China - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Popular China

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
China is now live »

Jefe del Estado
Hu Jintao
Jefe del gobierno
Wen Jiabao
Pena de muerte
retencionista
Población
1.345,8 millones
Esperanza de vida
72,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
25/35 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
93,3 por ciento

Las autoridades continuaron endureciendo las restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación, en parte debido a los recelos surgidos en torno a varias conmemoraciones señaladas, como el 60 aniversario de la República Popular China el 1 de octubre. Defensores y defensoras de los derechos humanos fueron detenidos, procesados, recluidos bajo arresto domiciliario y sometidos a desaparición forzada. El control sobre Internet y los medios de comunicación continuó siendo práctica generalizada. Las campañas de “mano dura” dieron lugar a detenciones masivas en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, especialmente tras la violencia y los disturbios de julio. En las regiones habitadas por población tibetana se impidió el acceso de observadores de derechos humanos independientes. Las autoridades continuaron ejerciendo un férreo control sobre las prácticas religiosas, y los miembros de los grupos católicos y protestantes que practicaban su religión al margen de los canales oficiales eran hostigados, detenidos y, en ocasiones, encarcelados. Continuó la dura y sistemática campaña contra los seguidores de Falun Gong iniciada 10 años atrás.

Información general

Cada vez era mayor la percepción de China como un participante fundamental en los asuntos mundiales, en cuestiones como las de Myanmar, Corea del Norte, Irán, el cambio climático y la recuperación económica mundial. Esto contrastaba con la creciente inseguridad del gobierno en el ámbito nacional, generada por la caída de la tasa de crecimiento económico, el aumento del desempleo y la creciente tensión social asociada a la corrupción generalizada, la falta de acceso a una atención a la salud, una vivienda y una seguridad social adecuadas, y la represión de grupos de la sociedad civil. A medida que seguía creciendo la economía china aumentaba la brecha entre población rica y pobre.

Libertad de expresión: periodistas e Internet

A medida que aumentaba la utilización de Internet para difundir noticias y mantener debates, las autoridades intentaron controlar su uso restringiendo la divulgación de noticias y cerrando publicaciones y sitios web, incluidos los que “calumniaban el sistema político del país”, “tergiversaban la historia del Partido”, “daban publicidad a Falun Gong y otros cultos malignos” e “incitaban al separatismo étnico”. El gobierno bloqueó el acceso a contenidos y registró las actividades de los internautas a través de nuevos programas de filtrado como Blue Shield.

Tras publicarse en diciembre de 2008 la Carta 08, un documento que pedía reformas políticas y mayor protección de los derechos humanos, la policía interrogó a sus firmantes y los sometió a vigilancia durante muchos meses.

  • El 25 de diciembre, Liu Xiaobo, destacado intelectual y firmante detenido en diciembre de 2008, fue condenado a 11 años de cárcel por “incitar a la subversión contra el poder del Estado”. A sus abogados sólo se les concedieron 20 minutos para presentar su defensa en un juicio que duró menos de tres horas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas que defendían los derechos humanos, entre las que había abogados, periodistas, activistas medioambientales y partidarios de reformas democráticas, fueron objeto de detención arbitraria, hostigamiento, arresto domiciliario, reclusión en régimen de incomunicación y encarcelamiento. Las autoridades torturaron y sometieron a malos tratos a muchas de las personas detenidas. Los familiares de defensores de los derechos humanos, incluidos niños y niñas, siguieron estando en el punto de mira y sufrieron hostigamiento, arresto domiciliario durante periodos prolongados y otras restricciones.

Fuerzas policiales y de seguridad detuvieron, hostigaron y maltrataron a abogados que aceptaron casos de defensores de derechos humanos delicados desde el punto de vista político, seguidores de Falun Gong, agricultores que habían denunciado a funcionarios locales por cuestiones de corrupción o de derechos sobre la tierra, y personas que habían defendido la reforma de los colegios de abogados. Los abogados corrían especial peligro de que les retirasen la licencia necesaria para ejercer su profesión.

  • El 4 de febrero, 10 agentes del Departamento de Seguridad Pública y otros hombres no identificados secuestraron al destacado abogado de derechos humanos Gao Zhisheng en su casa de la provincia de Shanxi. Al finalizar el año continuaba sin conocerse su paradero. En marzo, la esposa de Gao Zhisheng, Geng He, y sus hijos llegaron a Estados Unidos huyendo del continuo hostigamiento por parte de las autoridades chinas, que, entre otras medidas, impedían que su hija asistiera a la escuela.

Las autoridades continuaban aplicando leyes de redacción imprecisa que regulaban el uso de los “secretos de Estado” y la “subversión contra el poder del Estado” para detener, acusar y encarcelar a defensores y defensoras de los derechos humanos.

  • En agosto, el defensor de los derechos humanos Tan Zuoren fue acusado de “incitar a la subversión contra el poder del Estado”. Había organizado una investigación independiente sobre el derrumbamiento de edificios escolares durante el terremoto de Sichuan de mayo de 2008, y lo detuvieron cuando tenía previsto publicar el informe. Al finalizar el año aún no se había anunciado el veredicto.
  • El 23 de noviembre, el defensor de los derechos humanos Huang Qi fue condenado a tres años de cárcel por “posesión ilegal de secretos de Estado”. Había publicado en su página web las reclamaciones de las personas cuyos hijos habían muerto en el terremoto de Sichuan.

Sistema de justicia

Los juicios injustos continuaban siendo endémicos. Las decisiones judiciales seguían estando expuestas a las injerencias políticas; a las personas acusadas a menudo se les impedía contratar a un abogado de su elección y se les negaba el acceso a sus abogados y familiares, y era habitual que a las familias no se les notificasen las fechas de los juicios y se les impidiera asistir a ellos. Los tribunales continuaban admitiendo como prueba las confesiones extraídas bajo tortura.

Millones de ciudadanos intentaron presentar sus quejas directamente a las autoridades del gobierno mediante el sistema de “cartas y visitas”, también conocido como “sistema de presentación de peticiones”. A pesar de ser un sistema legal, la policía a menudo hostigaba a los peticionarios, los devolvía a sus provincias de procedencia y los detenía en “cárceles negras” ilegales o en hospitales psiquiátricos en donde corrían peligro de sufrir malos tratos.

Los funcionarios continuaron hostigando a los progenitores de niños muertos en el derrumbamiento de edificios escolares durante el terremoto de Sichuan de mayo de 2008, y les impidieron hablar con los medios de comunicación o iniciar investigaciones independientes.

Reclusión sin juicio

Las autoridades utilizaban a menudo sanciones administrativas, como la “reeducación por el trabajo”, para recluir a personas sin juicio. Según el gobierno, había 190.000 personas en centros de “reeducación por el trabajo”, un número inferior al medio millón de personas que había hace varios años, aunque probablemente las cifras reales eran muy superiores. Personas que habían estado en campos de “reeducación por el trabajo” afirmaron que los seguidores de Falun Gong formaban uno de los grupos de presos más numerosos, y que a menudo se perseguía a activistas políticos, peticionarios y personas que practicaban su religión al margen de los canales oficiales. Las autoridades recurrían a diversas formas ilegales de detención para recluir a miles de personas, como las “cárceles negras”, las “clases de formación jurídica”, las “clases de estudio” y las instituciones de salud mental.

Tortura y otros malos tratos y muertes bajo custodia

La tortura continuó siendo habitual en los lugares de detención, y en ocasiones causó la muerte de personas. Los métodos de tortura utilizados con las personas detenidas incluían darles palizas –a menudo con porras eléctricas–, colgarlas por las extremidades, alimentarlas por la fuerza, inyectarles fármacos desconocidos y privarlas del sueño.

En marzo, la muerte de un hombre de 24 años en un centro de detención de la provincia de Yunnan provocó un intenso debate en Internet sobre la policía y los “matones carcelarios” que torturaban a los reclusos y los sometían a otros malos tratos. En el debate salieron a la luz otros casos de muertes bajo custodia que dieron lugar a una investigación por parte de la Fiscalía Suprema Popular. En julio, ésta publicó un informe en el que se investigaban 12 de las 15 muertes de detenidos que se habían producido durante los primeros cuatro meses del año. Se descubrió que 7 de ellos habían muerto a consecuencia de palizas, 3 se habían suicidado y 2 habían muerto por causas accidentales.

Pena de muerte

China continuó utilizando ampliamente la pena de muerte para diversos delitos, incluidos delitos no violentos. Continuaban imponiéndose condenas a muerte tras juicios sin las debidas garantías. Las estadísticas sobre condenas a muerte y ejecuciones continuaron considerándose secreto de Estado, y, aunque las ejecuciones se contaban por miles, el gobierno no hizo públicas las cifras reales.

Libertad de religión

Las personas que practicaban su religión al margen de los canales autorizados por el Estado siguieron sufriendo hostigamiento, detención arbitraria, encarcelamiento y otras graves restricciones a su libertad de religión. Los sacerdotes y obispos católicos que se negaban a unirse a la Asociación Católica Patriótica china, reconocida oficialmente, continuaron siendo detenidos y recluidos en régimen de incomunicación durante periodos prolongados o sometidos a desaparición forzada.

  • Monseñor James Su Zhimin, de 75 años y obispo ordinario de la ciudad de Baoding, provincia de Hebei, continuaba en paradero desconocido desde su detención por la policía en 1996.

La policía golpeó y detuvo a miembros de casas iglesia cristianas, que practicaban su religión al margen de las instituciones que gozaban de autorización oficial, y a menudo demolió sus casas y los envió a prisión o a centros de “reeducación por el trabajo”. Se intensificó la campaña del gobierno contra los seguidores de Falun Gong, con detenciones generalizadas, juicios injustos en los que se impusieron largas condenas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia después de sufrir tortura y otros malos tratos.

  • Chen Zhenping, seguidora de Falun Gong, fue condenada a ocho años de cárcel en un juicio secreto celebrado en agosto de 2008. Fue acusada de “utilizar una organización herética para subvertir la ley”, y se le negó el acceso a su abogado antes, durante y después del juicio. En septiembre, guardas penitenciarios le dijeron a su familia que la habían trasladado a otro lugar, pero se negaron a revelar dónde se encontraba. Los abogados de Chen Zhenping no pudieron conseguir información adicional sobre su paradero.

Región Autónoma Uigur del Sin-kiang

Las autoridades endurecieron las severas restricciones sobre la libertad de expresión, asociación y reunión en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en la zona noroccidental de China, tras la violencia sin precedentes que se desencadenó en Urumqi el 5 de julio. El gobierno afirmó que se habían producido 197 muertes, en su mayoría personas de etnia han que habían muerto a manos de uigures, y que más de 1.600 personas habían resultado heridas. Los uigures habían hecho llamamientos a través de Internet pidiendo que se protestase por la inacción del gobierno con respecto a las palizas y muertes sufridas por trabajadores migrantes uigures a manos de trabajadores de etnia han en una fábrica de juguetes de la provincia de Guangdong en junio.

Según el relato de testigos presenciales de los hechos del 5 de julio, las fuerzas policiales y de seguridad reprimieron violentamente a manifestantes pacíficos uigures para impedir que miles de personas se manifestasen por la ciudad. Según estos informes, la policía golpeó a manifestantes pacíficos con porras, utilizó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud y disparó directamente contra una muchedumbre de manifestantes pacíficos utilizando fuego real que con toda probabilidad provocó muchas más muertes.

Después de los disturbios, las autoridades detuvieron a centenares de personas sospechosas de participar en las protestas, incluidos niños y ancianos, en redadas puerta por puerta. Familiares y amigos de varias personas detenidas negaron que éstas hubieran participado en la violencia o en las protestas. Al finalizar el año continuaba sin conocerse el paradero de decenas de detenidos.

En agosto, las autoridades anunciaron que había 718 personas recluidas en relación con los disturbios y que se habían presentado cargos penales contra 83 de ellas por delitos como asesinato, incendio provocado y robo con violencia. El 9 de noviembre, las autoridades comunicaron la ejecución de nueve personas condenadas tras juicios injustos. De sus nombres se desprendía que ocho eran uigures y una era china de etnia han. En diciembre, 13 personas más fueron condenadas a muerte y las autoridades anunciaron la detención de otras 94 como sospechosas de participar en los disturbios de julio.

En noviembre, las autoridades anunciaron oficialmente el inicio de una campaña de “mano dura y castigo” en la región que se prolongaría hasta finalizar el año y pretendía “acabar con […] los delincuentes”.

Las autoridades culparon de los disturbios a uigures “separatistas” que vivían en el extranjero, especialmente a Rebiya Kadeer, presidenta del Congreso Mundial Uigur, y no reconocieron el papel desempeñado por las políticas gubernamentales en el descontento generado entre la población uigur. Estas políticas incluían restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión, limitaciones a las prácticas religiosas y otras prácticas culturales, y políticas económicas que discriminaban a los uigures y fomentaban la migración de personas de etnia han a la región. Nuevas normativas endurecieron aún más el ya de por sí estricto control de Internet en la región, penalizando su uso en virtud de un delito de “separatismo étnico” vagamente definido. Al finalizar el año continuaban vigentes las restricciones en el acceso a Internet, las llamadas telefónicas internacionales y el envío de mensajes de texto, bloqueados durante el periodo inmediatamente posterior a los disturbios del 5 de julio.

El 19 de diciembre, el gobierno camboyano devolvió a 20 solicitantes de asilo uigures a China, en contra del criterio del ACNUR, el organismo de la ONU para los refugiados. Las autoridades chinas alegaron que los uigures habían participado en los disturbios de julio, y días después negaron que las expulsiones guardaran relación con un nuevo paquete de ayuda a Camboya por valor de 1.200 millones de dólares estadounidenses.

Región Autónoma del Tíbet

A lo largo del año continuaron a menor escala las protestas desencadenadas en marzo de 2008, acompañadas de continuos arrestos y detenciones. Dos tibetanos fueron ejecutados por delitos que, al parecer, habían cometido durante los disturbios de marzo de 2008.

Organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron un aumento en el número de personas tibetanas encarceladas por motivos políticos antes de conmemoraciones señaladas, como el 50 aniversario del fallido levantamiento tibetano que provocó el exilio del Dalai Lama. Continuaban las severas restricciones del derecho de la población tibetana a la libertad de expresión, religión, asociación y reunión. Las autoridades chinas se mostraron más firmes en su política internacional sobre la cuestión del Tíbet, y funcionarios chinos hicieron declaraciones públicas en las que señalaban la intención de China de castigar con medidas económicas y diplomáticas a los países que considerasen favorables al Dalai Lama y a la causa tibetana.

  • Losang Gyaltse y Loyar, ambos tibetanos, fueron ejecutados en octubre. El 8 de abril de 2009, el Tribunal Popular Municipal Intermedio de Lhasa los había condenado a muerte tras declararlos culpables de incendio provocado. Habían sido detenidos durante los disturbios de marzo de 2008 en la Región Autónoma del Tíbet y en las zonas de población tibetana de las provincias limítrofes.
  • El 28 de diciembre, Dhondup Wangchen, cineasta independiente tibetano, fue condenado a seis años de cárcel por el delito de “subversión contra el poder del Estado”, tras un juicio secreto ante el tribunal provincial de Xining, en la provincia de Qinghai. Al abogado contratado por su familia en un primer momento se le prohibió actuar como su representante, y no se sabía con certeza si después Dhondup Wangchen contó con asistencia letrada o si se le permitió defenderse a sí mismo en el juicio.

Región Administrativa Especial de Hong Kong

El 4 de junio, más de 150.000 personas, según los organizadores, conmemoraron el 20 aniversario de la represión militar en Tiananmen, pero las autoridades negaron la entrada a algunas personas chinas y a activistas extranjeros que deseaban participar. En julio, decenas de miles de personas se manifestaron por causas como la mejora de los medios de vida de la población, la democracia y la libertad de expresión.

Discriminación racial

En julio entró en vigor la Ordenanza sobre la Discriminación Racial. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial señaló que la definición de discriminación racial que establecía la Ordenanza no era totalmente compatible con el artículo 1 de la Convención de la ONU contra el Racismo. El Comité recomendó que en la definición de discriminación se incluyese la discriminación indirecta con respecto al idioma, la condición de inmigrante y la nacionalidad, y que todas las funciones y facultades del gobierno se incorporasen al ámbito de aplicación de la Ordenanza.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Si bien tomaba nota de la reforma prevista en el mecanismo de presentación de denuncias de torturas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó que se garantizasen los derechos de los solicitantes de asilo a la información, la interpretación, la asistencia letrada y los recursos judiciales, y alentó la aprobación de una ley del refugiado que estableciese un procedimiento integral de examen de las solicitudes de asilo individuales. También reiteró su recomendación de que las autoridades ratificasen la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El 31 de diciembre, el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong anunció que las modificaciones de la Ordenanza sobre Violencia en el Hogar ampliarían la protección a los convivientes del mismo sexo y entrarían en vigor el 1 de enero de 2010. La legislación de la Región Administrativa Especial de Hong Kong no prohibía la discriminación basada en la orientación sexual.

Región Administrativa Especial de Macao

En junio, un comité electoral integrado por 300 personas eligió a Fernando Chui Sai-on, único candidato, como jefe del Ejecutivo hasta 2014. En septiembre se procedió a la elección directa de 12 de los 29 representantes en la Asamblea Legislativa; el resto de los representantes eran designados o elegidos por circunscripciones electorales funcionales.

En febrero, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Seguridad Nacional, que prohibía los actos de “sedición”, “secesión”, “subversión”, “traición” y “robo de secretos de Estado”. La imprecisa definición de los delitos podía utilizarse para cometer abusos contra el derecho a la libertad de expresión y asociación. Se negó la entrada en Macao a decenas de ciudadanos de Hong Kong, entre los que había miembros del Consejo Legislativo, activistas, periodistas y un profesor de Derecho, que pretendían participar en actividades sobre la nueva legislación propuesta. En diciembre también se prohibió la entrada de tres activistas de Hong Kong que tenían previsto pedir la liberación de Liu Xiaobo durante una visita del presidente Hu Jintao.

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