Chile - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Chile

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Chile is now live »

Jefa del Estado y del gobierno : Michelle Bachelet
Pena de muerte : abolicionista para los delitos comunes
Población : 16,6 millones
Esperanza de vida : 78,3 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 10/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada : 95,7 por ciento

Se puso a disposición judicial a varios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Las comunidades indígenas siguieron siendo objeto de una discriminación generalizada y de otros abusos.

Información general

En 2007 se desencadenó una oleada de huelgas y manifestaciones. Las protestas reflejaban un malestar generalizado por las desigualdades económicas, y se intensificó el debate sobre la necesidad de un salario mínimo. En Santiago de Chile, donde miles de personas se echaron a la calle, se registraron violentos enfrentamientos y varios manifestantes y policías resultaron heridos. Centenares de manifestantes permanecieron detenidos brevemente.

Impunidad: justicia por violaciones cometidas en el pasado

Varios oficiales de las fuerzas armadas y ex agentes del servicio secreto fueron declarados culpables de haber participado en secuestros, torturas y homicidios durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

  • En octubre se condenó a Manuel Contreras, ex jefe del servicio secreto, y a tres ex agentes a entre 10 y 15 años de cárcel por el secuestro en 1974 de Jorge D’Orival Briceño, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que después habría de ser víctima de homicidio debido a su afiliación política.

En noviembre, sin embargo, la Corte Suprema absolvió al coronel retirado Claudio Lecaros de la desaparición forzada, ocurrida en 1973, de los dirigentes campesinos Vidal Riquelme y Cesario Soto y del empresario Rubén Acevedo, alegando que el delito había prescrito. Anteriormente, en consonancia con el derecho consuetudinario internacional, la Corte había resuelto que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no prescribían nunca.

En septiembre, el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue extraditado a Perú para responder de los cargos de corrupción y violación de los derechos humanos.

Discriminación: derechos de los pueblos indígenas

En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que se hubiera aplicado la legislación antiterrorista a miembros de la comunidad mapuche que habían participado en actividades de apoyo del derecho a la tierra de los pueblos indígenas.

En febrero, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, expresó su preocupación por el elevado índice de pobreza de los menores indígenas y por la discriminación que sufrían en el acceso a la educación y los servicios de salud. El Comité formuló varias recomendaciones, como la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

  • El 15 de septiembre, la policía allanó la comunidad de Temucuicui, en la IX Región, y confiscó algunas cabezas de ganado. Cuando los campesinos les pidieron explicaciones, los agentes, al parecer, profirieron contra ellos insultos racistas. Según informes, la policía iba buscando ganado robado. La policía devolvió más tarde los animales confiscados, pero volvió a entrar en la comunidad disparando sus armas de fuego, e hirió al menos a una persona. 
  • El 18 de junio, agentes de la Sección de Investigaciones Policiales interrogaron en la escuela a tres menores de la comunidad mapuche de Ranquilco, a los que preguntaron por las ocupaciones de tierras. En la solicitud de una orden de protección para los tres menores se afirmaba que el interrogatorio estaba causando «un verdadero terror en los niños y en muchos padres» que temían «represalias contra los menores».

Violencia contra las mujeres

Durante 2007, las ONG chilenas registraron al menos 60 casos de homicidio de mujeres. Las deficiencias legales, los procedimientos burocráticos y una acción policial inadecuada siguieron dificultando los enjuiciamientos por actos de violencia doméstica y sexual contra mujeres.

En el Parlamento se debatió una nueva ley propuesta por la presidenta Bachelet que incorporaría el homicidio de mujeres (femicidio) como un delito específico en el Código Penal chileno.

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