República Democrática del Congo
Jefe del Estado
Joseph Kabila
Jefe del gobierno
Augustin Matata Ponyo Mapon (sustituyó en mayo a Louis Koyagialo, que había sustituido a Adolphe Muzito en marzo)

La precaria situación de seguridad en el este del país sufrió un grave deterioro debido a la proliferación de grupos armados –entre ellos el recién formado grupo 23 de Marzo–, al fácil acceso a municiones y armas y a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas congoleñas. Los grupos armados y las fuerzas de seguridad gubernamentales amenazaron, hostigaron y detuvieron arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.

Información general

El nuevo presidente reelegido, Joseph Kabila, designó el 28 de abril un nuevo gobierno tras meses de disputa en torno a los resultados electorales.

El ejército nacional (Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, FARDC) continuó con un proceso de reestructuración que implicaba, en parte, la integración de grupos armados en el ejército. Esta reestructuración careció de coordinación y en última instancia abrió la puerta a que los grupos armados tomaran el control de zonas en las que no había presencia de las FARDC.

En abril de 2012, un grupo de desertores de las FARDC en Kivu Septentrional y Kivu Meridional formó el grupo armado 23 de Marzo (M23), tras la llamada a la sublevación realizada por el general Bosco Ntaganda, contra quien la Corte Penal Internacional había dictado acta de acusación formal por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El M23 afirmó que combatía para que el gobierno congoleño respetara plenamente el acuerdo de paz del 23 de marzo de 2009.

Los enfrentamientos entre las FARDC y los grupos armados acrecentaron la inseguridad, y miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares. Entre abril y septiembre tuvieron lugar violentos enfrentamientos entre soldados de las FARDC y el M23, y estos enfrentamientos se repitieron en noviembre, cuando la capital de Kivu Septentrional, Goma, estuvo en poder del M23 durante 11 días. Al parecer, también participaron en ellos otros grupos armados, y todas las partes cometieron abusos generalizados contra los derechos humanos.

Aumentaron los ataques de grupos armados contra la población civil.

La Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO), fuerza de mantenimiento de la paz, adoptó diversas medidas para abordar los fallos de seguridad y aumentó su presencia en zonas abandonadas por las FARDC, pero sus recursos, ya exprimidos hasta el máximo de su capacidad, limitaron sobremanera su capacidad para proteger adecuadamente a la población civil.

En 2012, el Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo, Amnistía Internacional y varias ONG internacionales documentaron el apoyo de Ruanda al M23, un apoyo que incluía facilitar y respaldar el reclutamiento para el M23 en Ruanda y el suministro de armas y municiones.

Tras reanudarse los combates entre el M23 y las FARDC en noviembre, y tras la toma temporal de Goma por el M23, el 9 de diciembre comenzaron las negociaciones entre países de la región bajo los auspicios de la Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos.

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Abusos cometidos por grupos armados

El nuevo despliegue de tropas de las FARDC para combatir al M23 en el este de la República Democrática del Congo creó vacíos de seguridad en otros lugares. Esto permitió que diversos grupos armados, como Raia Mutomboki, Nyatura, Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), Fuerzas Nacionales de Liberación de Burundi, Mayi Mayi Sheka y Alianza de Patriotas para un Congo Libre y Soberano, cometieran graves abusos contra los derechos humanos al ampliar sus operaciones militares a esas zonas.

Los abusos incluían homicidios ilegítimos, ejecuciones sumarias, reclutamiento forzoso de menores de edad, violación y violencia sexual, saqueos en gran escala y destrucción de propiedades, y se caracterizaron por una violencia extrema, en ocasiones de motivación étnica. El fácil acceso a armas y municiones alimentó la situación.

  • La noche del 13 de mayo, al menos 20 civiles fueron víctimas de homicidio ilegítimo y otros resultaron heridos en un ataque presuntamente llevado a cabo por las FDLR en Bunyakiri, territorio de Kalehe, provincia de Kivu Meridional, a unos kilómetros de una base de la MONUSCO.

Otros grupos armados continuaron activos en el nordeste del país, como el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), Mayi Mayi Lumumba y las Fuerzas Democráticas Aliadas/Ejército Nacional para la Liberación de Uganda (ADF/NALU).

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Violencia contra mujeres y niñas

La intensificación de las hostilidades se cobró un precio terrible en las mujeres y las niñas, que fueron víctimas generalizadas de violación y otras formas de violencia sexual a manos de las FARDC y los grupos armados. Las mujeres y niñas que corrían un riesgo especial eran las que residían en pueblos elegidos como blanco de saqueos y operaciones de intimidación por los grupos armados y el ejército nacional, así como las que vivían en campos para personas desplazadas, que a menudo tenían que recorrer grandes distancias para llegar a sus tierras.

  • Entre abril y mayo, según la información recibida, los combatientes del M23 violaron a varias decenas de niñas y mujeres en la zona de Jomba, territorio de Rutshuru, en Kivu Septentrional, donde el M23 estableció su base. La mayoría de las mujeres y niñas atacadas habían sido desplazadas por el conflicto.

La violencia sexual era más omnipresente en los lugares donde el ejército nacional vivía junto a la población.

  • A finales de noviembre, la ONU informó de que las FARDC eran responsables de al menos 126 casos de violación cometidos en tan sólo unos días en Minova, adonde el ejército nacional se había retirado tras la caída de Goma el 20 de noviembre.

En otros lugares del país, continuaron los actos de violación y violencia sexual cometidos por miembros de la policía nacional y de otras fuerzas de seguridad.

Las supervivientes de violación eran estigmatizadas por sus comunidades, y no recibían apoyo ni asistencia adecuados.

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Niños y niñas soldados

Tanto los grupos armados como las FARDC reclutaron a niños y niñas soldados, a muchos de los cuales sometían a violencia sexual y a trato cruel e inhumano mientras los utilizaban como combatientes, porteadores, cocineros, guías, espías y mensajeros.

  • En marzo y abril, antes de la creación del grupo armado M23, los soldados desertores de las FARDC secuestraron y reclutaron por la fuerza a niños y niñas, especialmente en el territorio de Masisi, en Kivu Septentrional.

El 4 de octubre, el gobierno de la República Democrática del Congo firmó un Plan de Acción, adoptado en el marco de las resoluciones 1612 (2005) y 1882 (2009) del Consejo de Seguridad de la ONU, para poner fin al reclutamiento de niños y niñas. El acuerdo exponía medidas concretas para la liberación y reintegración de niños y niñas vinculados a las fuerzas de seguridad del gobierno, y la prevención de nuevos reclutamientos.

La MONUSCO siguió llevando a cabo actividades de desmovilización, desarme, repatriación, reasentamiento y reintegración de soldados de las FDLR, entre los que había niños soldados.

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Personas internamente desplazadas

Debido en parte a la intensificación del conflicto en el este de la República Democrática del Congo desde abril, el número de personas internamente desplazadas aumentó durante el año hasta superar los 2,4 millones, la cifra más alta de desplazados internos desde 2009. A 1 de noviembre había aproximadamente 1,6 millones de personas internamente desplazadas sólo en Kivu Septentrional y Kivu Meridional. Muchas de estas personas eran civiles que huían del reclutamiento forzoso por parte de grupos armados.

  • En julio, miles de personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, se vieron desplazadas cuando el M23 combatió contra el ejército nacional y tomó el control de la ciudad de Bunagana, en el territorio de Rutshuru.
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Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos eran endémicos en todo el país, y a menudo tenían lugar durante detenciones y reclusiones ilegítimas por parte de los servicios de seguridad del Estado.

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Pena de muerte

Los tribunales militares seguían imponiendo condenas de muerte, incluso a civiles. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.

  • El 30 de mayo, un tribunal militar de Uvira condenó a muerte in absentia a dos soldados, y a otros oficiales a cadena perpetua, por participar en la llamada a la sublevación del general Bosco Ntaganda en abril.
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Impunidad

La impunidad seguía propiciando nuevos abusos contra los derechos humanos. Los esfuerzos de las autoridades judiciales por aumentar la capacidad de los tribunales para hacerse cargo de casos, incluidos los casos que implicaban abusos contra los derechos humanos, tuvieron sólo un éxito limitado; no se registraron avances en muchos casos más antiguos. Las iniciativas tomadas en 2011 por el Ministerio de Justicia para abordar la impunidad por los delitos de derecho internacional pasados y presentes se estancaron, y siguió negándose a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Hubo sentencias judiciales que no se cumplieron, y tampoco se registraron avances en casos clave, como los de las violaciones sexuales masivas cometidas en Walikale y en Bushani y Kalambahiro en 2010 y 2011.

Aunque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pidió en febrero a las autoridades judiciales civiles y militares que abrieran investigaciones sobre las denuncias de violencia electoral, durante el año se observaron escasos indicios de avances en las investigaciones.

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Juicios injustos

La falta de independencia de los tribunales, las violaciones de los derechos de los acusados, la no disponibilidad de asistencia letrada gratuita y la corrupción eran algunos de los factores que dificultaban la celebración de juicios justos.

El sistema de justicia militar congoleño, que adolecía de deficiencias fundamentales, mantenía la jurisdicción exclusiva sobre los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluso en los casos en que había acusados civiles.

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Condiciones de reclusión

El sistema penitenciario seguía careciendo gravemente de recursos, y no se abordaba el deterioro de las instalaciones, el hacinamiento ni las condiciones higiénicas extremadamente deficientes. Decenas de reclusos murieron en las prisiones o en hospitales como consecuencia de malnutrición y de falta de atención médica adecuada. La inseguridad de los reclusos se veía acrecentada por la falta de separación efectiva entre mujeres y hombres, entre detenidos en espera de juicio y presos penados y entre militares y civiles.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

La seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el este del país se deterioró a lo largo del año. Aumentó la intimidación contra ellos y su trabajo se vio gravemente obstaculizado debido a que a menudo eran detenidos arbitrariamente o amenazados de muerte por las fuerzas de seguridad del Estado, el M23 y hombres armados no identificados.

A partir de julio, tras hacerse el M23 con el control de la ciudad de Rutshuru, en Kivu Septentrional, los defensores de los derechos humanos tuvieron que cerrar sus oficinas. Muchos huyeron después de recibir reiteradas amenazas de muerte a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas anónimas y visitas de hombres armados durante la noche. Asimismo, a finales de noviembre, cuando el M23 tomó temporalmente el control de Goma, muchos defensores de los derechos humanos huyeron de la ciudad para ponerse a salvo.

El 6 de diciembre, la Asamblea Nacional adoptó una ley por la que se establecía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En caso de materializarse su creación, la Comisión trataría de ayudar a las autoridades a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

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Detención y reclusión arbitrarias

Las detenciones y reclusiones arbitrarias seguían siendo sistémicas en todo el país. Los servicios de seguridad, en particular la policía nacional, los servicios de inteligencia, el ejército nacional y la policía de inmigración, llevaron a cabo detenciones arbitrarias y, con frecuencia, extorsionaron a civiles para obtener dinero y otros artículos de valor durante operaciones de mantenimiento del orden o en puestos de control. En las provincias occidentales en particular, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo detenciones arbitrarias por intereses privados o para obtener pagos ilegales.

Durante el periodo posterior a las elecciones hubo detenciones arbitrarias de activistas de la oposición política. Un líder de la oposición fue detenido en febrero por los servicios de seguridad y, al parecer, fue sometido a tortura y otros malos tratos antes de quedar en libertad unos días después.

  • El opositor político Eugène Diomi Ndongala desapareció el 27 de junio cuando se dirigía a firmar la carta constitutiva de una coalición con otros partidos políticos. Fue liberado 100 días después, tras permanecer recluido en régimen de incomunicación bajo custodia de los servicios de inteligencia (Agencia Nacional de Información) en Kinshasa, sin acceso a familiares, abogados ni médicos, pese a sufrir una dolencia crónica.
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Libertad de expresión

La libertad de expresión fue objeto de importantes restricciones, sobre todo en el periodo postelectoral y tras hacerse el M23 con un mayor control en el este del país. Los principales objetivos fueron opositores políticos y periodistas, que recibieron amenazas o sufrieron detención arbitraria. Las autoridades suspendieron arbitrariamente la actividad de emisoras de radio y televisión y de periódicos, que también sufrieron ataques incendiarios y otros daños en sus locales a manos de actores no identificados.

  • El 30 de noviembre, el Consejo Superior de Medios Audiovisuales y Comunicación suspendió sin previo aviso las emisiones de Radio Okapi en Kinshasa tras la emisión en dicha emisora de un programa en el que se incluyó una entrevista con un portavoz del M23.
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Justicia internacional

El 10 de julio, la Corte Penal Internacional condenó a 14 años de prisión a Thomas Lubanga Dyilo, presunto fundador y presidente de la Unión de Patriotas Congoleños y comandante en jefe de su brazo armado, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC). El 14 de marzo, Thomas Lubanga Dyilo había sido declarado culpable de los crímenes de guerra de reclutar y alistar a niños de menos de 15 años y usarlos para participar activamente en las hostilidades en el distrito de Ituri.

El 13 de julio, la Corte dictó una orden de detención contra Sylvestre Mudacumura, presunto jefe del brazo armado de las FDLR, por nueve cargos de crímenes de guerra presuntamente cometidos entre enero de 2009 y septiembre de 2010 en el este de la República Democrática del Congo.

En julio se dictó una segunda orden de detención contra Bosco Ntaganda por tres cargos de crímenes de lesa humanidad y cuatro de crímenes de guerra. Las autoridades congoleñas se negaron a detener y entregar a Bosco Ntaganda antes de su deserción del ejército congoleño en abril.

El 18 de diciembre, la Corte Penal Internacional absolvió a Mathieu Ngudjolo Chui, presunto ex líder del Frente de Nacionalistas Integracionistas, de delitos perpetrados en la población de Bogoro, distrito de Ituri, en febrero de 2003.

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