Tortura y otros malos tratos

En abril, el gobierno creó una comisión para analizar la participación de Dinamarca en la guerra de Irak, incluidas las denuncias de que el ejército había transferido a detenidos a las autoridades iraquíes a pesar de que parecía saber que correrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. En octubre se supo que soldados daneses disponían de imágenes de vídeo en las que, al parecer, se veía a detenidos sufriendo malos tratos a manos de soldados iraquíes.

  • En diciembre, según la información disponible, se impidió en la práctica a 11 iraquíes emprender acciones contra Dinamarca por haberlos transferido presuntamente a las autoridades de Irak a sabiendas de que correrían peligro. Se les había negado la asistencia letrada gratuita y, como requisito previo al inicio de las acciones judiciales, se les exigió a cada uno el pago de un depósito de 40.000 coronas en concepto de garantía, una cantidad que ninguno de ellos podía costearse.

En octubre se levantó la suspensión de las transferencias de detenidos por parte de las fuerzas armadas danesas al servicio de inteligencia afgano, la Dirección Nacional de Seguridad, a pesar de que las personas bajo custodia de este organismo corrían un riesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos. Así, el 20 de octubre y el 23 de noviembre, las fuerzas armadas danesas en Afganistán transfirieron a detenidos afganos a un centro de la Dirección Nacional de Seguridad en Lashkar Gah.

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Seguridad y medidas antiterroristas

En septiembre, un informe del Parlamento Europeo recomendó que Dinamarca llevase a cabo una investigación independiente sobre su presunta complicidad en el programa de entregas de la CIA. En mayo se había publicado un estudio encargado por el gobierno y realizado por el Instituto de Estudios Internacionales danés, pero consistía en el examen de documentos recopilados previamente y no era una investigación que tuviese en cuenta cuestiones de derechos humanos.

También en septiembre, un comité de expertos presentó un anteproyecto de ley que establecía la supervisión independiente de la recopilación y el almacenamiento de información sobre personas y organizaciones por parte del Servicio de Inteligencia y Seguridad danés. Sin embargo, preocupaba que el anteproyecto no estipulase la creación de un mecanismo de control debidamente independiente y efectivo ni incluyese disposiciones sustantivas sobre la entrega de esa información a servicios de inteligencia extranjeros.

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Policía y fuerzas de seguridad

En agosto, el director de la Oficina Independiente de Denuncias contra la Policía afirmó que un número considerable de denuncias contra la policía tenían que archivarse sin tomar ninguna medida porque era imposible identificar a los agentes implicados. Como consecuencia de ello, varios políticos pidieron que los agentes llevasen números de identificación en sus uniformes, pero los jefes de policía se opusieron.

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Violencia contra mujeres y niñas

En noviembre, el Comité Permanente sobre Asuntos Penales hizo público su informe sobre delitos sexuales, que incluía varias propuestas de reforma legislativa, como penalizar los abusos sexuales cometidos por el cónyuge hallándose la víctima en estado de indefensión y poner fin a la posibilidad de reducir o anular las sanciones penales si la víctima y el agresor contraían matrimonio o seguían casados tras una violación.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Continuaron practicándose detenciones de personas vulnerables, incluidas víctimas de tortura, personas con enfermedades mentales y menores de edad no acompañados, con fines de control de la inmigración.

A lo largo del año no se registraron devoluciones a Siria. Los Servicios de Inmigración daneses concedieron el estatuto de protección a los solicitantes de asilo sirios en aproximadamente el 88 por ciento de los casos. Sin embargo, al resto –en torno a 180 casos– se les denegó el asilo y la posibilidad de trabajar o estudiar en Dinamarca.

Se denegó el asilo a algunas personas de países como Uganda, que corrían peligro de persecución en ellos debido a su orientación sexual, con el argumento de que lo que debían hacer era “ocultar” su sexualidad.

  • En junio, el Tribunal Supremo falló que los requisitos impuestos a Elias Karkavandi, ciudadano iraní al que habían denegado el asilo, con arreglo al sistema de “estancia tolerada” –que incluían la obligación de permanecer en el Centro de Asilo de Sandholm y presentarse periódicamente a la policía– eran desproporcionados y vulneraban su derecho a la libertad de circulación.
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