República Centroafricana

Human Rights in República Centroafricana

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
República Centroafricana is now live »

Jefe del Estado François Bozizé
Jefe del gobierno Faustin Archange Touadéra
(sustituyó a Elie Doté en enero)

Pena de muerte abolicionista en la práctica
Población 4,4 millones
Esperanza de vida 43,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 178/145 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 48,6 por ciento

Decenas de hombres, mujeres, niños y niñas fueron secuestrados por miembros del grupo armado ugandés Ejército de Resistencia del Señor, que violaron a mujeres y niñas e infligieron malos tratos a muchas otras personas. Fuerzas gubernamentales y grupos políticos armados cometieron homicidios ilegítimos de civiles. Muchas personas sufrieron malos tratos mientras estaban recluidas de forma ilegítima en condiciones que ponían en peligro sus vidas, tras haber sido víctimas de detenciones arbitrarias. Varios defensores y defensoras de los derechos humanos y un periodista sufrieron amenazas o fueron detenidos por llevar a cabo sus actividades profesionales. Se detuvo y entregó a la Corte Penal Internacional a una persona contra la que se había dictado una orden de detención.

Información general

El primer ministro Elie Doté dimitió en enero, tras amenazarlo la Asamblea Nacional con un voto de censura. Lo sustituyó Faustin Archange Touadéra.

El gobierno firmó acuerdos de paz con varios grupos políticos armados como preludio de una conferencia nacional, conocida como Diálogo Global Nacional y convocada con el fin de allanar el terreno para la reconciliación nacional y la estabilidad política y para crear las condiciones para celebrar elecciones generales en 2010. Los acuerdos culminaron en la firma de un acuerdo general de paz en junio. En febrero, el gobierno de Benín liberó a dos jefes de grupos armados a petición del gobierno de la República Centroafricana. Abakar Sabone y Michel Djotodia estaban recluidos en la capital de Benín, Cotonú, desde noviembre de 2006. En octubre, el gobierno puso en libertad a 12 presuntos miembros de grupos políticos armados.

El ex presidente Ange-Félix Patassé, el ex ministro de Defensa Jean-Jacques Demafouth y varios jefes de grupos armados regresaron del exilio en noviembre y diciembre para participar en la conferencia nacional que comenzó el 8 de diciembre, presidida por el ex presidente de Burundi, Pierre Buyoya. La conferencia terminó el 20 de diciembre con una resolución que contemplaba la formación de un gobierno de unidad nacional encargado de preparar las elecciones generales.

"Se temía que las mujeres y niñas pudieran haber sido utilizadas como esclavas sexuales y que los hombres y niños hubieran pasado a ser combatientes."

A pesar de los acuerdos de paz, continuaron los informes de enfrentamientos esporádicos entre fuerzas gubernamentales y grupos políticos armados. Fuerzas gubernamentales y de oposición atacaron a civiles sospechosos de apoyar a sus respectivos oponentes, y mataron o hirieron a muchos de ellos, además de destruir o saquear sus propiedades. Decenas de miles de personas seguían desplazadas internamente como consecuencia de la violencia.

Al menos 200 miembros de la fuerza militar de la Unión Europea (EUFOR) y 3 funcionarios militares de enlace de la Misión de la ONU en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT) fueron desplegados en la República Centroafricana para proteger a la población civil y al personal de ayuda humanitaria en el noreste del país. En septiembre se ampliaron los mandatos de la EUFOR y la MINURCAT hasta marzo de 2009. En julio, la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) sustituyó a la Fuerza Multinacional de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (FOMUC) por la Misión para la Consolidación de la Paz en África Central (MICOPAX), al mando de un jefe de la República Democrática del Congo. Se incorporaron a MICOPAX 120 soldados cameruneses.

Impunidad

En el marco de la implementación del acuerdo general de paz, el Parlamento aprobó en septiembre una ley de amnistía general que abarcaba los delitos cometidos por el gobierno y las fuerzas políticas armadas entre el 15 de marzo de 2005, cuando llegó al poder el presidente François Bozizé, y el 13 de octubre de 2008, fecha de promulgación de la ley por el presidente. Aunque la amnistía no debía abarcar los delitos cometidos entre octubre de 2002 y marzo de 2003, concedía inmunidad a varios dirigentes políticos y militares del conflicto armado de 2002-2003. Entre ellos figuraban el ex presidente Ange-Félix Patassé, que estaba en el poder durante ese periodo, su ex ministro de Defensa, Jean-Jacques Demafouth, y el ex asesor presidencial de seguridad Martin Koumtamadji. La ley de amnistía no impedía que la Corte Penal Internacional incoase procesamientos por delitos previstos en el derecho internacional.

Abusos cometidos por grupos armados

A finales de febrero y principios de marzo, varios cientos de hombres armados, al parecer miembros del Ejército de Resistencia del Señor, secuestraron a más de 100 hombres, mujeres, niños y niñas en el este de la República Centroafricana. Estos hombres, que al parecer procedían del noroeste de la República Democrática del Congo, también violaron a mujeres y niñas y destruyeron o saquearon propiedades. Aunque algunas víctimas fueron puestas en libertad o lograron escapar, se creía que más de 100 continuaban en poder del Ejército de Resistencia del Señor en diciembre. Se temía que las mujeres y niñas pudieran haber sido utilizadas como esclavas sexuales y que los hombres y niños hubieran pasado a ser combatientes.

A mediados de diciembre, las autoridades de Uganda anunciaron que sus fuerzas, apoyadas por tropas de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur, habían emprendido operaciones militares contra el Ejército de Resistencia del Señor. Se temía que muchos niños y niñas y otros civiles secuestrados con anterioridad o en fechas recientes por el Ejército de Resistencia del Señor podían perder la vida durante los enfrentamientos.

Justicia internacional

Jean-Pierre Bemba, ex jefe de un grupo armado y figura política de la República Democrática del Congo, fue detenido en Bélgica el 24 de mayo y transferido a la custodia de la Corte Penal Internacional. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte había dictado una orden de detención secreta por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entre ellos violación, cometidos en la República Centroafricana por miembros de su grupo político armado a finales de 2002 y principios de 2003. En diciembre, la Sala de Cuestiones Preliminares aplazó a enero de 2009 el examen de la validez de los cargos contra Jean-Pierre Bemba y ordenó su prisión preventiva.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron detenidos o recibieron amenazas por sus actividades profesionales.

  • Faustin Bambou fue detenido en enero tras publicar su periódico, Les Collines de l’Oubangui, un artículo en diciembre de 2007 en el que se afirmaba que ministros del gobierno habían malversado fondos destinados a pagar atrasos salariales de empleados públicos. Después de un juicio sin las debidas garantías, el 28 de enero lo condenaron a seis meses de prisión. Fue puesto en libertad el 23 de febrero tras serle concedida una amnistía por el presidente Bozizé.
  • En junio, un hombre no identificado que afirmó ser miembro de las fuerzas de seguridad dijo a Nganatoua Goungaye Wanfiyo, abogado y dirigente de la Liga Centroafricana de Derechos Humanos, que corría peligro de ser víctima de un atentado o incluso de homicidio. Las fuerzas de seguridad, según los informes, sospechaban que realizaba gestiones para que la Corte Penal Internacional investigara y procesara al presidente Bozizé. Nganatoua Goungaye Wanfiyo fue detenido arbitrariamente y estuvo recluido un día en septiembre. Lo culparon de dificultar la marcha de un convoy presidencial aunque no lo acusaron formalmente de ningún delito. Murió en un accidente de tráfico a finales de diciembre.

Los activistas de derechos humanos Bernadette Sayo y Erick Kpakpo recibieron amenazas de muerte anónimas por su trabajo en apoyo de víctimas de las atrocidades del conflicto armado de 2002 y 2003 que buscaban justicia.

Tortura y otros malos tratos

Se recibieron informes de que personas recluidas en varios centros de detención y prisiones de todo el país habían sufrido tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Algunos detenidos, a quienes funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley calificaban de recalcitrantes, estuvieron encadenados y privados de agua y alimentos durante varios días consecutivos. Algunos detenidos permanecieron más de dos semanas sin que se les permitiera bañarse.

No se permitió el acceso a atención médica de personas detenidas que se pusieron enfermas mientras estaban bajo custodia o que resultaron heridas como consecuencia de palizas. Al menos en un caso, en Bouar, algunos detenidos estuvieron recluidos en una celda sin ventanas y cerrada de forma permanente, donde utilizaban a modo de retrete un balde que se vaciaba cada dos días. Entre los centros de detención donde se cometieron estos abusos figuraban los ubicados en Bossangoa y Bouar, en el norte, y la Oficina Central para la Represión del Bandidaje en la capital, Bangui.

Homicidios ilegítimos

Durante todo el año se recibieron informes de que fuerzas gubernamentales y miembros de grupos armados habían cometido homicidios ilegítimos de civiles sospechosos de apoyar a sus respectivos oponentes. Los responsables gozaban de impunidad. Al menos en un caso, ocurrido en marzo, fuerzas gubernamentales desfilaron por las calles en Bouar con cabezas humanas recién cortadas que según dijeron eran de bandidos. No se tenía constancia de que las autoridades hubieran adoptado medidas contra las fuerzas gubernamentales supuestamente implicadas en homicidios ilegítimos.

Detención arbitraria y reclusión ilegítima

Fuerzas gubernamentales llevaron a cabo detenciones arbitrarias sin la autoridad de un funcionario judicial y tuvieron bajo custodia a algunas personas durante periodos superiores a las 48 horas permitidas por el Código de Procedimiento Penal del país.

  • El 12 de enero, un agente de la Guardia Presidencial detuvo a Vincent Tolngar, alcalde de la ciudad de Markounda, en el norte del país, como sospechoso de advertir a la población local que huyera antes de la llegada de la Guardia Presidencial. Vincent Tolngar estuvo detenido primero en Bossangoa y después lo trasladaron a Bossembélé. Quedó en libertad sin cargos ni juicio el 7 de febrero.

Decenas de presuntos hechiceros, en su mayoría mujeres, permanecían bajo custodia sin perspectivas de ser juzgados o quedar en libertad. Algunas de estas personas estaban recluidas en las prisiones de Ngaragba y Bimbo, en Bangui. Al terminar diciembre, algunas llevaban detenidas sin juicio tres o más años.

 

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