Canadá - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Canadá

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Canadá is now live »

Jefa del Estado
reina Isabel II, representada por Michaëlle Jean
Jefe del gobierno
Stephen Harper
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
33,6 millones
Esperanza de vida
80,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/6 por cada 1.000

Las autoridades canadienses no protegieron de forma satisfactoria los derechos de los pueblos indígenas. Siguieron suscitando preocupación las violaciones de derechos humanos relacionadas con leyes y prácticas sobre seguridad nacional, así como con actividades mineras fuera del territorio canadiense.

Información general

En febrero se evaluó el historial de Canadá sobre derechos humanos en virtud del mecanismo de examen periódico universal de la ONU. El gobierno federal rechazó la recomendación de que Canadá elaborara una estrategia nacional para la erradicación de la pobreza, argumentando que la puesta en marcha de una medida semejante era competencia de las provincias o territorios.

Derechos de los pueblos indígenas

Las autoridades no garantizaron el respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la hora de expedir permisos para el desarrollo de actividades mineras, petroleras y madereras y la extracción de otros recursos. El gobierno siguió afirmando sin fundamento que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no era aplicable en Canadá. En septiembre se inició en la Corte de Derechos Humanos de Canadá una vista sobre la infradotación de los servicios familiares e infantiles para las Primeras Naciones, respecto a los destinados a otras comunidades.

  • En el norte de Alberta siguió la extracción masiva de gas y petróleo sin el consentimiento de los lubicon cree, lo que impedía a éstos utilizar plenamente sus tierras tradicionales y agravaba su elevado grado de pobreza y sus precarias condiciones de salud.

Derechos de las mujeres

Las mujeres y niñas indígenas continuaron sufriendo un elevado nivel de violencia. La Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá siguió pidiendo la elaboración de un plan nacional integral para abordar la violencia y la discriminación subyacente que la fomentaba. El gobierno canadiense se comprometió de forma explícita a erradicar la violencia, pero no adoptó medidas para la puesta en marcha de dicho plan.

Seguridad y medidas antiterroristas

Se siguió negando a las personas sujetas al sistema del certificado de seguridad de inmigración el acceso a muchas de las pruebas presentadas contra ellas. En octubre y diciembre, la Corte Federal invalidó los certificados expedidos contra dos hombres.

En mayo, la Corte Suprema de Canadá no admitió a trámite un recurso de apelación relacionado con la política de las fuerzas armadas canadienses de entregar a las autoridades afganas a las personas detenidas durante operaciones militares efectuadas en Afganistán. En noviembre, el testimonio prestado por un diplomático canadiense ante una comisión parlamentaria suscitó una gran preocupación ante la posibilidad de que los altos mandos del ejército no estuvieran teniendo en cuenta el riesgo de tortura sufrido por los detenidos después de su entrega.

  • En agosto, la Corte Federal de Apelación confirmó una resolución judicial según la cual el gobierno canadiense debía solicitar la repatriación de Omar Khadr, ciudadano canadiense que permanecía recluido en Guantánamo desde que, en 2002, cuando tenía 15 años, fue capturado por fuerzas estadounidenses en Afganistán. La decisión fue recurrida ante la Corte Suprema de Canadá.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En febrero, la Corte Suprema de Canadá decidió no admitir a trámite un recurso de apelación relacionado con el acuerdo sobre terceros países seguros suscrito por Canadá y Estados Unidos, que negaba a los solicitantes de asilo que llegaban a Canadá atravesando Estados Unidos el acceso al sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado.

Policía y fuerzas de seguridad

En 2009, al menos una persona murió después de recibir la descarga de una pistola Taser de la policía, con lo que el número de muertes provocadas por estas armas desde 2003 se elevó al menos a 26.

En febrero, la Real Policía Montada de Canadá revisó su política sobre el empleo de pistolas Taser, limitando su uso a situaciones en las que existiera una “amenaza contra la seguridad pública o de un agente”.

En la Columbia Británica siguió la investigación pública sobre la muerte en 2007 de Robert Dziekanski tras recibir la descarga de una pistola Taser. El gobierno de la provincia aceptó todas las recomendaciones de un informe provisional emitido en julio por los responsables de la investigación, incluida la de modificar el umbral de amenaza a partir del cual la policía debía utilizar este tipo de armas, elevándolo del nivel de “resistencia activa” al de “provocación de daños físicos”.

En octubre, la Real Policía Montada de Canadá y otros cuerpos policiales de todo el país adoptaron directivas en las que se prohibía apuntar con una pistola Taser al pecho de una persona.

Pena de muerte

En marzo, la Corte Federal ordenó al gobierno que revocara su decisión de no solicitar el indulto de Ronald Smith, ciudadano canadiense condenado a muerte en 1983 en Estados Unidos.

Justicia internacional

En mayo, un tribunal de Quebec condenó al ciudadano ruandés Desiré Munyaneza a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En noviembre, el gobierno acusó formalmente a otro ciudadano ruandés, Jacques Mungwarere, de genocidio.

Rendición de cuentas de las empresas

La nueva estrategia sobre la responsabilidad social de las empresas anunciada en marzo por el gobierno no incluía requisitos legalmente vinculantes en materia de derechos humanos. Al finalizar el año estaban pendientes de aprobación leyes encaminadas al desarrollo de un marco de derechos humanos que regulara la actividad de las empresas canadienses que operaban fuera de su territorio en el sector del petróleo, el gas y la minería.

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