República del Congo

Human Rights in República del Congo

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
República del Congo is now live »

Jefe del Estado Denis Sassou-Nguesso
Jefe del gobierno Isidore Mvouba
Pena de muerte abolicionista en la práctica
Población 3,8 millones
Esperanza de vida 54 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 112/89 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 84,7 por ciento

Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas eran objeto de amenazas, detenciones y reclusión. Más de 30 personas fueron detenidas después de unos disturbios ocurridos en julio, y algunas fueron torturadas o sufrieron otras formas de malos tratos. Quedaron en libertad sin juicio en diciembre. Tres solicitantes de asilo detenidos en 2004 continuaban bajo custodia sin cargos ni juicio. En junio se celebró el juicio de más de 30 personas acusadas de poner en peligro la seguridad del Estado tras su detención en 2005.

Información general

Más de cinco partidos políticos declararon su intención de presentar candidatos presidenciales en las elecciones generales previstas para 2009. Era creencia general que el presidente Denis Sassou-Nguesso, que había regresado al poder en octubre de 1997, sería el candidato de la coalición gobernante, encabezada por el Partido Congoleño del Trabajo (Parti congolais du travail, PCT). Los partidos políticos de oposición solicitaron una comisión electoral independiente, pero al terminar el año su petición no había sido satisfecha. En agosto, varios partidos políticos de la oposición se retiraron de la Comisión Nacional para la Organización de las Elecciones. Exigían garantías de que las elecciones de 2009 serían limpias, de que todos los partidos políticos tendrían igual acceso a los medios de comunicación, de que los organismos públicos encargados de organizar las elecciones serían imparciales y de que se aprobaría una nueva ley por la que se establecería una comisión electoral independiente.

"Sylvestre Guy Poaty, fue golpeado mientras estaba bajo custodia policial y murió en un hospital..."

La coalición gobernante obtuvo una abrumadora mayoría de escaños en las elecciones locales y municipales celebradas en junio. Sin embargo, detractores del gobierno acusaron a las autoridades de organizar de forma deficiente las elecciones, afirmando que la participación había sido de sólo el 25 por ciento del electorado.

El gobierno anunció un programa de desmovilización, desarme y reintegración de combatientes pertenecientes al antiguo grupo armado Consejo de Resistencia Nacional. En septiembre, el gobierno anunció que había destruido 500 armas y decenas de miles de balas y explosivos capturados a excombatientes de la oposición armada o entregados por éstos.

En julio hubo disturbios en Pointe-Noire, durante el funeral de Thystère Tchicaya, dirigente de Unión por la Democracia y el Progreso Social. Algunos manifestantes causaron destrozos en bienes privados y públicos y profirieron insultos contra el presidente Nguesso. Varias decenas de personas fueron detenidas y al menos 35 estuvieron bajo custodia hasta diciembre.

Casi 40 ex miembros de las fuerzas de seguridad y civiles fueron juzgados en junio por el cargo de poner en peligro la seguridad del Estado. La mayoría habían sido detenidos a principios de 2005, cuando se acusó a un grupo de gendarmes de robar armas de la gendarmería de Bifouiti, al sur de Brazzaville. Otros, entre los que había civiles y un coronel del ejército retirado, habían sido detenidos en Pointe-Noire en relación con una presunta conspiración para dar un golpe de Estado. Diez de los encausados no comparecieron ante el tribunal, en unos casos porque vivían en el extranjero y en otros porque se les había concedido la libertad provisional y no se les había informado de la fecha del juicio. Cuando terminó el juicio, el 27 de junio, el tribunal declaró a la mayoría de los acusados culpables de poner en peligro al Estado y los condenó a un máximo de tres años y medio de cárcel, periodo que coincidía con el tiempo que habían pasado bajo custodia o en libertad provisional. Los que estaban bajo custodia, como el capitán Bertin Pandi Ngouari, presunto jefe de la conspiración, y el coronel del ejército retirado Serge André Mpassi, quedaron en libertad de forma inmediata después del juicio. Algunas de las personas juzgadas y liberadas afirmaron que habían sufrido tortura y otras formas de malos tratos durante los meses siguientes a su detención en 2005.

Libertad de expresión y asociación

Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas recibieron amenazas o fueron detenidos y recluidos por llevar a cabo sus respectivas actividades.

En enero, la policía de Brazzaville amenazó con clausurar el grupo de derechos humanos Observatorio Congoleño de los Derechos Humanos si no desistía de hacer declaraciones públicas que las autoridades consideraban de carácter político. El Observatorio había pedido con anterioridad el aplazamiento de las elecciones locales hasta que se hubiera creado una comisión electoral independiente y se hubiera establecido un registro electoral fiable.

  • Christian Perrin, periodista y jefe de información de la emisora de televisión «Télé pour tous» en Pointe-Noire, fue detenido el 21 de julio y estuvo recluido durante 24 horas. Después fue acusado formalmente de incitación a la violencia. El cargo guardaba relación con la información que la emisora había ofrecido sobre los disturbios del 7 de julio y con las críticas al gobierno formuladas por miembros de un partido político opositor en un programa de televisión. En agosto, el Tribunal Superior de Pointe-Noire lo declaró culpable y lo condenó al pago de una multa.
  • Gilbert Tsonguissa Moulangou, miembro del partido político Unión Panafricana para la Democracia Social (UPADS), fue detenido y recluido en diciembre tras intervenir en una reunión en Brazzaville. Durante la reunión había presentado un vídeo con un mensaje de un dirigente de la UPADS que vivía en el exilio tras haber sido condenado a 20 años de prisión en 2001. En el mensaje se criticaba al gobierno y a facciones de la UPADS. Gilbert Moulangou fue acusado formalmente de poner en peligro la seguridad del Estado y de difundir información falsa. Al terminar el año continuaba recluido sin juicio.

Detención, reclusión y malos tratos de presuntos alborotadores

Varias decenas de personas, en su mayoría jóvenes, fueron detenidas el 7 de julio o poco después de esa fecha, tras los disturbios que estallaron en Pointe-Noire durante el funeral de Thystère Tchicaya. Según los informes, algunas de las personas detenidas e inicialmente recluidas por miembros de las fuerzas de seguridad recibieron golpes y sufrieron otras formas de malos tratos. Uno de los detenidos, Sylvestre Guy Poaty, fue golpeado mientras estaba bajo custodia policial y murió en un hospital el 19 de julio. Otro detenido, Sita Ndombet, ciudadano de la República Democrática del Congo, fue víctima de desaparición forzada tras ser sacado de la cárcel por miembros de las fuerzas de seguridad. Autoridades gubernamentales afirmaron que había huido. Al terminar el año seguía sin conocerse su paradero.

Después de numerosas peticiones de liberación de los presuntos alborotadores formuladas por dirigentes políticos de la oposición y defensores y defensoras de los derechos humanos, el ministro de Justicia declaró en la televisión el 16 de diciembre que la fiscalía había perdido interés en procesarlos. Al menos 35 personas de este grupo que continuaban bajo custodia quedaron en libertad sin juicio el 18 de diciembre.

Reclusión prolongada sin juicio de solicitantes de asilo

Tres solicitantes de asilo procedentes de la República Democrática del Congo detenidos en marzo de 2004 continuaban bajo la custodia de los servicios de seguridad militar sin cargos ni juicio. En el momento de su detención, Germain Ndabamenya Etikilome, Médard Mabwaka Egbonde y Bosch Ndala Umba fueron acusados de espiar para la República Democrática del Congo, pero nunca se los acusó formalmente de ningún delito. Las autoridades no revelaron por qué los tres continuaban recluidos sin cargos ni juicio.

Visitas de Amnistía Internacional

Una delegación de Amnistía Internacional visitó el país en julio.

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