República Centroafricana - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Centroafricana

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
República Centroafricana is now live »

Jefe del Estado : François Bozizé
Jefe del gobierno : Elie Doté
Pena de muerte : abolicionista en la práctica
PoblaciÓn : 4,2 millones
Esperanza de vida : 43,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 183/151 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 48,6 por ciento

Grupos armados, soldados del gobierno y bandas criminales mataron a civiles, destruyeron e incendiaron propiedades y viviendas, y saquearon, secuestraron y violaron con impunidad. Decenas de miles de civiles del norte de República Centroafricana siguieron huyendo de la violencia y de los abusos contra los derechos humanos hacia la región meridional de Chad, a Camerún y a otros países vecinos.

Información general

El gobierno de República Centroafricana se vio presionado a lo largo del año para alcanzar un acuerdo pacífico para el conflicto armado desatado a mediados de 2005 entre fuerzas gubernamentales y grupos armados. En febrero, con la mediación de Libia, el gobierno firmó un acuerdo de paz con el Frente Democrático para el Pueblo Centroafricano (Front démocratique pour le peuple centrafricain), y el 1 de abril el gobierno firmó un acuerdo con la Unión de las Fuerzas Democráticas para la Unidad (Union des forces démocratiques pour le rassemblement). Al finalizar 2007 ninguno de los dos acuerdos se había implementado por completo, aunque en junio el gobierno puso en libertad a 18 presuntos miembros de la Unión de las Fuerzas Democráticas para la Unidad. En diciembre, el presidente Bozizé designó un órgano consultivo encargado de preparar el proceso conocido como «Diálogo Nacional».

Se acusó a fuerzas gubernamentales, y en particular a la Guardia Presidencial, de matar a decenas de civiles, al tiempo que los grupos armados secuestraban y mataban a quienes se negaban a prestarles apoyo.

Bandidos armados conocidos como «zaraguinas», algunos de los cuales eran soldados desmovilizados de República Centroafricana y de países vecinos, robaron a viajeros –matando e hiriendo a algunos– y secuestraron a adultos y menores de edad a cambio de rescate.

La inseguridad generalizada en el norte ocasionó desplazamientos internos masivos de centenares de miles de personas, que contaron con escaso o nulo acceso a asistencia humanitaria.

Homicidios ilegítimos cometidos por fuerzas gubernamentales

Tras los ataques perpetrados por grupos armados contra fuerzas gubernamentales e instalaciones estatales en el norte del país, la Guardia Presidencial y otras fuerzas de seguridad llevaron a cabo ataques punitivos contra la población local, dando muerte e hiriendo a residentes e incendiando viviendas. Se detuvo a personas sospechosas de pertenecer a grupos armados y a menudo se las ejecutó sumariamente. Muchos residentes huyeron al monte, donde se ocultaron durante semanas o meses.

  • Yacoub Ahmat Mahmat huyó de la zona de Paoua porque los soldados del gobierno habían destruido viviendas, robado dinero, golpeado a residentes, secuestrado a tres personas y matado a una como represalia por el ataque de un grupo armado el 6 de enero. El 12 de febrero, tras los ataques, 15 zaraguinas robaron a Yacoub Ahmat Mahmat 15 de sus cabezas de ganado.
  • En marzo, Raymond Djasrabaye fue uno de los muchos residentes del pueblo de Beboura, en Paoua, a los que las fuerzas de seguridad hirieron o mataron. Su padre y su madre resultaron muertos. Raymond Djasrabaye recibió un tiro en el brazo, que se gangrenó, y huyó a Chad, donde se lo amputaron.

Soldados de las Fuerzas Armadas Centroafricanas (Forces armées centrafricaines), y en especial miembros de la Guardia Presidencial, ejecutaron extrajudicialmente a personas que sospechaban pertenecían a grupos armados de oposición.

  • El 5 de enero, soldados de las Fuerzas Armadas ejecutaron públicamente en el mercado de Kaga Bandoro a dos hombres de 22 y 27 años. Según los informes, pasearon los cadáveres de las víctimas por las calles y se tomaron fotografías con ellos. No se tiene noticia de que el gobierno haya tomado alguna medida contra los soldados ni su jefe.

Por todo el norte del país, las Fuerzas Armadas respondieron a los ataques contra fuerzas gubernamentales incendiando viviendas. Según informes, al comenzar 2007 habían sido incendiadas más de 2.000 entre las ciudades de Kaga Bandoro y Ouandago, ocasionando el desplazamiento interno de más de 10.000 personas. Los soldados del gobierno saqueaban las propiedades de los residentes y quemaban lo que no se podían llevar.

  • Según los informes, miembros de la Guardia Presidencial con base en Bossangoa incendiaron el 27 y 28 de enero nueve pueblos a lo largo del eje Bozoum-Paoua-Pende, ejecutaron sumariamente al menos a siete civiles desarmados, y ataron a un hombre a un granero al que prendieron fuego, quemándolo vivo. De acuerdo con la información disponible, miembros de la Guardia Presidencial que actuaban bajo las órdenes del mismo jefe militar mataron a tiros a dos catequistas católicos en la localidad de Bozoy III. También según los informes, miembros de la Guardia Presidencial mataron al menos a otras 10 personas a lo largo del eje Paoua - Bozoum.

Homicidios ilegítimos cometidos por grupos armados

Organizaciones humanitarias y de derechos humanos, así como personas refugiadas en el sur de Chad, informaron que en el norte de República Centroafricana los grupos armados atacaban a civiles desarmados. A las víctimas las acusaban de colaborar con el gobierno o de prestarle apoyo.

  • El 19 de marzo, miembros de un grupo armado golpearon a Djibrilla Adamou cuando éste iba caminando de regreso a casa desde Letele, en Bocaranga, porque no les entregó el dinero que le pedían. Quedó tan malherido que, según los informes, lo abandonaron dándolo por muerto.
  • El 11 de junio, un miembro de un grupo armado, el Ejército Popular para la Restauración de la Democracia (Armée populaire pour la restauration de la démocratie), mató de un tiro a una voluntaria francesa de Médicos sin Fronteras. Según los informes, el grupo armado declaró posteriormente que se había tratado de un error de uno de sus combatientes, a quien al parecer había ejecutado después sin someterlo a un juicio justo.

Según los informes, más de 50 presuntos zaraguinas que vestían ropa militar de camuflaje y llevaban el rostro cubierto con turbantes atacaron en enero a los residentes de la localidad de Voudou, en el eje Bozoum-Bossangoa, dando muerte a cuatro civiles.

Secuestros de menores y adultos

Decenas de menores y adultos fueron secuestrados por bandoleros armados, especialmente en el noroeste del país. El gobierno prácticamente no hizo nada para impedir los secuestros o detener a los autores.

Al parecer, se escogió a la mayoría de las víctimas por ser miembros del grupo étnico mbororo, formado por pastores que podían vender su ganado para pagar los rescates, mientras que los agricultores sedentarios no tenían acceso a este recurso.

Algunas de las víctimas eran secuestradas como venganza porque sus familiares habían participado en actividades «anti-zaraguinas». La esposa de Souley Garga, líder de la comunidad mbororo, fue secuestrada a fines de 2006 y no recobró la libertad hasta abril de 2007, cuando Souley Garga, según los informes, pagó un rescate de cuatro millones de francos CFA (unos 8.000 dólares estadounidenses). Tres hombres secuestrados al mismo tiempo figuraban entre otras personas que seguían en manos de zaraguinas, que exigían un rescate de nueve millones de francos CFA.

La mayoría de las personas secuestradas eran menores de edad mbororos. Algunos eran secuestrados varias veces hasta que, sin recursos para pagar más rescates, sus familias se veían obligadas a huir.

  • En 2005, unos zaraguinas secuestraron a dos de los hijos de Weti Bibello y se llevaron a uno de ellos una vez más a fines de 2006. Miembros de un grupo político armado y zaraguinas le robaron la mayor parte de las 150 cabezas de ganado que le quedaban a principios de 2007. Un grupo armado de oposición mató a varios miembros de su familia en enero. En abril, temiendo más ataques, Weti Bibello huyó con su familia a Chad.
  • En febrero, unos zaraguinas secuestraron a las cuatro de la madrugada en Paoua a Mahmoud Damsi, de 10 años de edad, y a varios menores más. Su padre, Ibrahim Damsi, pagó 550.000 francos CFA por su liberación, para lo que antes tuvo que vender muchas de sus vacas. Los zaraguinas le propinaron una fuerte paliza cuando acudió a pagarles el rescate.
  • En enero fue secuestrada Fatimatou, de cinco años de edad, hija de Ousmane Bi Yunusa. Su padre pagó el rescate con la venta de la última vaca que poseía. Fatimatou fue liberada tras un mes de cautiverio.

Representantes de organizaciones humanitarias también figuraron entre los objetivos de los bandoleros. El 19 de mayo, dos trabajadores de la organización humanitaria italiana Cooperazione Internazionale fueron secuestrados por zaraguinas en el camino que une Bozoum con Bocaranga. Fueron liberados el 29 de mayo. En septiembre, unos zaraguinas secuestraron brevemente a varios trabajadores de la Oficina de la ONU de Apoyo a la Consolidación de la Paz en República Centroafricana (BONUCA) y les robaron sus propiedades.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

Más de 200.000 personas desplazadas internamente abandonaron sus hogares, reservas de alimentos y otras propiedades, que a menudo eran saqueadas o destruidas por soldados del gobierno, grupos o bandidos armados. Las personas desplazadas internamente tenían acceso limitado a asistencia humanitaria, y muchas sucumbieron a las inclemencias del tiempo y a la falta de atención médica cuando trataban de sobrevivir a la intemperie.

Al finalizar el año había aproximadamente 50.000 refugiados de República Centroafricana en el sur de Chad, más de 26.000 en Camerún y varios miles en Sudán. El acceso a cuidados a la salud y otra asistencia humanitaria era limitado para las personas refugiadas en Chad, y los suministros alimentarios, muy escasos. Por su parte, las personas refugiadas en Camerún no tenían acceso a asistencia humanitaria y sobrevivían principalmente de la que les proporcionaba la población local camerunesa y de la venta de los animales que habían podido llevar consigo en su huida.

Libertad de expresión

Michel Alkhaly Ngady, director de un periódico y presidente de la asociación de editores de la prensa privada e independiente centroafricana, fue detenido el 12 de marzo. El Alto Consejo de la Comunicación lo había acusado de difamación, cargo del que un tribunal lo declaró culpable y por el que pasó 63 días en la cárcel.

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