Croacia
Jefe del Estado
Ivo Josipović
Jefa del gobierno
Zoran Milanović (sustituyó a Jadranka Kosor en diciembre)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
4,4 millones
Esperanza de vida
76,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
5,4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
98,8 por ciento

El enjuiciamiento de delitos de derecho internacional cometidos durante la guerra de 1991-1995 avanzó con lentitud. Continuaron sin abordarse numerosos delitos presuntamente cometidos por miembros del ejército y la policía de Croacia contra la población serbocroata. El presidente y las autoridades judiciales pusieron en marcha algunas iniciativas para hacer frente a lo sucedido durante la guerra, pero el gobierno apenas tomó medidas. Al contrario, destacadas figuras políticas se pronunciaron en contra de sentencias dictadas por tribunales internacionales. Continuó la discriminación contra las minorías romaní y serbocroata, así como contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

Información general

En diciembre, Croacia firmó el tratado de adhesión a la Unión Europea. Su ingreso en ella estaba previsto para el 1 de julio de 2013. La Unión Europea continuó vigilando, entre otras cosas, el cumplimiento del compromiso de Croacia de abordar la impunidad por los delitos de derecho internacional cometidos durante la guerra de 1991-1995.

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Sistema de justicia

El enjuiciamiento de delitos de derecho internacional cometidos durante la guerra siguió avanzando con lentitud.

En abril, la Fiscalía del Estado empezó a elaborar planes para la aplicación de la Estrategia de Investigación y Enjuiciamiento de Crímenes de Guerra, adoptada por el gobierno en febrero. En mayo se hicieron operativos los tribunales especializados de Osijek, Rijeka y Split para –junto al que ya existía en Zagreb– ver los casos de mayor trascendencia.

Sin embargo, la capacidad para enjuiciar delitos de derecho internacional siguió siendo limitada, pues sólo se dictaron cinco sentencias definitivas durante el año. Estaban en curso las investigaciones sobre unos 370 presuntos autores de delitos. Había alrededor de 540 casos todavía en la fase previa a la instrucción, en la que los presuntos responsables aún no habían sido identificados.

En estos casos seguía aplicándose el Código Penal de 1993, a pesar de que no se ajustaba a las normas internacionales y no contenía definiciones claras de conceptos penales fundamentales, como el principio de responsabilidad del superior, los crímenes de guerra de violencia sexual y los crímenes de lesa humanidad. Como consecuencia de la aplicación del Código, numerosos delitos quedaban impunes.

Hubo algunos avances en la prestación de apoyo psicológico a testigos, pero las medidas destinadas a protegerlos siguieron siendo insuficientes. No se procesaba a los responsables de intimidar a testigos.

  • No se llevó a cabo una investigación adecuada sobre el homicidio de Milan Levar, posible testigo ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que también había pedido activamente justicia para las víctimas de la guerra. Había muerto en agosto de 2000 –tras unas declaraciones a los medios de comunicación en las que afirmaba que Mirko Norac y otros altos cargos públicos eran responsables de crímenes contra la población serbocroata en la región de Lika–, al estallar un artefacto explosivo colocado en los bajos de su vehículo.

Las autoridades no garantizaron el derecho a obtener reparación a las víctimas de delitos de derecho internacional ni a sus familiares. A las sobrevivientes de delitos de violencia sexual se les negaba el acceso a asistencia psicológica y otros servicios de apoyo. Muchos de sus agresores gozaban de impunidad.

Las autoridades judiciales hicieron algunos progresos en el enjuiciamiento de delitos de derecho internacional cometidos contra serbocroatas. Se abrieron varias investigaciones, dos de ellas sobre los delitos cometidos en Sisak y Pakračka Poljana.

  • En junio se abrió una investigación contra tres hombres por el homicidio de civiles serbocroatas en Sisak entre 1991 y 1992. Uno de ellos era Ðuro Brodarac, jefe de policía de Sisak durante la guerra. Los tres quedaron detenidos. Ðuro Brodarac murió bajo custodia en julio.
  • En junio se dictó acta de acusación formal contra Tomislav Merčep, ex asesor del ministro del Interior y jefe de la unidad especial de reserva del Ministerio. Llevaba detenido desde diciembre de 2010. Los cargos en su contra eran que, debido a sus órdenes y omisiones del deber, 43 civiles serbocroatas de la zona de Zagreb y Pakračka Poljana habían desaparecido o sido víctimas de homicidio.

También en junio, el fiscal del Estado acusó a seis hombres de delitos de derecho internacional cometidos durante la operación “Tormenta” en 1995, pero al final del año no se había procesado a ninguno. Uno fue acusado en virtud del principio de responsabilidad del superior. Según el Comité Croata de Helsinki para los Derechos Humanos, al menos se había dado muerte a 677 personas en la operación “Tormenta”.

Pese a existir información públicamente disponible, no se investigaron denuncias contra destacados cargos militares y políticos, entre ellas las formuladas contra el vicepresidente del Parlamento croata, Vladimir Šeks, por su responsabilidad de mando en delitos cometidos en Eslavonia oriental en 1991. Las denuncias en su contra se basaron en información procedente de las actuaciones judiciales contra Branimir Glavaš. Asimismo, Davor Domazet-Lošo, general del ejército croata, estaba acusado de responsabilidad de mando en los delitos cometidos en 1993 en la región de Meðak Pocket. Las denuncias contra él se basaron en las actuaciones judiciales contra los generales Rahim Ademi y Mirko Norac.

En octubre, el Parlamento aprobó una ley que dejaba sin efecto las actas de acusación formal y otras actuaciones legales emprendidas por autoridades de Serbia, la ex Yugoslavia y el Ejército Nacional Yugoslavo contra ciudadanos croatas por delitos de derecho internacional cometidos en territorio de la República de Croacia. La ley se aprobó a raíz de que las autoridades judiciales serbias solicitaran la cooperación del fiscal del Estado croata en la tramitación de las actas de acusación formal dictadas por el fiscal militar del Ejército Nacional Yugoslavo en 1992. Las actas incluían cargos por delitos de derecho internacional cometidos por las fuerzas armadas y la policía croatas en Gospić. Vladimir Šeks estaba entre los acusados.

Esta ley vulneraba la obligación de Croacia de cooperar con la República de Serbia en materia penal. Podía dar lugar a impunidad de delitos de derecho internacional cometidos por ciudadanos croatas si Croacia se negaba a procesarlos o extraditarlos. En octubre, el presidente anunció que solicitaría al Tribunal Constitucional que estudiara la compatibilidad de la ley con la Constitución.

La ley permitía a las autoridades judiciales no atender las solicitudes de asistencia en actuaciones penales que les formulara la República de Serbia si consideraban que hacerlo iba en contra del ordenamiento jurídico de Croacia y en detrimento de su soberanía y seguridad. El ministro de Justicia, facultado para decidir cómo responder a esas solicitudes, podía desestimar las actas de acusación formal dictadas por las autoridades judiciales serbias.

  • En septiembre, Mirko Norac fue excarcelado por el Ministerio de Justicia tras haber cumplido más de dos tercios de su condena de 15 años de cárcel por crímenes de guerra –entre otros, asesinato, trato inhumano, saqueo y destrucción arbitraria de bienes– cometidos contra civiles y prisioneros de guerra serbocroatas en operaciones militares llevadas a cabo en 1993.
  • Branimir Glavaš, declarado culpable en 2010, seguía cumpliendo una pena de cinco años de prisión por crímenes de derecho internacional cometidos contra serbocroatas en Osijek.
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Justicia internacional

Había cinco causas relacionadas con delitos de derecho internacional cometidos en territorio croata durante la guerra de 1991-1995 pendientes ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya.

  • En abril, el Tribunal dictó sentencia condenatoria contra los generales Ante Gotovina y Mladen Markač por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los declaró culpables de participar en actividades delictivas conjuntas durante y después de la operación “Tormenta”, de agosto a noviembre de 1995, con objeto de expulsar permanentemente de la región croata de Krajina a la población de etnia serbia.

El Tribunal consideró que las fuerzas armadas y la Policía Especial eran responsables de “gran número de delitos” cometidos contra la población serbia durante la operación “Tormenta”. Ante Gotovina tenía el grado de coronel general del ejército croata y en aquel momento era comandante del distrito militar de Split. Mladen Markač ocupaba el cargo de viceministro del Interior encargado de asuntos policiales especiales. Fueron declarados culpables de persecución, expulsión, saqueo, destrucción injustificada, asesinato, actos inhumanos y trato cruel contra la población civil serbia, y condenados a 24 y 18 años de cárcel, respectivamente.

Representantes del gobierno rechazaron de inmediato la decisión del Tribunal. El primer ministro manifestó reiteradamente que el gobierno de Croacia la consideraba inaceptable y que la nación croata debía estar orgullosa de todas las personas que habían participado en la operación y contribuido a la victoria croata. En mayo, ambos generales recurrieron contra la sentencia.

  • Prosiguió el juicio contra Vojislav Šešelj, acusado de delitos en Bosnia y Herzegovina, Croacia y la provincia serbia de Voivodina. Se había dictado acta de acusación formal contra él por crímenes de lesa humanidad, como persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, expulsión y actos inhumanos. También estaba acusado de crímenes de guerra, como asesinato, tortura, trato cruel, destrucción arbitraria de pueblos o devastación no justificada por necesidades militares, destrucción o daño intencionado de instituciones religiosas o educativas y saqueo de lugares públicos o privados. En octubre, la Sala de Primera Instancia del Tribunal lo declaró culpable de desacato por publicar información confidencial de testigos protegidos y lo condenó a 18 meses de cárcel.
  • En julio, Goran Hadzić fue detenido en Serbia por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Eslavonia oriental, Croacia, y transferido al Tribunal; al final del año estaba en espera de juicio. Goran Hadzić había sido presidente de la autoproclamada República Serbia de Krajina. Entre los cargos en su contra estaban los de exterminio, asesinato, tortura, encarcelamiento y persecución por motivos políticos, raciales o religiosos.
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Discriminación

Minorías étnicas

Los miembros de la comunidad romaní continuaron sufriendo discriminación en el acceso a los derechos sociales y económicos, como la educación, el empleo y la vivienda, y las medidas adoptadas por las autoridades siguieron siendo insuficientes.

Las autoridades no dieron cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Oršuš and Others v. Croatia, anunciada en 2010. El Tribunal había concluido que la medida de poner a 14 escolares romaníes en aulas separadas por su falta de dominio del idioma croata, adoptada en 2002, constituía discriminación por razones de etnia.

La población serbocroata seguía discriminada, especialmente en el acceso a una vivienda adecuada. Durante el examen periódico universal de la ONU, realizado en noviembre de 2010, varios Estados habían recomendado a Croacia que tomara medidas para combatir la discriminación de las minorías étnicas. Croacia apoyó las recomendaciones de intensificar sus intentos de combatir la discriminación racial de la minoría serbia, en particular en el área de vivienda, y adoptar más medidas destinadas a integrar a las minorías serbia y romaní en el tejido social croata.

Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En junio se hizo el primer intento de celebrar la marcha del Orgullo en Split. Organizada por activistas de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) con objeto de reivindicar la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo y el fin de la discriminación generalizada que sufría la comunidad LGBT en Croacia, la marcha se frustró debido a la violencia. Al menos cinco participantes resultaron heridos por piedras y otros proyectiles arrojados por contramanifestantes de grupos de extrema derecha. Uno de ellos fue hospitalizado con una herida en la cabeza.

La policía no protegió debidamente a los participantes frente a los ataques, y hubo que interrumpir la marcha; las autoridades de Split procesaron a 44 personas por delitos cometidos contra los participantes de la marcha del Orgullo.

Una semana después de los violentos sucesos de Split se celebró con éxito la marcha anual del Orgullo en Zagreb, sin incidentes importantes.

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