Derechos de los pueblos indígenas

En marzo, la Corte de Derechos Humanos de Canadá desestimó una queja por discriminación que alegaba que los fondos que dedicaba el gobierno federal a la protección de la infancia en las comunidades de las Primeras Naciones eran considerablemente inferiores a los destinados por los gobiernos provinciales a las comunidades mayoritariamente no indígenas. La Corte resolvió que, a los efectos de una queja por discriminación, no se podía comparar al gobierno federal con los gobiernos provinciales. Al finalizar el año estaba pendiente una apelación.

En abril, una fuga en un oleoducto provocó el vertido de unos 4,5 millones de litros de crudo en el territorio tradicional de los cree del lago Lubicon, en el norte de Alberta, en lo que fue el mayor vertido sufrido en la provincia desde 1975. En agosto, el gobierno provincial permitió que el oleoducto volviera a funcionar sin realizar una consulta significativa con los lubicon. Varios órganos internacionales de derechos humanos llevaban tiempo expresando su preocupación por la falta de respeto al derecho de los lubicon a la tierra.

En agosto, un estudio federal concluyó que el 39 por ciento de las redes de agua de las comunidades de las Primeras Naciones tenían deficiencias importantes que hacían que el 73 por ciento de las redes de agua potable y el 65 por ciento de las redes de aguas residuales constituyeran un riesgo medio o elevado para la salud. Un estudio gubernamental anterior había relacionado los defectos de las redes de agua de las Primeras Naciones con la provisión insuficiente de recursos por parte del gobierno.

En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una vista sobre una denuncia formulada por el Grupo de Tratado Hul’qumi’num, en la que se alegaban violaciones del derecho a las tierras indígenas en la isla de Vancouver (provincia de la Columbia Británica). Estaba previsto que la Comisión emitiera una resolución en 2012.

Hubo pocos avances en la implementación de las conclusiones de la Comisión de Investigación de Ipperwash, creada para examinar la muerte en 1995 por disparos de la policía de un indígena desarmado durante una protesta celebrada en Ontario. Los incidentes ocurridos en la comunidad tyendinaga mohawk en Ontario en 2008, en los que la policía provincial apuntó con rifles de alta potencia a manifestantes desarmados y a transeúntes, y la ausencia de una revisión imparcial de estos incidentes pusieron de relieve la necesidad urgente de que se aplicaran las conclusiones de Ipperwash.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuyo mandato era documentar los abusos cometidos contra niños y niñas de las Primeras Naciones, métis e inuit, y los daños generales causados por el sistema histórico de internados escolares de Canadá, así como sensibilizar a la población en general al respecto, mantuvo reuniones durante todo el año.

Top of page

Derechos de las mujeres

En julio, la ministra federal responsable de la Situación de la Mujer declaró públicamente que el gobierno no tenía intención de crear un plan de acción nacional para abordar el elevado índice de violencia que sufrían las mujeres indígenas.

En octubre se inició una investigación provincial en la Columbia Británica sobre la respuesta policial a los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas, muchas de ellas indígenas, ocurridos en Vancouver. Antes de que se abriera la investigación, 17 de las 20 organizaciones a las que se había concedido la condición de terceristas se retiraron del procedimiento debido a sus dudas sobre la imparcialidad de éste.

Top of page

Seguridad y medidas antiterroristas

En febrero concluyeron las vistas de la Comisión para las Denuncias contra la Policía Militar sobre posibles entregas de prisioneros por parte de soldados canadienses en Afganistán a la custodia de autoridades afganas, a pesar del grave peligro de que fueran torturados. Al finalizar el año no se había dado a conocer el informe de la Comisión.

En octubre se hizo público que los agentes de la Real Policía Montada de Canadá carecían de información que implicase a Abdullah Almalki en actividades delictivas, y que sólo lo consideraban un “árabe que andaba por ahí” en octubre de 2001, cuando enviaron información a las autoridades sirias relacionándolo con el terrorismo. Abdullah Almalki fue encarcelado y torturado en Siria entre mayo de 2002 y marzo de 2004. Una investigación pública concluyó en 2008 que las acciones adoptadas por las autoridades canadienses en su caso y en el de otros dos hombres contribuyeron a las violaciones de derechos humanos que éstos habían sufrido. El gobierno no se disculpó ni les ofreció indemnización alguna. Al finalizar 2011 se estaba tramitando una demanda civil presentada por los tres hombres en 2008.

El 1 de noviembre se cumplió el plazo a partir del cual Omar Khadr, ciudadano canadiense capturado por fuerzas estadounidenses en Afganistán en 2002, cuando tenía 15 años, y detenido en Guantánamo desde octubre de aquel año, podía optar a cumplir el resto de su condena en Canadá. Khadr había sido condenado a ocho años de prisión en octubre de 2010 tras alcanzar un acuerdo sobre su declaración de culpabilidad. Al finalizar 2011 el gobierno canadiense no había adoptado una decisión sobre su petición de traslado.

Top of page

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En junio, el gobierno volvió a introducir un proyecto de ley que penalizaría a las personas solicitantes de asilo que entrasen en Canadá de forma irregular, como las que llegaban por vía marítima en grupos organizados por traficantes de personas. Las propuestas incluían una prolongada detención preceptiva sin una revisión oportuna de los motivos de la detención, así como otras medidas que vulneraban normas internacionales.

Top of page

Policía y fuerzas de seguridad

En abril, agentes de la Real Policía Montada de Canadá de Prince George (Columbia Británica) usaron un arma Taser contra un niño de 11 años. La Real Policía Montada anunció en septiembre que los agentes implicados no serían castigados ni acusados formalmente.

En junio, el Servicio de Policía de Toronto dio a conocer una revisión interna sobre la actuación policial llevada a cabo durante la celebración de las cumbres del G-8 y el G-20 de 2010, en las que más de 1.000 personas fueron detenidas. Al finalizar 2011, aún continuaba la revisión civil independiente, a cargo de la Junta del Servicio de Policía de Toronto, sobre algunos aspectos de la operación policial. Los gobiernos provincial y federal rechazaron las peticiones de que se abriera una investigación pública.

Top of page

Justicia internacional

En octubre, el gobierno optó por no detener al ex presidente estadounidense George W. Bush cuando éste viajó a la Columbia Británica, pese a los claros indicios de que había sido responsable de delitos de derecho internacional, incluida la tortura.

Top of page