Cientos de migrantes irregulares, incluidas personas cuyas solicitudes de asilo se
habían rechazado, soportaron largos periodos de reclusión en penosas condiciones sólo
por su condición de inmigrantes.
Continuaron las negociaciones entre dirigentes grecochipriotas y turcochipriotas sobre
asuntos como el reparto del poder.
En noviembre entró en vigor una nueva legislación por la que se incorporaba al derecho
nacional la directiva sobre retornos de la Unión Europea (UE), en medio de expresiones
de preocupación por las personas que se consumían en centros de detención de inmigrantes.
Fijaba en seis meses la duración máxima de la detención de inmigrantes previa a su
expulsión, con prórrogas de hasta 18 meses en ciertas circunstancias.
El Parlamento promulgó en diciembre legislación que asignaba atribuciones a la Oficina
del Comisionado de Administración (Defensor del Pueblo) para actuar como institución
nacional de derechos humanos.
Las personas migrantes, incluidos los solicitantes de asilo rechazados, permanecían
largos periodos detenidas en pésimas condiciones sólo por su condición de inmigrantes.
El uso de instalaciones inadecuadas –como los calabozos policiales de breve estancia
y dos alas de la Prisión Central de Nicosia– también era motivo de preocupación. Según
informaron algunas personas detenidas, su acceso a asistencia letrada y médica era
escaso o nulo.
En diciembre, unas 200 personas se consumían en centros de detención de inmigrantes.
Muchos no tenían perspectiva inmediata de expulsión de Chipre, por lo que su detención
parecía arbitraria, innecesaria y, por tanto, ilegal. El Tribunal Supremo ordenó la
liberación de algunos basándose en que su detención se había prolongado ilegalmente.
Sin embargo, tras su puesta en libertad volvieron a ser detenidos de inmediato por
los mismos motivos.
Estaba prevista la inauguración de un nuevo centro de detención de inmigrantes en
la localidad de Mennoia, con capacidad para 276 personas, a principios de 2012. La
UE había financiado el 30 por ciento de su construcción.
En diciembre se llevó a cabo la devolución de un solicitante de asilo tamil a Sri
Lanka tras haber desestimado las autoridades competentes un recurso contra el rechazo
inicial de su solicitud. En vista de las circunstancias de su devolución, se expresó
preocupación por el hecho de que se le hubiera negado la oportunidad de solicitar
una revisión judicial de la decisión ante el Tribunal Supremo y la suspensión de
su expulsión.
Hubo varias denuncias de malos tratos policiales a migrantes y solicitantes de asilo.
Según informes, unos 35 agentes de policía sometieron a fuertes golpes, amenazas e
insultos a un grupo de solicitantes de asilo detenidos en la comisaría de policía
de Larnaca. Uno de los solicitantes al parecer sufrió lesiones en una pierna y estuvo
varios días sin recibir asistencia médica. Al final del año seguían pendientes sendas
investigaciones emprendidas por el Defensor del Pueblo y la autoridad encargada de
atender denuncias contra la policía.
Las ONG internacionales pro derechos de los refugiados y migrantes expresaron su preocupación
por el procesamiento del director ejecutivo de KISA, ONG de acción por la igualdad
y contra el racismo, después de que las autoridades presentaran cargos penales contra
él “por causar disturbios y participar en una asamblea ilegal”. Los cargos estaban
relacionados con acontecimientos ocurridos en el Festival del Arco Iris, acto contra
el racismo celebrado en Larnaca en noviembre de 2010, en el que, según informes, los
participantes habían sido agredidos por miembros de una manifestación contra la inmigración.
La vista judicial, programada para diciembre, se aplazó a febrero de 2012.
