Canadá - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Canadá

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Canadá is now live »

Jefa del Estado : reina Isabel II, representada por Michaëlle Jean
Jefe del gobierno : Stephen Harper
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
Población : 32,9 millones
Esperanza de vida : 80,3 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 6/6 por cada 1.000

Se recibieron informes sobre personas que murieron después de que la policía las sometiera a descargas de armas de electrochoque. Los pueblos indígenas siguieron sufriendo discriminación. Persistió la preocupación en torno a la legislación antiterrorista y el trato dado a refugiados y solicitantes de asilo.

Discriminación: derechos de los pueblos indígenas

En el informe difundido en mayo sobre la investigación pública en torno a la muerte de Dudlley George, ocurrida en 1995 a manos de la policía, se esbozaba un plan para reforzar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Continuaron los conflictos en torno a la tierra y a los derechos de propiedad de los recursos naturales, y las autoridades siguieron sin garantizar una solución rápida e imparcial. Este hecho se reflejaba en la situación existente en Grassy Narrows, en el noroeste de Ontario, y en los problemas de los lubicon cree en el norte de Alberta.

El gobierno se negó a abordar las disparidades en la financiación de los distintos organismos para la protección de los indígenas menores de edad. En septiembre, Canadá votó en contra de la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y después precisó que no se aplicaría en el país.

«Guerra contra el terror»

En enero, Maher Arar, ciudadano canadiense entregado ilegalmente (en la práctica de las denominadas entregas extraordinarias) por Estados Unidos a Siria en 2002, recibió disculpas oficiales y una indemnización del gobierno. Sin embargo, no se aplicaron muchas de las recomendaciones del informe sobre la investigación pública realizada al efecto. Una investigación sobre la intervención de funcionarios de Canadá en los casos de tres ciudadanos canadienses –Abdullah Almalki, Ahmed el Maati y Muayyed Nureddin– detenidos y torturados en el extranjero, se vio empañada por un excesivo hermetismo.

En febrero, el Tribunal Supremo de Canadá resolvió que el sistema del certificado de seguridad de inmigración, utilizado por el gobierno federal para recluir y expulsar a personas nacidas en otros países que fueran sospechosas de delitos terroristas, suponía una violación de la Carta de Derechos, ya que, al retenerse un número considerable de pruebas, impedía a las personas afectadas la preparación de una defensa efectiva. En un proyecto de ley que proponía la creación de un defensor especial no se abordaba este motivo de preocupación.

En febrero, el Parlamento votó a favor de la no renovación de algunas disposiciones controvertidas de la Ley Antiterrorista. En octubre, el gobierno presentó un proyecto de ley en virtud del cual se restablecerían las disposiciones relativas a las detenciones preventivas y las vistas de investigación. El proyecto de ley estaba todavía pendiente de aprobación en el Parlamento al finalizar el año. 

En noviembre, el Tribunal Federal rechazó la solicitud del gobierno de archivar las acciones judiciales interpuestas por Amnistía Internacional y la Asociación de Libertades Civiles de la Columbia Británica en las que se impugnaba la práctica de transferir a la custodia afgana, con el elevado riesgo de tortura que ello entrañaba, a las personas detenidas durante las operaciones militares realizadas en Afganistán.

El gobierno canadiense se negó a intervenir en favor de Omar Khadr, detenido por las fuerzas estadounidenses en Afganistán cuando tenía 15 años y recluido en Guantánamo desde hacía más de cinco.

Violencia contra las mujeres

Las autoridades no establecieron un plan nacional para abordar la violencia y la discriminación sufridas por las mujeres indígenas ni adoptaron medidas para aplicar las recomendaciones –formuladas mucho tiempo atrás– sobre las mujeres encarceladas en prisiones federales. Siguieron restringiéndose los fondos destinados a las organizaciones de defensa de las mujeres, por lo que algunos grupos sufrieron escasez de recursos, y otros tuvieron que disolverse.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En noviembre, el Tribunal Federal resolvió que el acuerdo sobre «terceros países seguros» suscrito por Canadá y Estados Unidos violaba la Carta de Derechos y el derecho internacional. El gobierno recurrió la resolución. Al finalizar el año estaba pendiente de aprobación en el Parlamento un proyecto de ley que obligaría al gobierno a aplicar las disposiciones de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados de 2001 relativas a los recursos de apelación de los refugiados.

Policía y fuerzas de seguridad

Murieron al menos cuatro personas tras recibir descargas de pistolas Taser (armas de electrochoque) de la policía. En octubre, la muerte del ciudadano polaco Robert Dziekanski en el aeropuerto internacional de Vancouver después de que la policía le disparara por dos veces con unas pistolas de este tipo suscitó numerosos comentarios y la apertura de una investigación pública de ámbito provincial. 

Pena de muerte

En octubre, las autoridades abandonaron una política practicada desde hacía mucho tiempo, al afirmar que ya no pedirían el indulto de los ciudadanos canadienses condenados a muerte en países democráticos en los que imperara el Estado de derecho.

Informes de Amnistía Internacional

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