Chile

Human Rights in República de Chile

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Chile is now live »

Jefa del Estado y del gobierno Michelle Bachelet
Pena de muerte abolicionista para los delitos comunes
Población 16,8 millones
Esperanza de vida 78,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 10/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 95,7 por ciento

Se registraron algunos avances en la puesta a disposición judicial de responsables de violaciones de derechos humanos. Los pueblos indígenas y las personas que defendían sus derechos siguieron siendo víctima de violaciones de derechos humanos. Las manifestaciones de protesta social fueron objeto de una creciente criminalización, y en ocasiones se acusó a la policía de hacer uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

"Las tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas –en especial la comunidad mapuche– siguieron siendo muy fuertes."

Información general

Durante todo el año tuvieron lugar manifestaciones –en ocasiones de carácter violento– sobre temas como la educación, los derechos de los pueblos indígenas y el alza del coste de la vida.

Al finalizar el año se debatía en el Congreso un proyecto de ley para adecuar la legislación nacional al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas privadas de libertad visitó en agosto varias prisiones chilenas. Observó en ellas algunas buenas prácticas, pero condenó el uso de fuerza excesiva en los castigos, un grado de hacinamiento sin precedentes en las prisiones estatales y la prestación inadecuada de servicios básicos en los centros de detención de menores.

El 15 de septiembre, tras retirar una polémica declaración interpretativa, Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Derechos de los pueblos indígenas

Las tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas –en especial la comunidad mapuche– siguieron siendo muy fuertes. Continuó la expansión de la industria forestal y de extracción de recursos, y las reclamaciones sobre tierras no se resolvían con prontitud. Siguieron denunciándose violaciones de derechos humanos. En abril, el gobierno puso en marcha el Pacto Social por la Multiculturalidad, un marco político para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

  • Matías Valentín Catrileo Quezada, estudiante mapuche de 23 años, murió el 3 de enero como consecuencia de los disparos recibidos durante una manifestación de protesta sobre el derecho a la tierra celebrada en la comuna Vilcún, región de La Araucanía. Tras las contradicciones iniciales de la autopsia y las investigaciones forenses, se confirmó que le habían disparado en la espalda. Al finalizar el año, un miembro de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile acusado de los disparos se encontraba en libertad condicional bajo fianza a la espera de ser juzgado por el cargo de «violencias innecesarias causando la muerte».
  • En noviembre, en Temuco, un fiscal regional presentó cargos contra tres estudiantes vinculados con la causa mapuche –uno de ellos de 16 años– en virtud de una ley antiterrorista promulgada durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. Los cargos guardaban relación con su presunta participación en un ataque con cócteles molotov perpetrado contra la policía. El gobierno había asegurado en repetidas ocasiones que no apoyaba la aplicación de la legislación antiterrorista a casos relacionados con las protestas de indígenas.

Justicia e impunidad

Según cifras oficiales, seguían vigentes 1.125 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990); 3.195 ya habían sido sujetos a investigación. Al finalizar 2008, un total de 245 miembros de las fuerzas de seguridad habían sido condenados en relación con 115 casos.

En varios casos destacados se produjeron resoluciones y novedades importantes.

  • En marzo se condenó a 24 ex altos cargos de la policía militar por el secuestro, asesinato y tortura de 31 personas en Osorno en octubre y noviembre de 1973. Las penas oscilaban entre cadena perpetua y cuatro años de cárcel.
  • En junio, Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue declarado culpable de los homicidios del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats González y de su esposa, cometidos en 1974 en Argentina mediante la detonación de una bomba colocada en los bajos de su automóvil. El juez añadió dos cadenas perpetuas y 20 años de cárcel a las penas que Manuel Contreras estaba cumpliendo ya en prisión. Otros siete ex agentes de la DINA y dos civiles fueron condenados a penas de hasta 20 años de cárcel.
  • En octubre, el general retirado Arellano Stark, en su calidad de jefe de la Caravana de la Muerte, fue condenado a seis años de cárcel por su implicación en el homicidio de cuatro presos políticos perpetrado en 1973. A otros cuatro oficiales se les impusieron penas de entre cuatro y seis años de cárcel. La condena de Arellano Stark fue la primera relacionada con los 72 homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte en el norte de Chile. En noviembre se confirmó que el ex general no ingresaría en prisión por motivos de salud.
  • Se presentaron cargos contra 19 oficiales de la Armada –algunos de ellos todavía en activo– en relación con el secuestro del sacerdote Miguel Woodward. Todos quedaron en libertad bajo fianza. Las investigaciones confirmaron que Miguel Woodward había muerto en 1973 tras ser torturado y que había permanecido recluido en el buque de la Armada Esmeralda, que seguía formando parte de la marina chilena. La jueza encargada del caso recibió amenazas, y algunos testigos fueron hostigados al entrar en la sala del tribunal.
  • En julio fue detenido en España Alfonso Podlech, ex fiscal militar de Temuco. Se había emitido contra él una orden de detención internacional por su implicación en las desapariciones de cuatro ciudadanos italochilenos, entre ellas la del sacerdote Omar Venturelli, ocurrida en 1973. Alfonso Podlech fue extraditado posteriormente a Italia, donde al finalizar el año seguía en prisión preventiva.

Policía y fuerzas de seguridad

Se acusó a la policía de infligir malos tratos a detenidos y hacer uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.

  • Durante una manifestación celebrada el 21 de mayo en Valparaíso, un carabinero a caballo golpeó en la cara al fotógrafo Victor Salas con un bastón de metal. Los golpes produjeron al fotógrafo una grave pérdida de visión con consecuencias duraderas. Se llevó a cabo una investigación interna, pero no se pudo identificar al responsable, y otras investigaciones posteriores no arrojaron resultados concluyentes.

Visitas de Amnistía Internacional

En noviembre, la secretaria general de Amnistía Internacional visitó Chile y se reunió con la presidenta Bachelet y altos cargos de su gobierno.

Informes de Amnistía Internacional

Recomendaciones de Amnistía Internacional al Gobierno de Chile (7 noviembre 2008)
Chile: Información para el Examen Periódico Universal de la ONU. Quinto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el Mecanismo de Examen Periódico Universal, mayo de 2009 (10 noviembre 2008)

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