Canadá

Los pueblos indígenas que trataban de defender su derecho a la tierra siguieron encontrando grandes obstáculos. En el informe de una investigación sobre la intervención de funcionarios canadienses en la detención y tortura de personas en el extranjero se reveló que algunos funcionarios habían colaborado en violaciones de derechos humanos.

Derechos de los pueblos indígenas

Continuó suscitando preocupación que siguiera sin garantizarse la resolución rápida e imparcial de los conflictos en torno a la tierra y a los derechos de propiedad de los recursos naturales. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por el plan de construir un gaseoducto en tierras de Alberta que los lubicon cree seguían reclamando como suyas. La Comisión de Empresas Públicas de Alberta hizo caso omiso de estas inquietudes al aprobar el proyecto en octubre.

"Seis personas murieron durante el año después de que la policía les disparara con una Taser."

En septiembre, la Comisión de Derechos Humanos de Canadá ordenó que se investigara una queja sobre la disparidad de los fondos destinados a los organismos de protección de los niños indígenas.

El gobierno siguió afirmando que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no era aplicable en Canadá porque este país había votado en contra de su aprobación.

En Ontario avanzaba con lentitud la aplicación de las recomendaciones del informe publicado en 2007 por la Comisión de Investigación de Ipperwash sobre las circunstancias que rodearon el caso de Dudley George, indígena que murió en 1995 por disparos de la policía cuando participaba desarmado en unas protestas por el derecho a la tierra.

La Policía Provincial de Ontario hizo uso excesivo de la fuerza durante unas manifestaciones por el derecho a la tierra celebradas en el Territorio de Tyendinaga Mohawk y en sus alrededores en 2007 y 2008.

Derechos de las mujeres

En octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Canadá que «[adoptara] las medidas necesarias para corregir las deficiencias del sistema» en lo tocante a la investigación de los asesinatos y desapariciones de mujeres aborígenes. El Comité pidió también que se levantaran las restricciones impuestas a los fondos destinados a las labores de promoción, presión e investigación de las organizaciones de mujeres y que se creara un mecanismo de supervisión de las reclusas.

Seguridad y medidas antiterroristas

En febrero, tras una resolución adoptada en 2007 por la Corte Suprema de Canadá, el gobierno reformó el sistema del certificado de seguridad de inmigración, que aun así seguía siendo injusto. Cinco hombres sujetos a dicho sistema fueron puestos en libertad –en algunos casos con condiciones de libertad bajo fianza muy restrictivas– mientras continuaban los procedimientos judiciales que se seguían contra ellos. Uno de los hombres, Hassan Almrei, llevaba recluido desde octubre de 2001.

En marzo, la Corte Federal rechazó un recurso contra la práctica de poner bajo custodia de las autoridades afganas, con el elevado riesgo de tortura que ello entrañaba, a las personas detenidas durante las operaciones militares realizadas en Afganistán. La Corte Federal de Apelación confirmó esta decisión en diciembre.

En octubre se hizo público el informe de una comisión de investigación sobre la intervención de funcionarios de Canadá en los casos de tres ciudadanos canadienses –Abdullah Almalki, Ahmed el Maati y Muayyed Nureddin– detenidos y torturados en el extranjero. En el informe se indicaba que las acciones de los funcionarios canadienses habían contribuido de múltiples formas a violar los derechos de los tres detenidos.

El gobierno siguió negándose a intervenir ante las autoridades estadounidenses en favor de Omar Khadr, ciudadano canadiense detenido en Afganistán cuando tenía 15 años y recluido en Guantánamo desde hacía más de seis.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En junio, alegando defectos de procedimiento, la Corte Federal de Apelación invalidó una resolución adoptada en 2007 por la Corte Federal según la cual el acuerdo sobre terceros países seguros suscrito por Canadá y Estados Unidos vulneraba la Carta de Derechos y el derecho internacional.

Policía y fuerzas de seguridad

Se inició una investigación pública de ámbito provincial sobre la muerte en octubre de 2007, en el aeropuerto internacional de Vancouver, del ciudadano polaco Robert Dziekanski después de que agentes de la Real Policía Montada de Canadá le dispararan con pistolas Taser (armas de electrochoque). El Departamento de Quejas Públicas de este cuerpo emitió un informe en el que se pedía que se restringiera el uso de este tipo de armas. Seis personas murieron durante el año después de que la policía les disparara con una Taser.

Pena de muerte

En septiembre, la Corte Federal examinó una petición de Ronald Smith, ciudadano canadiense condenado en 1983 a la pena capital en el estado estadounidense de Montana. Ronald Smith impugnaba la nueva política del gobierno canadiense de no solicitar el indulto de ciudadanos canadienses condenados a muerte en países considerados democráticos y respetuosos con el Estado de derecho. Al finalizar el año, la Corte no había adoptado todavía una decisión.

Informes de Amnistía Internacional

Canada: Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review: Fourth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2009 (en inglés, 8 septiembre 2008)
La tierra y el modo de vida, amenazados. El pueblo indígena Lubicon Cree de Canadá (22 octubre 2008)
Canada: Unequal Rights: Ongoing concerns about Discrimination against Women in Canada (en inglés, 1 octubre 2008)