Continuaron celebrándose varios juicios relacionados con casos de ataques a romaníes
y se impusieron penas severas a algunos acusados. El gobierno siguió sin eliminar
la segregación de los niños y niñas romaníes en el sistema educativo. Suscitó preocupación
la modificación de la ley relativa al trato a las personas migrantes.
En julio, tras las elecciones al Parlamento celebradas en mayo, el presidente formó
un nuevo gobierno de coalición de centro-derecha. En septiembre, el gobierno destituyó
al comisionado nacional de derechos humanos. El puesto seguía vacante al finalizar
el año.
En octubre, dos altos cargos del Ministerio de Educación, responsables de la integración
de los niños y niñas romaníes en el sistema general de educación, dimitieron en señal
de protesta por el hecho de que el gobierno no considerara una cuestión prioritaria
la educación en condiciones de igualdad de los romaníes.
El Tribunal Supremo Administrativo resolvió disolver el Partido Obrero (Dělnická Strana), alegando que su programa incitaba al odio nacional, racial, étnico y social y suponía
una amenaza para la democracia.
Los romaníes se enfrentaban a una hostilidad pública patente y estaban pendientes
de celebrarse varios juicios por ataques contra miembros de esta comunidad. Continuaron
sufriendo discriminación, incluida segregación en las escuelas y en la vivienda.
Ataques violentos
El 14 de marzo se lanzaron varios cócteles molotov contra la casa de una familia romaní
en el asentamiento de Bedřiška, en la localidad de Ostrava. En noviembre, el fiscal
del Estado acusó formalmente a una vecina y a su hijo adolescente de intento de asesinato.
La investigación policial descartó que el ataque hubiera tenido una motivación racial
y concluyó que se había debido a una riña entre vecinos. En diciembre, el Tribunal
Regional de Ostrava impuso condenas condicionales a los autores del ataque.
El 20 de octubre, el Tribunal Regional de Ostrava declaró a cuatro hombres culpables
de intento de homicidio y daños contra la propiedad por el incendio provocado de la
vivienda de una familia romaní en el pueblo de Vitkov en abril de 2009. Llegó a la
conclusión de que había sido un acto premeditado y de motivación racial. Tres de los
acusados fueron condenados a 22 años de cárcel, y el cuarto, a 20. Todos recurrieron
la sentencia. La casa de la familia había resultado destruida como consecuencia del
incendio. Una niña de dos años había sufrido quemaduras en más del 80 por ciento del
cuerpo y había permanecido tres meses en coma inducido.
Estaba pendiente de celebrarse el juicio contra ocho personas sospechosas de haber
perpetrado ataques contra romaníes en la localidad de Havířov. Durante uno de ellos,
ocurrido en noviembre de 2008, un grupo de presuntos neonazis había agredido a varias
personas y herido de gravedad a un hombre.
Educación
Persistía la segregación de los niños y niñas romaníes en escuelas para alumnado con
“discapacidad mental leve”, y seguía habiendo escuelas y clases destinadas exclusivamente
a romaníes. Tres años después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
que había confirmado la prohibición de educar a los niños y niñas romaníes en escuelas
separadas y proporcionarles una educación de inferior calidad, el gobierno continuaba
sin eliminar la discriminación en el sistema educativo del país.
En marzo, el Servicio Checo de Inspección de Escuelas reveló que el 35 por ciento
de todos los menores de edad a quienes se había diagnosticado una “discapacidad mental
leve” eran romaníes, y que en algunas regiones el porcentaje superaba el 50 por ciento.
En abril, el Defensor Público de los Derechos (el Defensor del Pueblo) reaccionó ante
estos datos afirmando que “la consecuencia del método de evaluación aplicado a los
niños romaníes por los psicólogos de los centros de asesoramiento escolar es su segregación
del sistema de educación general, lo que les impide a su vez acceder a una educación
de calidad”. Declaró también que resultaba discriminatorio que el 35 por ciento de
los menores de edad a quienes se diagnosticaba discapacidad mental fueran romaníes.
El gobierno había aprobado en marzo un Plan Nacional de Acción para la Educación Inclusiva,
pero no se abordaba en él la discriminación por origen étnico ni se incluía un calendario
preciso para la eliminación de la segregación en las escuelas checas. El nuevo ministro
de Educación aplazó la aplicación del plan y rechazó también introducir cambios en
dos normativas ministeriales con vistas a suprimir algunas de las barreras discriminatorias
a las que se enfrentaban los niños y niñas romaníes a la hora de acceder a escuelas
no especiales.
Tras una visita efectuada a la República Checa en noviembre, el comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa afirmó que no se había producido prácticamente ningún
cambio desde que, tres años antes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolviera
que el país había discriminado a niños y niñas romaníes al educarlos en escuelas destinadas
a niños con discapacidad mental. El 2 de diciembre, al analizar la aplicación de la
sentencia, el Comité de Ministros del Consejo de Europa animó al gobierno a aplicar
sin demora el Plan Nacional de Acción y a abordar la situación de los alumnos ingresados
en escuelas que no les correspondían.
Vivienda
En septiembre, el Defensor del Pueblo concluyó que el municipio de Vítkovice (distrito
de Ostrava) conculcaba gravemente la normativa legal en los casos de romaníes que
solicitaban residencia permanente. El Defensor mostró su preocupación por la posibilidad
de que los requisitos administrativos adicionales exigidos por algunos municipios
a los romaníes cuando solicitaban domicilio permanente –como la obligación de mantener
una entrevista con funcionarios– supusieran discriminación. La ONG Z§vůle Práva, que
representaba a romaníes que solicitaban residencia permanente, había puesto los hechos
en conocimiento del Defensor del Pueblo y, en 2009, había presentado una demanda civil
contra el municipio por esta práctica. Al finalizar el año, la causa estaba todavía
pendiente.
En octubre, el Tribunal de Apelación remitió de nuevo al Tribunal Regional de Ostrava
la causa seguida por el desalojo de unos romaníes en 2006 en la localidad de Vsetín,
porque el Tribunal Regional no había evaluado una gran parte de las pruebas presentadas
por los denunciantes. El Defensor del Pueblo había afirmado en 2007 que el desalojo
había supuesto una vulneración sustancial del derecho a la dignidad humana y a la
protección de la vida personal y familiar. Algunas familias señalaron que las habían
amenazado con no proporcionarles una vivienda si se oponían al desalojo. Algunos de
los desalojos se habían llevado a cabo de noche, y, según los informes, las viviendas
facilitadas a las víctimas no reunían las condiciones adecuadas.
A pesar de haber expresado su pesar por las esterilizaciones forzadas practicadas
en el pasado, el gobierno no introdujo cambios legislativos que garantizaran el consentimiento
libre, previo e informado en los casos de esterilización. En octubre, el Comité de
la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al gobierno
que revisara el plazo de prescripción (tres años) establecido para poder obtener indemnizaciones
por esterilizaciones forzadas.
En enero, el Tribunal Superior de Praga concedió una indemnización de 200.000 coronas
checas (unos 8.100 euros) a dos mujeres romaníes víctimas de esterilización forzada.
El Parlamento aprobó en diciembre una modificación de la Ley sobre la Estancia de
Extranjeros. La nueva legislación, que ampliaba de 6 a 18 meses el tiempo máximo durante
el que un inmigrante podía permanecer detenido, suscitó preocupación.
